Internet, entre la censura y los militantes del odio

01 Ago 2015 Por Federico Türpe
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El kirchnerismo está probando su propia medicina y al parecer no le gusta porque está poniendo cara de asco.

Lo que viene siendo un problema para la sociedad en general, y para los medios y periodistas en particular, desde hace muchos años, lo está siendo para el gobierno durante el último tiempo: los comentarios de “la gente” en internet.

Los medios de comunicación de todo el mundo, junto a las redes sociales, los buscadores, los sitios de videos y blogs, entre otras plataformas digitales, vienen batallando a capa y espada desde el advenimiento de la llamada web 2.0 (cuando internet empieza a ser interactiva) para evitar excesos, insultos, calumnias e injurias, demandas y juicios a causa de las opiniones y otros contenidos, en su mayoría anónimos, que se vierten en los foros de los diarios, Twitter, Facebook, YouTube y miles de sitios y aplicaciones que permiten la participación de los usuarios.

En 2008, durante el conflicto con el campo, desde el gobierno se orquestó un ejército de operadores digitales, conocidos como “blogueros K” o “ciber K”, para atacar, insultar y desacreditar a todas las voces críticas hacia la gestión kirchnerista.

En su momento de mayor apogeo, estos terroristas mediáticos llegaron a ser miles, muchos de los cuales estaban rentados con fondos públicos, según denunciaron varios de ellos más adelante, tras abandonar las filas del oficialismo. En aquel entonces se organizaron encuentros y seminarios “ciber K” en distintas ciudades argentinas (en Tucumán hubo al menos dos importantes), donde los cibermilitantes intercambiaban experiencias, estrategias y coordinaban ataques contra figuras de la oposición, medios críticos, periodistas no alineados o actores sociales relevantes que no suscribían a la “revolución nacional y popular” importada desde la Patagonia.

Allí se reeditaron viejos términos que parecían superados, como golpista, desestabilizador, cipayo, oligarca y demás muletillas extemporáneas, que muchas veces fueron como un escupitajo hacia arriba, porque terminaban impactando en la humanidad de los propios caciques del kirchnerismo.

El resultado más importante que produjo esta avanzada de odio y resentimiento digital fue la creación, casi por un principio lógico de acción-reacción, de otro grupo de fanáticos descontrolados: los anti K. Comenzaron a surgir miles de cuentas en las redes sociales y foros, también la mayoría anónimas, para descargar su odio desaforado contra todo lo que diga o haga el gobierno. Acuñaron términos como yegua, potra, militonto, KK, planero, entre otras expresiones más groseras y lascivas. Era el comienzo de la denominada “grieta”, con la autoridad más importante del país como principal promotora, desde la crispación de las cadenas nacionales, los mensajes en Twitter y los posteos en Facebook, los tres principales canales de comunicación que utiliza la presidencia.

A medida que se acerca el ocaso inevitable del kirchnerismo, que como todos los personalismos nace con fecha de vencimiento, la cibermilitancia oficialista inició su dispersión, en parte por las propias internas del gobierno de cara a las elecciones, y en parte porque muchos empezaron a reacomodarse ante el inminente fin de ciclo.

Esto modificó la distribución de fuerzas en la batalla del ciber odio, y el kirchnerismo pasó de una clara supremacía en 2011 a una evidente desventaja en la actualidad, siempre en el plano de la cibermilitancia.

Quizás fue esto lo que impulsó un apresurado y a las claras electoralista proyecto de ley para censurar, restringir y controlar los comentarios en internet, promovido por los diputados kirchneristas Diana Conti, Andrés Larroque y Carlos Heller, entre otros.

Por eso decíamos que el gobierno está probando su propia medicina.

El proyecto ya cuenta con sanción favorable en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, aunque en realidad es una actualización de la ley antidiscriminación aprobada en 1988.

La iniciativa, que prevé penas de cárcel de un mes a tres años, disparó inmediatamente la polémica, principalmente porque les impone a los administradores de los medios on line que adopten “las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios”.

El concepto de “contenido discriminatorio” es tan amplio que su aplicación daría lugar a todo tipo de arbitrariedades y compulsas de intereses políticos, económicos y particulares.

Esto motivó la negativa de una decena de organizaciones, que van desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), hasta el kirchnerista Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que preside Horacio Verbitsky.

Además de la dificultad para consensuar de qué hablamos cuando hablamos de discriminación (el proyecto debería ser bastante más específico), las oposiciones surgen en torno de que se estaría atentando contra la libertad de expresión y promoviendo la censura previa.

Asunto que, por otro lado, viene motivando la intervención de la Freedom House, ONG que vela por la libertad de expresión y los derechos humanos en todo el mundo, la que el miércoles pasado expresó su preocupación por la situación de la prensa independiente en el país. “En la Argentina, desde 2008, los periodistas y dueños de los medios han sido demonizados, perseguidos y amenazados, y la relación entre el gobierno y los medios de prensa críticos continúa siendo tensa”, expresó Carlos Ponce, director para América Latina de Freedom House. “El gobierno ha optado por una estrategia de dos vías para controlar a la prensa crítica: primero, a través de la adopción de una ley de medios apuntada a socavar la libertad de prensa a través de la destrucción de los medios de comunicación más populares, y perpetrando ataques directos contra cualquier periodista que critique al gobierno o investigue la corrupción”, agregó Ponce. “La segunda vía para acorralar al periodismo independiente es a través de los capitalistas amigos del gobierno que, junto con los medios que son propiedad del Estado, crearon un conglomerado de medios amigo del Gobierno. El caso más notorio es Sergio Szpolski, un magnate de los medios que ahora se postula como uno de los candidatos de la Presidenta para ser intendente en la provincia de Buenos Aires”, expresó Ponce, ante el comité de Asuntos Extranjeros del Congreso de EEUU.

Ya existe jurisprudencia en el país, desde sentencias provinciales hasta un fallo de la Corte Suprema, que limita la responsabilidad de los medios o intermediarios en el contenido que generan los usuarios. Esta ley sería un retroceso en ese sentido, ya que obligaría a los medios a multiplicar sus recursos para controlar los comentarios y, en muchos casos, su aplicación sería inviable, sobre todo en medios más chicos, por lo que estarían forzados a eliminar directamente las opiniones de sus plataformas on line.

Otro tema es el anonimato, que tiene tantos defensores como detractores. En pocas palabras, porque hay ríos de tinta sobre la materia, los que apoyan el anonimato en los foros sostienen que en democracias precarias como la nuestra es un reaseguro para las personas que denuncian a sectores poderosos. Un ejemplo es el canal de WhatsApp de LA GACETA, donde si la denuncia no fuera anónima (en su publicación, no en su recepción) muchos desistirían de realizarla.

Los que se oponen al anonimato argumentan que no revelar la identidad es el primer acto de censura contra los lectores, impedidos de saber desde dónde se opina o se critica, y que además facilita las operaciones sucias, orquestadas en general desde sectores poderosos porque son los que cuentan con más recursos para hacerlo.

Este asunto que preocupa casualmente en tiempos de campaña al kirchnerismo, es materia de serios estudios en los medios más importantes de todo el mundo desde hace más de una década. Encontrar una solución que conforme a todos es muy complejo, y prueba de ello es que ningún medio ha podido aún encontrar un sistema óptimo. La libertad para opinar, incluso desde el anonimato, está casi en la génesis de internet, pero al mismo tiempo está causando un enorme daño a personas e instituciones.

Más que incrementar la represión, como propone este proyecto de ley, quizás debamos aumentar la educación e invertir muchos pero muchos más recursos en promover el diálogo con respeto, las denuncias con pruebas, desalentar la viralización de contenidos calumniantes e injuriosos. En definitiva, enseñar que las redes sociales y los foros no son la mesa de un bar o el baño de la casa, sino que son espacios públicos donde el comportamiento, el decir y el hacer, debe equipararse al que tenemos en la escuela, en la universidad o en el trabajo. Es la única manera de ganarle la guerra a los cibermilitantes del odio y la violencia.

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