Manzur asume el Gobierno con blindaje financiero

No están confirmados la fecha ni el orden del día. Pero todo indica que la sesión “despedida” de la actual composición de la Legislatura -prevista para esta semana- tendrá por principal eje las finanzas de la Provincia.

Además del proyecto de ley del Presupuesto General para 2016, figuran en la carpeta de la comisión de Hacienda las prórrogas de una serie de normas destinadas a reforzar las cuentas del Gobierno provincial. Así, el gobernador electo Juan Manzur heredará las “herramientas” financieras del mandatario saliente, José Alperovich.

La que más dilatados debates generó en los últimos años en el recinto es la Ley de Emergencia Económica. “La intención es prorrogarla hasta 2017”, explicó el presidente de la comisión de Hacienda, el alperovichista Ramiro González Navarro. El principal efecto de esta norma es la inembargabilidad de los fondos de las cuentas de la Provincia, de los municipios y de las comunas. Así, Manzur tiene garantizado el “blindaje” del erario para los dos primeros años de su gestión.

Esta estrategia no fue aplicada solamente por el alperovichismo. En 1999, durante el gobierno de Julio Miranda, se sancionó por primera vez la Emergencia Económica para el Estado provincial (ley N° 6.987). La medida fue adoptada en consonancia con disposiciones del Gobierno nacional.

Según el artículo 1º de esa norma, el objetivo era “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. Fue renovada por última vez en 2014, y caduca a fin de año.

Si se concreta la prórroga, el “blindaje” seguirá siendo aplicable a las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.

Otros proyectos
González Navarro anticipó que otra norma a prorrogar será el Pacto Federal de Promoción de Empleo (N° 8.457). “Es una ley que rige, con modificaciones, desde 1993. El proyecto propone extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016”, indicó el presidente de la comisión de Hacienda.

Se mantendrá también la facultad de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para celebrar contratos de fideicomiso con municipios y comunas, hasta 2019 (ley N° 7.467).

Otras normas mantendrán su vigencia hasta ese año, cuando finalizará el mandato de Manzur.

Según González Navarro, se extenderá la ley N° 7.307, que habilita al PE “a suscribir convenios de financiamiento entre la Provincia y el Estado nacional dentro del programa de financiamiento ordenado”. Este régimen se viene aplicando desde 2004. En esta ocasión, se incluirán los ejercicios 2016-2019.

“También está contemplada la prórroga de la ley N° 7.007. Esta norma se refiere al 20% que se les pagaba en vales alimentarios (a los estatales), y que hoy es un adelanto en efectivo a los agentes que no están dentro del plazo de 10 años para acogerse a la jubilación”, destacó González Navarro. Además se debatirá la extensión de la ley N° 8.122, que faculta al PE a “instrumentar metodologías de registro que permitan imputar presupuestariamente los movimientos financieros mensuales originados en préstamos (...) como (así también) las devoluciones, por cualquier concepto, provenientes de cada municipio y/o comuna por el neto resultante de estos movimientos”.

En Salud: la Secretaría de Adicciones duplica sus recursos, y llega a $ 13,2 millones

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Provincia para 2016 tiene diversas partidas asignadas al sistema de Salud. En el reparto de fondos, la Secretaría de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- aparece en una categoría aparte. El año próximo, la repartición a cargo de Lucas Haurigot Posse manejará recursos por $ 13,2 millones. Esto implica más del doble de lo previsto en el Presupuesto 2015, de ejecución en curso, que es de $ 6,5 millones. El incremento más importante en esa área se da en el rubro “gastos en personal”, que pasará de $ 5,1 millones a $ 11,2 millones. Habrá además $ 600.000 para “bienes de consumo”, $ 1 millón para “servicios no personales” y $ 400.000 para “transferencias”.En paralelo, el Ministerio de Salud de la Provincia, cuyo futuro conductor aún es un misterio, contará con $ 6.141 millones para solventar el servicio. En las diferentes partidas no hay detalles sobre qué cantidad irá destinada a adicciones.

Fondos del Ejecutivo: la Secretaría General de la Gobernación contará con $ 326.000 diarios para subsidios

Los políticos suelen decir que el jefe del Poder Ejecutivo es quien debe decidir cómo estará conformado su gabinete. Así, con la llegada del gobernador electo Juan Manzur, podría haber cambios en el organigrama de la Casa de Gobierno. Una de las incertidumbres está en la Secretaría General de la Gobernación, hoy a cargo de Carolina Vargas Aignasse. La alperovichista fue electa concejal. Y las versiones en el oficialismo son que la repartición podría desaparecer (quizás para la creación de la Jefatura de Gabinete). Sin embargo, el proyecto de ley del Presupuesto General 2016 contempla esa oficina entre sus partidas. La Secretaría General de la Gobernación contará con recursos por $ 119 millones para entregar subsidios (no hay detalles sobre los eventuales beneficiarios). Así, el año próximo, el PE podrá otorgar un promedio de $ 326.000 diarios en ayudas económicas de uso discrecional. El monto significa un incremento de $ 14 millones con relación al Presupuesto 2015, de ejecución en curso. 

Recursos para Tribunales: la Justicia provincial, con 3.637 empleados en planta y un presupuesto de $ 1.960 millones

Después del PE, la Justicia provincial será la “pata” del Estado con más fondos en 2016: el Presupuesto General para el próximo período estima recursos por $ 1.960 millones para los tribunales tucumanos. La suma implica el 4,65% del total de la Provincia. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán manejará $ 1.066 millones, de los cuales $ 998 millones están destinados a “gastos de personal”, según el proyecto de ley del Presupuesto. Para el Centro Judicial de Concepción están contemplados $ 223 millones ($ 211,5 para personal) y para el de Monteros están previstos $ 24,2 millones ($ 21 millones para personal). La partida para la Justicia de Paz Lega alcanza los $ 130 millones. En tanto que los recursos para la Junta Electoral Provincial suman $ 49,5 millones. En ambos casos, los fondos para salarios implican la mayoría de los gastos. El Consejo Asesor de la Magistratura manejará $ 16,2 millones, y el Ministerio Público Fiscal, $ 378 millones. La Justicia tiene 3.637 agentes en la planta permanente, según el Presupuesto.

Una norma de 1990: como la ley de Riñas de Gallos sigue vigente, la actividad está reflejada en el Presupuesto

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Provincia para 2016 mantiene la partida para el “Fondo Riña de Gallos”, que llega a $ 600.000. Estos recursos están contemplados debido a la vigencia de la ley N° 6.048, sancionada en 1990, durante la gestión del fallecido gobernador peronista José Domato. “Autorízase en todo el territorio de la Provincia la realización de las denominadas riñas de gallos”, indica la norma. El organismo encargado de la aplicación de la ley es la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. “Los ingresos provenientes de los derechos de percepción de entradas para realizar y presenciar estas reuniones serán destinadas a entidades de beneficencia, deportivas y reequipamiento de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, y reequipamiento de la Policía provincial”, agrega el texto. Además, establece la prohibición de que los menores de 18 años presencien esos “espectáculos” y la venta de bebidas alcohólicas.