El Colegio de Abogados ratifica una denuncia

El Colegio de Abogados de la Capital confirmó su intención de avanzar con la denuncia penal articulada en contra de los fiscales Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) y Guillermo Herrera (X Nominación). El Consejo Directivo de la entidad emitió ayer una resolución que afirma que las diligencias cumplidas por el presidente Francisco García Posse respecto de aquel asunto responden a las instrucciones emitidas por ese cuerpo. Además, el Consejo insistió en la necesidad de que los hechos denunciados sean investigados y en que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán indague sobre la existencia de casos similares por medio de una auditoría amplia.

“Las actuaciones que incoó el Colegio de Abogados, por decisión de este Consejo Directivo, constituyen una respuesta al compromiso con la abogacía colegiada, y con el correcto y normal funcionamiento de la administración de justicia”, dijeron los consejeros, con la disidencia del vocal Fernando Alberti (estuvieron ausentes Rodolfo Gilli, Jimena Castro, Javier Peyrel y Augusto Moeykens).

La decisión de denunciar a los fiscales fue adoptada en marzo, luego de que el letrado Alfredo Falú solicitara al Colegio que se sume a la presentación contra Noguera que él había articulado en virtud de la denuncia de la Unidad de Información Financiera (remitida por el juez federal Fernando Luis Poviña). En el ínterin, Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, denunció a Noguera, a Herrera y al juez Juan Francisco Pisa. La causa que acumula todas estas presentaciones está radicada en la Fiscalía de Diego López Ávila.

Según la declaración judicial de García Posse, cinco actuaciones de Herrera (“Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”) revelarían el mismo patrón de conducta irregular. Este modus operandi consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

A posteriori de la exposición de la hipótesis descrita en la Fiscalía de López Ávila, los letrados Mario Leiva Haro y Cergio Morfil cuestionaron a García Posse. El primero, en su carácter de damnificado y abogado de otros supuestos estafados en la causa “Rigourd”. Morfil por su parte es el letrado histórico del grupo que encabezan los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale. El primero está implicado en “Jorrat”, mientras que el segundo interviene como querellante en “Valdez”.

La conducta anómala atribuida a Herrera dio pie asimismo a la apertura de una auditoría en los casos que mencionó García Posse. Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó la fiscalización el 14 de abril pasado. Dicha medida chocó con la oposición del ministro público Edmundo Jiménez. Por esta razón, los casos objetados continúan en poder del fiscal Herrera.