“Los planes sociales ayudan a bajar el índice de robos o hurtos, pero no el de delitos graves”

El libro “Investigaciones sobre economía de la delincuencia en Argentina” indaga sobre cómo funciona la ilegalidad en el país. Osvaldo Meloni, uno de los investigadores que trabajó en el proyecto, explicó parte de las conclusiones a las que abordó el equipo de especialistas de la UNT.

27 Oct 2014
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LOS AUTORES. Los especialistas que trabajaron en el libro son (de izq. a der.): Víctor Iajya, Osvaldo Meloni; José Luis Jiménez; Andrés Michel Rivero, Carolina Ortega y Ana Maria Cerro. Todos ellos son investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán que trabajan en esta casa de altos estudios. prensa unt

La implementación de planes sociales es uno de los estandartes del kirchnerismo más criticados por la oposición y hay grupos sociales que niegan que sirvan para evitar que gente desocupada se “tiente” con volcarse al delito. No obstante, una investigación señala que los planes sí permiten que desciendan los índices de ciertos tipos de delitos. “Pero la falta de seguridad o la llamada “sensación de inseguridad” sí es producto de las políticas usadas por el Gobierno nacional que decidió -en 2008- dejar de publicar las cifras oficiales de la cantidad y tipos de delitos que se cometen en la Argentina, provocando así una época oscura en cuanto a datos estadísticos se refiere”, dice el dictor en Economía Osvaldo Meloni, que junto a un equipo de expertos tucumanos ha elaborado el libro “Investigaciones sobre Economía de la Delincuencia en Argentina”, que se presentó en el Centro Cultural Virla.

En diálogo con LA GACETA, Meloni explicó algunos de los ítems que aborda el libro. “Los planes sociales no son un invento argentino y se utilizaron en Estados Unidos durante la crisis del año 29 con los mismos resultados. Ahora, hay que tener en cuenta que el objetivo de un plan social no es bajar la delincuencia. Sin embargo, tiene ese efecto sobre algunos delitos”, explicó.

El tipo de delito que, según este estudio, disminuye son los robos menores, que por lo general se cometen sin violencia. Entre ellos se incluyen el hurto y el pillaje. “Los delitos más graves no bajan. Nuestra explicación es que gente que ya invirtió tiempo y dinero en su actividad ilegal difícilmente será desviado hacia una actividad legal que le dará menos dinero. Cuando aumentaron los planes Jefas y Jefes de Hogar el delito disminuyó. Mientras que en otros aspectos, como ser el homicidio, no se vio modificado por los planes sociales. Las otras disminuciones que se dieron fueron en los delitos con lesiones. Esto nos permite conjeturar que los planes sociales posibilitan una importante disminución en la tensión en la que deben vivir las familias que viven en los barrios, previniendo a su vez las disputas entre vecinos y otras situaciones violentas”, remarcó.

En este sentido, Meloni destacó que los planes sociales son una herramienta política clave para evitar que una persona entre en un circuito delictivo del que, después, es muy difícil sacarla. Además, dijo que la edad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable y que son más proclives a entrar en la delincuencia llega hasta los 29 años. “Como en cualquier otra actividad, con el tiempo un delincuente genera contactos, compra insumos (en este caso armas o cualquier otro elemento que le sirva para delinquir) y genera su propio circuito de ingresos ilegales. A esa persona no se la puede sacar de ese mundo con un plan social. La otra herramienta clave para evitar que los jóvenes ingresen en estas actividades ilegales es la educación, que debe llegar hasta los niveles superiores”, enfatizó.

Decisiones a ciegas

La falta de transparencia en la difusión los datos públicos es lo que estos especialistas remarcan como el mayor problema que tiene el Gobierno nacional. “Este Gobierno se caracteriza por ocultar los datos. Y los dueños del dato, en realidad, son los integrantes de la sociedad. El Gobierno puede tener sus datos para hacer política, pero los investigadores y las organizaciones no gubernamentales también debemos tener acceso a esos datos para poder participar en un debate de políticas, en este caso de seguridad. Pero si no publican los datos oficiales es muy difícil porque no se están dejando ayudar”, analizó Meloni.

En este contexto también dijo que se desconoce si el Gobierno nacional (desde 2008 hasta la actualidad) cuenta con mediciones privadas para tomar sus decisiones políticas. “No tengo claro que haya una política de seguridad. Tampoco sabemos si las decisiones que toman las hacen en función a los datos que tenían antes (hasta el 2008) o sí lo hacen a partir de una medición privada. Y tampoco sabemos si estos datos, de haberlos, son enviados a las provincias. Lo que sí puedo decir es que cuando se ven carteles en los que se publica que se incorporaron 200 nuevos policías o que se compraron 400 autos nuevos, la primera conjetura que se hace es que fracasaron la política social y la política de seguridad; porque, si como país creciste durante una década, no podés seguir gastando tanto dinero en policía habiendo gastado tanto dinero en planes sociales. Al ver esto se piensa que acá hay algo que está funcionando mal”, dijo.

En cuanto a la posición que ocupa Tucumán con respecto de las demás provincias del NOA, en cuestiones de seguridad, la provincia lidera los índices negativos que la ubican como el lugar más inseguro para vivir de la región.

Pero esto no está vinculado con la mayor densidad poblacional que tiene Tucumán. “Si el delito se mantuviera casi sin variaciones, el aumento de la población debería hacer disminuir el índice de delincuencia. Tampoco hay una distinción entre democracia y dictadura porque desde el 70, año desde el que tenemos estadísticas, el delito creció. En el 2002 hubo un pico por la crisis, después tuvo una leve baja hasta el 2008, año en el que se dejaron de difundir los datos públicos”, concluyó.

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