30 Agosto 2015
Por Vicente Massot
PARA LA GACETA - BUENOS AIRES
Cuatro meses después de su primera sesión en Tucumán y apenas 60 días más tarde del nombramiento de Pueyrredón, el 9 de julio los representantes de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chichas, Charcas, La Rioja, Jujuy, Salta, San Juan, Mizque, Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero expresaron la “… voluntad unánime de estas provincias (de) romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.
A semejanza del documento que declaró la independencia de las colonias norteamericanas, el de Tucumán ponía punto final a la relación de siglos con la corona castellana. Las injurias y usurpaciones que en Filadelfia se cargaron en la cuenta de Jorge III aquí se enderezaron en contra de Fernando VII. Atrás quedaba la distinción, enarbolada en los orígenes de ambas rebeldías, entre el buen rey y los malos ministros.
La consecuencia inevitable fue la disolución de todo lazo de dominio no ya respecto de un determinado monarca sino de cualquiera otra potencia extranjera.
La unidad política que se buscaba consolidar, en clave de nación, nacía de una decisión tomada, tan solo, por doce provincias que, sin perjuicio de ello, abrigaban la esperanza de convertirse en la punta de lanza de unas futuras Provincias Unidas de Sudamérica.
No es casualidad, ni mucho menos, que en atención a este anhelo subcontinental el Redactor del Congreso decidiese hacer de lado la mención de lo rioplatense –a cuyo conjuro había sido convocado el Congreso en sus orígenes- e introdujese, y no de rondón precisamente, el tema sudamericano. La fórmula que reza en el acta del 9 de julio no deja lugar a dudas del alcance que quisieron darle a la declaración unos representantes que ni siquiera lo eran de todas las provincias del viejo virreinato y, no obstante, se otorgaban a sí mismos la potestad de hablar en calidad de portavoces de medio continente.
Si el anhelo, dado el curso de los acontecimientos, sonaba fantasioso, ello no quita que esos fueran los ideales prevalecientes en la ciudad de Tucumán, los de buena parte de la elite revolucionaria y, por supuesto, los de la Logia gobernante. No significaba que la apuesta a semejante unidad fuese reputada como condición necesaria de la independencia. Pero latía en el ánimo de todos la idea de poner coto a los intentos autonómicos de origen federal y la de conformar un país que excediese los límites virreinales. En las instrucciones que el flamante Director Supremo le envió a San Martín antes de cruzar los Andes, el citado propósito resulta categórico: “… en el establecimiento del gobierno supremo del país (se refiere al trasandino) procurará hacer valer su influjo y persuasión para que envíe Chile su diputado al Congreso General de las Provincias Unidas, a fin de que se constituya una forma de gobierno general que de toda la América Unida en identidad de causas, intereses y objeto, constituya una sola nación; pero sobre todo se esforzará para que se establezca un gobierno análogo al que entonces hubiese constituido nuestro Congreso…” (1)
Aunque su representatividad resultase incompleta, básicamente por la ausencia de los estados artiguistas, los timbres de legitimidad de los diputados que a Tucumán, -luego de haber sido electos como correspondía- enviaron los pueblos, no admitían sospechas. Los problemas, en todo caso, no surgieron por una cuestión de títulos ni tampoco por disentir los allí presentes sobre la mejor forma de gobierno. Alrededor de tema tan polémico lo curioso resultó que, existiendo una mayoría con inequívocas preferencias monárquicas, finalmente no se hubieran puesto de acuerdo a los efectos de establecer un sistema de ese tipo. El diputado porteño Antonio Saenz le confesaba a la Junta Electoral de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1817, lo siguiente: “No fue difícil reunir, en Tucumán, la generalidad de dictámenes a favor de la monarquía constitucional como la más adecuada a la naturaleza y necesidad del país, y la más propia para acabar con la anarquía” (2). Casi todas las miradas y las preferencias decantaban naturalmente hacia el mantenimiento del vínculo monárquico que, despojado de sus consonantes españolas, nada tenía de estrambótico o de imitativo. No se trataba de copiar experimentos foráneos, aun no conocidos en el Río de la Plata, sino de continuar una tradición de siglos.
El desencanto con los extravíos y fracasos revolucionarios, la incapacidad de construir un Estado y la sombra amenazante de la contrarrevolución europea, eran argumentos de peso que ninguno de los protagonistas políticos de ese momento echaron en saco roto. Si el único representante verdaderamente republicano en el seno del Congreso –de acuerdo a la autorizada opinión de Pérez Guilhou- fue Don Jaime Zudañes, venido de la ciudad de La Plata, que no estuvo presente en Tucumán y recién se incorporó a esa Asamblea cuando sesionaba en Buenos Aires, no hay motivo para considerar al resto como un conjunto de lunáticos.
Es preciso tener en cuenta que de todas las variantes ideológicas entonces en boga, ninguna de ellas desentonaba del liberalismo en sentido amplio. No era una cuestión de moda intelectual ni una imantación con las corrientes nacidas del vientre de la Revolución americana y, posteriormente, de la Francesa. Si la Independencia nació al amparo de la Revolución, era lógico que llevara la impronta de esta respecto de las ideas de libertad, igualdad, separación de poderes, constitución escrita y derechos y garantías de los ciudadanos. Nadie pensaba en una monarquía absoluta ni en una república jacobina. Se podría decir que toda la atmósfera de la época estaba impregnada de constitucionalismo.
© LA GACETA
Vicente Massot - Politólogo y ensayista. Director del diario La Nueva. Este artículo formará parte de Los claroscuros de la Independencia, libro que se editará en 2016.
NOTAS:
1) A. J. Pérez Amuchástegui y otros, Contenidos Americanos de la Declaración de la Independencia. IV Congreso Internacional de Historia de América. Buenos Aires, 1966, Tomo III. Págs 87 a 99.
2) Dardo Pérez Guilhou, Las Ideas Monárquicas en el Congreso de Tucumán, Buenos Aires, 1966, Ediciones Depalma, pág 94.
PARA LA GACETA - BUENOS AIRES
Cuatro meses después de su primera sesión en Tucumán y apenas 60 días más tarde del nombramiento de Pueyrredón, el 9 de julio los representantes de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chichas, Charcas, La Rioja, Jujuy, Salta, San Juan, Mizque, Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero expresaron la “… voluntad unánime de estas provincias (de) romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.
A semejanza del documento que declaró la independencia de las colonias norteamericanas, el de Tucumán ponía punto final a la relación de siglos con la corona castellana. Las injurias y usurpaciones que en Filadelfia se cargaron en la cuenta de Jorge III aquí se enderezaron en contra de Fernando VII. Atrás quedaba la distinción, enarbolada en los orígenes de ambas rebeldías, entre el buen rey y los malos ministros.
La consecuencia inevitable fue la disolución de todo lazo de dominio no ya respecto de un determinado monarca sino de cualquiera otra potencia extranjera.
La unidad política que se buscaba consolidar, en clave de nación, nacía de una decisión tomada, tan solo, por doce provincias que, sin perjuicio de ello, abrigaban la esperanza de convertirse en la punta de lanza de unas futuras Provincias Unidas de Sudamérica.
No es casualidad, ni mucho menos, que en atención a este anhelo subcontinental el Redactor del Congreso decidiese hacer de lado la mención de lo rioplatense –a cuyo conjuro había sido convocado el Congreso en sus orígenes- e introdujese, y no de rondón precisamente, el tema sudamericano. La fórmula que reza en el acta del 9 de julio no deja lugar a dudas del alcance que quisieron darle a la declaración unos representantes que ni siquiera lo eran de todas las provincias del viejo virreinato y, no obstante, se otorgaban a sí mismos la potestad de hablar en calidad de portavoces de medio continente.
Si el anhelo, dado el curso de los acontecimientos, sonaba fantasioso, ello no quita que esos fueran los ideales prevalecientes en la ciudad de Tucumán, los de buena parte de la elite revolucionaria y, por supuesto, los de la Logia gobernante. No significaba que la apuesta a semejante unidad fuese reputada como condición necesaria de la independencia. Pero latía en el ánimo de todos la idea de poner coto a los intentos autonómicos de origen federal y la de conformar un país que excediese los límites virreinales. En las instrucciones que el flamante Director Supremo le envió a San Martín antes de cruzar los Andes, el citado propósito resulta categórico: “… en el establecimiento del gobierno supremo del país (se refiere al trasandino) procurará hacer valer su influjo y persuasión para que envíe Chile su diputado al Congreso General de las Provincias Unidas, a fin de que se constituya una forma de gobierno general que de toda la América Unida en identidad de causas, intereses y objeto, constituya una sola nación; pero sobre todo se esforzará para que se establezca un gobierno análogo al que entonces hubiese constituido nuestro Congreso…” (1)
Aunque su representatividad resultase incompleta, básicamente por la ausencia de los estados artiguistas, los timbres de legitimidad de los diputados que a Tucumán, -luego de haber sido electos como correspondía- enviaron los pueblos, no admitían sospechas. Los problemas, en todo caso, no surgieron por una cuestión de títulos ni tampoco por disentir los allí presentes sobre la mejor forma de gobierno. Alrededor de tema tan polémico lo curioso resultó que, existiendo una mayoría con inequívocas preferencias monárquicas, finalmente no se hubieran puesto de acuerdo a los efectos de establecer un sistema de ese tipo. El diputado porteño Antonio Saenz le confesaba a la Junta Electoral de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1817, lo siguiente: “No fue difícil reunir, en Tucumán, la generalidad de dictámenes a favor de la monarquía constitucional como la más adecuada a la naturaleza y necesidad del país, y la más propia para acabar con la anarquía” (2). Casi todas las miradas y las preferencias decantaban naturalmente hacia el mantenimiento del vínculo monárquico que, despojado de sus consonantes españolas, nada tenía de estrambótico o de imitativo. No se trataba de copiar experimentos foráneos, aun no conocidos en el Río de la Plata, sino de continuar una tradición de siglos.
El desencanto con los extravíos y fracasos revolucionarios, la incapacidad de construir un Estado y la sombra amenazante de la contrarrevolución europea, eran argumentos de peso que ninguno de los protagonistas políticos de ese momento echaron en saco roto. Si el único representante verdaderamente republicano en el seno del Congreso –de acuerdo a la autorizada opinión de Pérez Guilhou- fue Don Jaime Zudañes, venido de la ciudad de La Plata, que no estuvo presente en Tucumán y recién se incorporó a esa Asamblea cuando sesionaba en Buenos Aires, no hay motivo para considerar al resto como un conjunto de lunáticos.
Es preciso tener en cuenta que de todas las variantes ideológicas entonces en boga, ninguna de ellas desentonaba del liberalismo en sentido amplio. No era una cuestión de moda intelectual ni una imantación con las corrientes nacidas del vientre de la Revolución americana y, posteriormente, de la Francesa. Si la Independencia nació al amparo de la Revolución, era lógico que llevara la impronta de esta respecto de las ideas de libertad, igualdad, separación de poderes, constitución escrita y derechos y garantías de los ciudadanos. Nadie pensaba en una monarquía absoluta ni en una república jacobina. Se podría decir que toda la atmósfera de la época estaba impregnada de constitucionalismo.
© LA GACETA
Vicente Massot - Politólogo y ensayista. Director del diario La Nueva. Este artículo formará parte de Los claroscuros de la Independencia, libro que se editará en 2016.
NOTAS:
1) A. J. Pérez Amuchástegui y otros, Contenidos Americanos de la Declaración de la Independencia. IV Congreso Internacional de Historia de América. Buenos Aires, 1966, Tomo III. Págs 87 a 99.
2) Dardo Pérez Guilhou, Las Ideas Monárquicas en el Congreso de Tucumán, Buenos Aires, 1966, Ediciones Depalma, pág 94.
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