La Corte Suprema ordenó la creación de un registro de femicidios de la Justicia Argentina

1- Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

“Hay que poner el énfasis en la prevención, como ser la implementación en todo el país de un programa de educación sexual integral. Hay que remover los estereotipos de género que ponen a la mujer en un lugar de objeto, propiedad y deseo del varón. Todo esto se logra a través de políticas públicas y para eso es necesario dinero. Se tiene que designar presupuesto y cumplir con el Plan Nacional que marca la ley”, sostuvo la abogada Laura Casas, del comité académico del Observatorio de Género y Diversidad de la UNT.

2- Recopilación, apertura y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicido.

Después de la masiva movilización del miércoles, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, convocó a las autoridades de los Superiores Tribunales y Cortes Provinciales y a las Cámaras Federales correspondientes, a colaborar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia argentina. Para ello, la Corte creó un sistema on line donde se irán cargando los datos. Se espera contar con esos resultados antes de fin de año.

3- Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección.

En la Corte Suprema de Justicia de Tucumán funciona una OVD desde 2010. Allí las víctimas reciben un asesoramiento integral acerca de las alternativas que tienen a su alcance. “Es una oficina prejudicial que intenta crear un ambiente de contención, de mucho respeto, de privacidad y de confidencialidad”, explicó a este diario la licenciada en Psicología Marta Palazzo, a cargo de la OVD. Allí reciben un promedio de 13 consultas diarias.

4- Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.

“La principal garantía que deben tener las víctimas de violencia es que se tomen en el acto las medidas cautelares de no acercamiento. También necesitan albergues o lugares a donde ir para no tener que volver al lugar donde está el victimario y el Estado lo tiene que garantizar”, advirtió Laura Casas. Respecto al monitoreo electrónico, la abogada consideró que las pulseras pueden ser una salida para controlar el no acercamiento. “Se ha comprobado que de alguna manera los agresores violan las restricciones de acercamiento”, alertó.

5- Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a cargo de la abogada María Laura Ciolli, se encarga de realizar talleres y capacitaciones sobre género. Son destinados a magistrados, funcionarios y empleados de los tres centros del Poder Judicial (capital, Concepción y Monteros), a la Policía, a instituciones del Estado y a la comunidad.

6- Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.

Esta es otra de las tareas que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Además, la ministra de Educación señaló que se realizan reuniones y talleres con jóvenes, mujeres y legisladores. El objetivo es “ayudar en la promoción de la aplicación de la ley, más el conocimiento, la formación y la prevención de este tipo de agresión”.

7- Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.

La ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés de Temkin, explicó que no se aplica completamente la ley de educación sexual integral. “Hay sectores privados a los que les cuesta mucho más aplicarla por la línea ideológica que tienen”, planteó. “También se generó mucha resistencia en algunas escuelas, hay organismos que no quieren que se toquen estos temas”, aseguró.

8- Creación de más hogares o refugios de emergencia, hogares de día para las víctimas y un subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.

Este es uno de los reclamos que se vienen realizando desde hace un tiempo por parte de la Casa de las Mujeres Norma Nassif. “Hay sólo 100 casas refugios en todo el país y en Tucumán no hay ni una porque no hay una decisión política. No creemos que el tema se vaya a resolver con un refugio, pero sí le vamos a salvar la vida a esa mujer desesperada que no tiene a dónde ir”, expresó su representante, Vicky Disatnik.

9- Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.

El defensor de Menores Silvio Maza Villalba recordó que la Ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) prevé la existencia de un abogado del niño cuando este lo requiera. “En Tucumán no está todavía el abogado del niño porque no se reglamentó la ley en este sentido”, explicó. Además, Maza Villlalba consideró necesario también “delimitar cuáles son los intereses del niño y cuáles son los de la progenitora. Si ella tiene inconvenientes en la relación matrimonial, a veces esos inconvenientes no alcanzan al chico”.