01 Noviembre 2014
CAPACITACIÓN. Bailone, titular del Instituto de Investigaciones de la CSJN, habla de una “ausencia del Estado”. la gaceta / foto de héctor peralta
Determinar la cantidad y calidad de homicidios dolosos cometidos en Tucumán durante el año 2013, y fijar la tasa que presenta el número de víctimas cada 100.000 habitantes. Con estos objetivos trabaja contrarreloj el equipo que dirige Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Este grupo replicará en la provincia el “Plan integral de monitoreo preventivo de conflictividad violenta” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a instancias del renunciante ministro Eugenio Zaffaroni, lleva adelante desde 2009. Dicho programa permitió establecer que hubo 6,08 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año pasado.
Este dato será presentado el 25 de este mes en la capital del país, junto con el del conurbano bonaerense y el de las provincias que adhirieron al plan. Ese plazo obliga a Tucumán, que ha de tener su parte lista para el 10 de este mes, según confirmó Augusto Moeykens, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Moeykens visitó la redacción de este diario en compañía de Matías Bailone, secretario letrado a cargo del Instituto de Investigaciones de la CSJN.
La semana pasada, este funcionario capacitó al grupo de investigadores tucumanos formado por los relatores Luis Acosta, Marcelo Rubinstein y Andrés Garmendia; Luis Zelarayán de Escalada, secretario coordinador de la Oficina de Gestión Judicial; Fabián Ríos, director de Sistemas del Poder Judicial, y Eloísa Rodríguez Campos, relatora del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Además, en el estudio intervienen María Cristina de Robles Ávalos, delegada del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el propio Moeykens.
Bailone presentó al plan como la investigación más popular (en términos de repercusión) de su instituto nacido en 2009. “Sin perjuicio de que pretendemos analizar otros delitos, empezamos por el homicidio doloso porque es el delito más estandarizado a nivel internacional para hablar sobre el grado de inseguridad existente. Es una información desconocida y fundamental para evaluar el riesgo que corre el ciudadano respecto de su bien principal, que es la vida”, expresó el secretario de la CSJN.
Victimarios “NN”
El vacío de información en este sentido es llenado por distorsión o desinformación, según considera Bailone.
“Vemos aquí una ausencia del Estado en todos los niveles desde hace muchos años. Como el Estado no cubre esta función, entonces es lógico que la tomen órganos privados o ONG y medios, pero estamos hablando de datos sensibles que tiene que brindar el Estado y, por eso, es fundamental que los poderes judiciales refrenden la información”, opinó.
Al respecto, añadió que la tasa de homicidios que ofrece la CSJN es un dato “hiperchequeado” y oficial: “eventualmente funcionará como disparador para políticas públicas de prevención. Cuando es posible conocer las causas, es más fácil tratar el problema. Por eso trabajamos con la cartografía e intentamos determinar cuáles son las zonas más calientes. Las políticas preventivas no deben ser iguales para atacar a todos los homicidios porque no es igual la muerte producida por una disputa de territorio que la acaecida en el ámbito familiar”.
El estudio que promueve la CSJN y en desarrollo en Tucumán no sólo se contenta con establecer la cantidad de homicidios sino que también intenta definir las características que estos tienen: cómo sucedieron los hechos, dónde y por qué (riña, discusión, violencia intrafamiliar, legítima defensa, ocasión de robo, intervención policial, etcétera). Esta información surge de las propias causas judiciales y del análisis del estado de cada proceso.
Bailone asegura que también será factible determinar el nivel de impunidad: “ese dato proviene del número de victimarios ‘NN’ (o desconocidos). Aunque no se diga expresamente, será posible llegar al número de investigaciones penales deficientes”. Además de Tucumán, adhirieron al plan integral las provincias de San Luis, La Rioja, Misiones y Corrientes. A diferencia de las otras jurisdicciones, que se limitaron a autorizar el desembarco de Bailone y de sus colaboradores, la Corte Suprema de Justicia local optó por afectar al estudio al personal de su cargo.
“Este es el modelo que más nos interesa. Tanto en la Corte de la Nación como en la de Tucumán no hubo ningún dispendio extraordinario de recursos para este programa”, explicó Bailone. Y añadió que la ambición del máximo tribunal del país es, con el tiempo, llegar a producir la tasa nacional de homicidios dolosos.
Este grupo replicará en la provincia el “Plan integral de monitoreo preventivo de conflictividad violenta” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a instancias del renunciante ministro Eugenio Zaffaroni, lleva adelante desde 2009. Dicho programa permitió establecer que hubo 6,08 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año pasado.
Este dato será presentado el 25 de este mes en la capital del país, junto con el del conurbano bonaerense y el de las provincias que adhirieron al plan. Ese plazo obliga a Tucumán, que ha de tener su parte lista para el 10 de este mes, según confirmó Augusto Moeykens, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Moeykens visitó la redacción de este diario en compañía de Matías Bailone, secretario letrado a cargo del Instituto de Investigaciones de la CSJN.
La semana pasada, este funcionario capacitó al grupo de investigadores tucumanos formado por los relatores Luis Acosta, Marcelo Rubinstein y Andrés Garmendia; Luis Zelarayán de Escalada, secretario coordinador de la Oficina de Gestión Judicial; Fabián Ríos, director de Sistemas del Poder Judicial, y Eloísa Rodríguez Campos, relatora del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Además, en el estudio intervienen María Cristina de Robles Ávalos, delegada del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el propio Moeykens.
Bailone presentó al plan como la investigación más popular (en términos de repercusión) de su instituto nacido en 2009. “Sin perjuicio de que pretendemos analizar otros delitos, empezamos por el homicidio doloso porque es el delito más estandarizado a nivel internacional para hablar sobre el grado de inseguridad existente. Es una información desconocida y fundamental para evaluar el riesgo que corre el ciudadano respecto de su bien principal, que es la vida”, expresó el secretario de la CSJN.
Victimarios “NN”
El vacío de información en este sentido es llenado por distorsión o desinformación, según considera Bailone.
“Vemos aquí una ausencia del Estado en todos los niveles desde hace muchos años. Como el Estado no cubre esta función, entonces es lógico que la tomen órganos privados o ONG y medios, pero estamos hablando de datos sensibles que tiene que brindar el Estado y, por eso, es fundamental que los poderes judiciales refrenden la información”, opinó.
Al respecto, añadió que la tasa de homicidios que ofrece la CSJN es un dato “hiperchequeado” y oficial: “eventualmente funcionará como disparador para políticas públicas de prevención. Cuando es posible conocer las causas, es más fácil tratar el problema. Por eso trabajamos con la cartografía e intentamos determinar cuáles son las zonas más calientes. Las políticas preventivas no deben ser iguales para atacar a todos los homicidios porque no es igual la muerte producida por una disputa de territorio que la acaecida en el ámbito familiar”.
El estudio que promueve la CSJN y en desarrollo en Tucumán no sólo se contenta con establecer la cantidad de homicidios sino que también intenta definir las características que estos tienen: cómo sucedieron los hechos, dónde y por qué (riña, discusión, violencia intrafamiliar, legítima defensa, ocasión de robo, intervención policial, etcétera). Esta información surge de las propias causas judiciales y del análisis del estado de cada proceso.
Bailone asegura que también será factible determinar el nivel de impunidad: “ese dato proviene del número de victimarios ‘NN’ (o desconocidos). Aunque no se diga expresamente, será posible llegar al número de investigaciones penales deficientes”. Además de Tucumán, adhirieron al plan integral las provincias de San Luis, La Rioja, Misiones y Corrientes. A diferencia de las otras jurisdicciones, que se limitaron a autorizar el desembarco de Bailone y de sus colaboradores, la Corte Suprema de Justicia local optó por afectar al estudio al personal de su cargo.
“Este es el modelo que más nos interesa. Tanto en la Corte de la Nación como en la de Tucumán no hubo ningún dispendio extraordinario de recursos para este programa”, explicó Bailone. Y añadió que la ambición del máximo tribunal del país es, con el tiempo, llegar a producir la tasa nacional de homicidios dolosos.
Lo más popular
