Por Miguel Velardez
22 Abril 2015
ATRAPADO. A diferencia de la semana anterior, el cura Ilarraz no pudo evitar a los periodistas que lo esperaban. la gaceta / foto de miguel velardez (enviado especial)
La gran incógnita era saber si el cura Justo José Ilarraz iba a evitar a los fotógrafos para no ser retratado. Hace una semana (el lunes 13), logró eludir a los periodistas. Como un experto escapista dejó a todos esperando en la puerta principal de tribunales. El edificio es una mole de cemento y vidrio, que ocupa la cuarta parte de una manzana, ubicada frente a la Casa de Gobierno, en calle Laprida al 200.
Aquella vez, Ilarraz llegó en un auto particular que se detuvo en la playa de estacionamiento. Los periodistas lo esperaban en el acceso al edificio. Para ayudar a distraer aún más a los fotógrafos y reporteros, en ese momento, el abogado defensor Juan Ángel Fornerón comenzaba una rueda de prensa, mientras Ilarraz entraba por una puerta trasera sin que nadie lo notara.
Pero ayer, tanto los periodistas como los fotógrafos estaban más alertas e intentaban cubrir los cuatro puntos de acceso. La cita era a las 16. Dos horas antes ya había fotógrafos montando guardia.
Los cuatro accesos tenían entre seis y ocho policías en posición de custodia, con chalecos azules e intercomunicados. Exactamente a las 16, alguien gritó “ahí viene”. Un auto particular con cuatro personas a bordo se frenó en la puerta misma del edificio. El cura llegó en el asiento trasero izquierdo, detrás del conductor del vehículo. En un segundo, Ilarraz abrió la puerta y caminó apresurado en dirección a la guardia policial.
Rodeado por un enjambre de fotógrafos y camarógrafos, el religioso se abrió paso junto a sus dos abogados, Forneron (por Entre Ríos) y Jorge Muñoz (por Tucumán). Los otros dos acompañantes del auto eran hermanos del sacerdote.
Los flashes iluminaban el pasillo de tribunales. Los micrófonos apuntaban al cura. Los periodistas lanzaban preguntas en medio de empujones. Ilarraz avanzaba sin responder ni media palabra.
Un policía lo llevaba del brazo para indicarle el camino. Entró a la oficina de Medicina Forense, donde le hicieron una revisación médica de rigor, como a cualquier imputado antes de una indagatoria. La puerta se cerró en las narices de los fotógrafos y se quedaron expectantes en el pasillo. Unos 15 minutos después, Ilarraz salió por otra puerta, tomado del brazo por el mismo policía, hacia el despacho de la jueza Susana María Paola Firpo.
A esa oficina entraron los abogados defensores y dos agentes de policía con un maletín. Después, también llegaron Rosario Romero y Marcos Rodríguez Allende (querellantes) y el fiscal del caso, Juan Francisco Ramírez Monroy.
Al cabo de media hora, los dos agentes salieron del despacho con el maletín. Ellos se habían encargado de pintarle los dedos al sacerdote y dejar registradas sus huellas dactilares.
Los familiares de Ilarraz aguardaban afuera del despacho, sentados en un extremo del pasillo y bastante alejados de los periodistas. Hablaban entre ellos en voz baja y, cada tanto, miraban a la distancia los movimientos de los fotógrafos. Ilarraz llevaba más de 20 minutos en la oficina de la jueza, cuando en la vereda de tribunales, se instaló un grupo de protesta. Era una docena de jóvenes mujeres que portaban carteles con insultos al cura y pedidos de justicia. Pasadas las 18, después de dos horas y cuarto, los policías comenzaron a tomar -otra vez- ubicación en los accesos y salidas, mientras las mujeres se hacían oír con cánticos contra el sacerdote y la Iglesia católica. “Se oponen al aborto los curas abusadores”, gritaban.
Dentro del edificio, la jueza Firpo explicó que Ilarraz es un imputado que, por recomendación de sus abogados, se abstuvo de prestar declaración. Explicó que las partes tendrán 10 días para solicitar medidas (ampliación de indagatoria, entre otras). Precisó que no dictó orden de detención, porque no hay riesgo de fuga; pero aclaró que se mantiene sobre el sacerdote la prohibición de salir del país. Detalló que el cura fijó domicilio legal en Tucumán y que cuando se sentó en su despacho, el sacerdote insistió en su defensa, pero -de inmediato- los abogados le recordaron que no debía prestar declaración indagatoria.
Al salir de la audiencia, la querellante Rosario Romero habló de Ilarraz. “Lo vi dispuesto a seguir guardando silencio y lo vi haciendo un esfuerzo por no parecer nervioso, pero a mi modo de ver él estaba nervioso”, explicó.
El cura Ilarraz ejerció como prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, donde asistían los adolescentes que cursaban el ciclo básico de la secundaria. Fue acusado de abuso sexual entre 1985 y 1993 (los siete denunciantes eran adolescentes en aquel tiempo). La causa fue caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.
La defensa del sacerdote insistió en que ha pasado tanto tiempo que los delitos por los que se acusa al sacerdote han prescripto. Sin embargo, ese planteo está pendiente de resolución en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que integran Claudia Mizawak, Carlos Chiara Diaz y Daniel Carubia. Ese tribunal convocó a las partes para el próximo lunes (27 de este mes) a fin de dar a conocer la resolución.
Las demandas contra Ilarraz se conocieron en 1995 a partir de la denuncia de dos supuestas víctimas. Después se sumaron los otros cinco. En ese momento, las autoridades eclesiásticas decidieron enviar a Ilarraz a Roma, donde debía cursar la Licenciatura en Misionología. A su regreso, la Iglesia le prohibió permanecer en el territorio de Paraná y tener contacto con los seminaristas. Se alejó del sacerdocio y se radicó en Buenos Aires hasta que, en 2004, pudo regresar a la órbita de la Iglesia, pero bajo la jurisdicción de la diocésis de Concepción, en Tucumán.
Comenzó a oficiar la misa en la ciudad de Monteros. En septiembre de 2012, las denuncias ingresaron en la justicia ordinaria de Paraná y fue suspendido en su rol de cura. Desde que estalló el escándalo, Ilarraz se había mantenido oculto. Sólo se conocía su rostro por fotos que se habían subido a la cuenta de Facebook de la iglesia de Monteros.
Ayer, no tuvo más opción que presentarse -por primera vez- ante la jueza. Se negó a declarar, en ejercicio de su derecho, pero no pudo evitar los flashes de los fotógrafos. El nuevo round se dirimirá el lunes: prescripción o avance de la investigación.
Aquella vez, Ilarraz llegó en un auto particular que se detuvo en la playa de estacionamiento. Los periodistas lo esperaban en el acceso al edificio. Para ayudar a distraer aún más a los fotógrafos y reporteros, en ese momento, el abogado defensor Juan Ángel Fornerón comenzaba una rueda de prensa, mientras Ilarraz entraba por una puerta trasera sin que nadie lo notara.
Pero ayer, tanto los periodistas como los fotógrafos estaban más alertas e intentaban cubrir los cuatro puntos de acceso. La cita era a las 16. Dos horas antes ya había fotógrafos montando guardia.
Los cuatro accesos tenían entre seis y ocho policías en posición de custodia, con chalecos azules e intercomunicados. Exactamente a las 16, alguien gritó “ahí viene”. Un auto particular con cuatro personas a bordo se frenó en la puerta misma del edificio. El cura llegó en el asiento trasero izquierdo, detrás del conductor del vehículo. En un segundo, Ilarraz abrió la puerta y caminó apresurado en dirección a la guardia policial.
Rodeado por un enjambre de fotógrafos y camarógrafos, el religioso se abrió paso junto a sus dos abogados, Forneron (por Entre Ríos) y Jorge Muñoz (por Tucumán). Los otros dos acompañantes del auto eran hermanos del sacerdote.
Los flashes iluminaban el pasillo de tribunales. Los micrófonos apuntaban al cura. Los periodistas lanzaban preguntas en medio de empujones. Ilarraz avanzaba sin responder ni media palabra.
Un policía lo llevaba del brazo para indicarle el camino. Entró a la oficina de Medicina Forense, donde le hicieron una revisación médica de rigor, como a cualquier imputado antes de una indagatoria. La puerta se cerró en las narices de los fotógrafos y se quedaron expectantes en el pasillo. Unos 15 minutos después, Ilarraz salió por otra puerta, tomado del brazo por el mismo policía, hacia el despacho de la jueza Susana María Paola Firpo.
A esa oficina entraron los abogados defensores y dos agentes de policía con un maletín. Después, también llegaron Rosario Romero y Marcos Rodríguez Allende (querellantes) y el fiscal del caso, Juan Francisco Ramírez Monroy.
Al cabo de media hora, los dos agentes salieron del despacho con el maletín. Ellos se habían encargado de pintarle los dedos al sacerdote y dejar registradas sus huellas dactilares.
Los familiares de Ilarraz aguardaban afuera del despacho, sentados en un extremo del pasillo y bastante alejados de los periodistas. Hablaban entre ellos en voz baja y, cada tanto, miraban a la distancia los movimientos de los fotógrafos. Ilarraz llevaba más de 20 minutos en la oficina de la jueza, cuando en la vereda de tribunales, se instaló un grupo de protesta. Era una docena de jóvenes mujeres que portaban carteles con insultos al cura y pedidos de justicia. Pasadas las 18, después de dos horas y cuarto, los policías comenzaron a tomar -otra vez- ubicación en los accesos y salidas, mientras las mujeres se hacían oír con cánticos contra el sacerdote y la Iglesia católica. “Se oponen al aborto los curas abusadores”, gritaban.
Dentro del edificio, la jueza Firpo explicó que Ilarraz es un imputado que, por recomendación de sus abogados, se abstuvo de prestar declaración. Explicó que las partes tendrán 10 días para solicitar medidas (ampliación de indagatoria, entre otras). Precisó que no dictó orden de detención, porque no hay riesgo de fuga; pero aclaró que se mantiene sobre el sacerdote la prohibición de salir del país. Detalló que el cura fijó domicilio legal en Tucumán y que cuando se sentó en su despacho, el sacerdote insistió en su defensa, pero -de inmediato- los abogados le recordaron que no debía prestar declaración indagatoria.
Al salir de la audiencia, la querellante Rosario Romero habló de Ilarraz. “Lo vi dispuesto a seguir guardando silencio y lo vi haciendo un esfuerzo por no parecer nervioso, pero a mi modo de ver él estaba nervioso”, explicó.
El cura Ilarraz ejerció como prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, donde asistían los adolescentes que cursaban el ciclo básico de la secundaria. Fue acusado de abuso sexual entre 1985 y 1993 (los siete denunciantes eran adolescentes en aquel tiempo). La causa fue caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.
La defensa del sacerdote insistió en que ha pasado tanto tiempo que los delitos por los que se acusa al sacerdote han prescripto. Sin embargo, ese planteo está pendiente de resolución en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que integran Claudia Mizawak, Carlos Chiara Diaz y Daniel Carubia. Ese tribunal convocó a las partes para el próximo lunes (27 de este mes) a fin de dar a conocer la resolución.
Las demandas contra Ilarraz se conocieron en 1995 a partir de la denuncia de dos supuestas víctimas. Después se sumaron los otros cinco. En ese momento, las autoridades eclesiásticas decidieron enviar a Ilarraz a Roma, donde debía cursar la Licenciatura en Misionología. A su regreso, la Iglesia le prohibió permanecer en el territorio de Paraná y tener contacto con los seminaristas. Se alejó del sacerdocio y se radicó en Buenos Aires hasta que, en 2004, pudo regresar a la órbita de la Iglesia, pero bajo la jurisdicción de la diocésis de Concepción, en Tucumán.
Comenzó a oficiar la misa en la ciudad de Monteros. En septiembre de 2012, las denuncias ingresaron en la justicia ordinaria de Paraná y fue suspendido en su rol de cura. Desde que estalló el escándalo, Ilarraz se había mantenido oculto. Sólo se conocía su rostro por fotos que se habían subido a la cuenta de Facebook de la iglesia de Monteros.
Ayer, no tuvo más opción que presentarse -por primera vez- ante la jueza. Se negó a declarar, en ejercicio de su derecho, pero no pudo evitar los flashes de los fotógrafos. El nuevo round se dirimirá el lunes: prescripción o avance de la investigación.
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