Por Marcelo Aguaysol
02 Septiembre 2015
Diez días vertiginosos. Pocas veces antes, los tucumanos nos hemos expuesto a semejante escenario. Gran parte de la población esperaba que las elecciones pasaran y chau campañas. La proliferación de candidatos ha sido obscena. Y muy pocos la objetaron antes de los comicios del domingo 23. Todos vaticinaron que conocer a los electos demandaría tiempo; pero no tanto. Denuncias de un sector y de otro de la política. Oficialismo y oposición no interpretaron lo que la población demanda: votar con tranquilidad y con respeto. Más allá de los resultados, algo ha cambiado en la vida de los tucumanos. La plaza Independencia se ha convertido en un diván donde distintos sectores hicieron catarsis.
Podrá decirse de un lado que la movilización se politizó, pero no podrá ignorar que gran parte de la masa de personas que salieron a la calle a decir “basta” era independiente; que se cansó de una manera de hacer política y de tanta exposición nacional e internacional para la provincia que los vio nacer; que los cobija y donde tienen sus raíces. La política no tomó nota de ello, de un fenómeno que será un punto de inflexión para lo que se viene.
Sea quien fuere el gobernador de los tucumanos, su gestión estará signada por el cuestionamiento a su legitimidad. En tiempos tormentosos como los que vivimos, los errores se potencian y los minutos que se dejan pasar pueden llegar a ser más importante que un año de gestión, dos, 10 o 12. La imagen de los caballos montados por policías a todo galope por el corazón de la ciudad, será imposible de borrar; como los saqueos de hace dos años o como las refriegas de la década de 1990 en tiempos de luchas callejeras entre municipales y la fuerza de seguridad de la gestión de Antonio Bussi. El mismo tiempo pondrá las cosas en su lugar y le asignará el lugar que le corresponde a cada uno de los actores políticos locales.
Todo fue raro en los últimos días. Desde el silencio prolongado de la presidenta Cristina Fernández (hace dos años ignoró la terrible tragedia tucumana de diciembre) sobre las denuncias opositoras y las defensas oficialistas; también por la incomodidad de los visitantes ilustres del Frente para la Victoria en una jornada que prometía fiesta y terminó con nervios y una tensionada adjudicación del triunfo en las urnas. Varios integrantes de la comitiva nacional pedían explicaciones sobre la quema de urnas. Pero sólo por la vía privada. También del otro lado, del Acuerdo para el Bicentenario, que denunció, denuncia y denunciará “fraude” electoral. De ese acuerdo electoral que puede mostrar como logro haber sentado en una misma mesa a aquellos que no se animaron a hacerlo para enfrentar al kirchnerismo; a los matices de oposición que -muy temprano- dejaron de hablar del caso Tucumán para poner sus ojos en el domingo 25 de octubre, como si la queja de los tucumanos sólo hubiese sido un disparador de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales.
No se tendieron lazos entre oficialistas y opositores para asumir culpas propias y ajenas sobre un proceso electoral que ha quedado expuesto no sólo a nivel nacional, sino internacional. Las prácticas clientelistas no tienen “copyright”, pero sí han sido masivas en las contiendas electorales pasadas. Se han masificado y se han aceptado como un mecanismo propio del proselitismo tucumano. Nadie ha medido en gastos de campaña para una de las elecciones más caras de la historia tucumana. Tal vez nunca sepamos, a ciencia cierta, cuánto gastó la dirigencia este año. Pero, si de proyecciones se trata, no sería menos de $ 400 millones en todos los matices, colores y acoples. La montaña de dinero movió voluntades, pero en esta ensalada electoral también hubo tucumanos que fueron a sufragar por una oferta determinada y se encontraron con un cuarto más oscuro de lo habitual, sin boletas de sus preferencias o con interminable cantidad de votos grises, como una guía telefónica.
La dirigencia política tucumana sufre de progeria. El proceso de envejecimiento prematuro se profundizó en estos últimos 10 días. Nadie tiene la certeza de lo que sucederá cuando se conozca el resultado definitivo de las elecciones del domingo 23, pero sí de que -sea quien fuere el nuevo gobernador- la próxima gestión llegará con un pecado original, con la legitimidad dañada y con una pesada mochila de culpas compartidas. Será muy difícil para el futuro mandatario tucumano reconciliarse con la sociedad. Dependerá del mensaje, además del plan de gobierno. No habrá muchos márgenes de negociación; la sociedad civil ha salido fortalecida de los últimos acontecimientos y querrá tener más protagonismo hacia el futuro.
Tal vez eso deba tomar en cuenta el futuro gobernador al momento de jurar “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, porque la demanda social será mayor. Sin duda alguna.
Podrá decirse de un lado que la movilización se politizó, pero no podrá ignorar que gran parte de la masa de personas que salieron a la calle a decir “basta” era independiente; que se cansó de una manera de hacer política y de tanta exposición nacional e internacional para la provincia que los vio nacer; que los cobija y donde tienen sus raíces. La política no tomó nota de ello, de un fenómeno que será un punto de inflexión para lo que se viene.
Sea quien fuere el gobernador de los tucumanos, su gestión estará signada por el cuestionamiento a su legitimidad. En tiempos tormentosos como los que vivimos, los errores se potencian y los minutos que se dejan pasar pueden llegar a ser más importante que un año de gestión, dos, 10 o 12. La imagen de los caballos montados por policías a todo galope por el corazón de la ciudad, será imposible de borrar; como los saqueos de hace dos años o como las refriegas de la década de 1990 en tiempos de luchas callejeras entre municipales y la fuerza de seguridad de la gestión de Antonio Bussi. El mismo tiempo pondrá las cosas en su lugar y le asignará el lugar que le corresponde a cada uno de los actores políticos locales.
Todo fue raro en los últimos días. Desde el silencio prolongado de la presidenta Cristina Fernández (hace dos años ignoró la terrible tragedia tucumana de diciembre) sobre las denuncias opositoras y las defensas oficialistas; también por la incomodidad de los visitantes ilustres del Frente para la Victoria en una jornada que prometía fiesta y terminó con nervios y una tensionada adjudicación del triunfo en las urnas. Varios integrantes de la comitiva nacional pedían explicaciones sobre la quema de urnas. Pero sólo por la vía privada. También del otro lado, del Acuerdo para el Bicentenario, que denunció, denuncia y denunciará “fraude” electoral. De ese acuerdo electoral que puede mostrar como logro haber sentado en una misma mesa a aquellos que no se animaron a hacerlo para enfrentar al kirchnerismo; a los matices de oposición que -muy temprano- dejaron de hablar del caso Tucumán para poner sus ojos en el domingo 25 de octubre, como si la queja de los tucumanos sólo hubiese sido un disparador de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales.
No se tendieron lazos entre oficialistas y opositores para asumir culpas propias y ajenas sobre un proceso electoral que ha quedado expuesto no sólo a nivel nacional, sino internacional. Las prácticas clientelistas no tienen “copyright”, pero sí han sido masivas en las contiendas electorales pasadas. Se han masificado y se han aceptado como un mecanismo propio del proselitismo tucumano. Nadie ha medido en gastos de campaña para una de las elecciones más caras de la historia tucumana. Tal vez nunca sepamos, a ciencia cierta, cuánto gastó la dirigencia este año. Pero, si de proyecciones se trata, no sería menos de $ 400 millones en todos los matices, colores y acoples. La montaña de dinero movió voluntades, pero en esta ensalada electoral también hubo tucumanos que fueron a sufragar por una oferta determinada y se encontraron con un cuarto más oscuro de lo habitual, sin boletas de sus preferencias o con interminable cantidad de votos grises, como una guía telefónica.
La dirigencia política tucumana sufre de progeria. El proceso de envejecimiento prematuro se profundizó en estos últimos 10 días. Nadie tiene la certeza de lo que sucederá cuando se conozca el resultado definitivo de las elecciones del domingo 23, pero sí de que -sea quien fuere el nuevo gobernador- la próxima gestión llegará con un pecado original, con la legitimidad dañada y con una pesada mochila de culpas compartidas. Será muy difícil para el futuro mandatario tucumano reconciliarse con la sociedad. Dependerá del mensaje, además del plan de gobierno. No habrá muchos márgenes de negociación; la sociedad civil ha salido fortalecida de los últimos acontecimientos y querrá tener más protagonismo hacia el futuro.
Tal vez eso deba tomar en cuenta el futuro gobernador al momento de jurar “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, porque la demanda social será mayor. Sin duda alguna.
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