21 Septiembre 2014
UN CENTRO CLANDESTINO MÁS. En la cárcel local se habrían cometido torturas, violaciones y asesinatos. la gaceta / foto de antonio ferroni
Tras los muros y las rejas, bajo la fachada de una cárcel, funcionó uno de los centros clandestinos de detención más cruentos. Entre 1974 y 1983, fueron alojados allí presos políticos o “subversivos”, como los llamaban los represores. Media centena de ellos son víctimas de la megacausa “Villa Urquiza”. Sus historias comenzarán a escucharse durante las próximas audiencias en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF). Funcionarios, militantes y sindicalistas estuvieron recluidos, en su mayoría, desde el Operativo Independencia (1975) y el Golpe (24 de marzo de 1976).
“Se cometieron aberraciones. Estábamos ‘blanqueados’, es decir a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero no significa que no hayamos pasado los mismos padecimientos que en otros centros”, recordó Lilian Reynaga, presidenta de la Asociación de ex presos políticos de Tucumán. Ella permaneció detenida entre 1975 y 1981 y destacó que este es el primer proceso oral en el que se abordan exclusivamente casos de detenidos políticos.
Si bien se juzgarán las muertes en la cárcel de Juan Carlos Suter y José Torrente y la desaparición de cinco detenidos, gran parte de los afectados sobrevivió y podrá declarar. “Tenemos la suerte de estar vivos. Podemos reconstruir esa historia tan tenebrosa que fue parte del engranaje de centros clandestinos. La situación ha sido tremenda, sobre todo, para quienes no estaban ‘blanqueados’”, lamentó Reynaga.
Lo ocurrido en el pabellón N°6, llamado también “de la muerte”, pudo saberse gracias a los testimonios y a los libros de ingreso de la penitenciaría que no fueron destruidos, según detalló Pablo Camuña, fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Nueve de las víctimas de la causa son mujeres. Camuña subrayó que se abordarán crímenes de índole sexual, al igual que como ocurrió en “Arsenales II-Jefatrura II”. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, testimonios dan cuenta de que en el penal se habrían cometido delitos que van desde la desnudez forzada hasta violaciones sistemáticas y que, como consecuencia, se habrían producido embarazos y nacimientos en cautiverio. También se consigna en el documento que hubo madres que fueron secuestradas y encerradas junto a sus niños.
¿Cómo era el “pabellón de la muerte”? Reynaga recordó que, tras el Golpe, las malas condiciones de detención recrudecieron. En los expedientes, al respecto se detalla que en las celdas de la unidad las ventanas estaban selladas y que era común que fueran privados de mantas y colchones. Las torturas y los maltratos eran padecimientos diarios: eran sometidos a golpes, ataques con perros y quemaduras. La atención médica era escasa, de acuerdo con los testigos. La salud de los prisioneros era pésima, teniendo en cuenta que habrían sido llevados al lugar tras ser secuestradas y torturadas en otros sitios como la Jefatura de Policía o la “Escuelita” de Famaillá. Una vez que pasaban por Villa Urquiza, en tanto, era común que fueran trasladadas a cárceles de otras provincias, donde permanecían durante años, o bien, desaparecían.
los imputados.- Entre los acusados están los ex guardiacárceles: Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Montenegro, Santo González, José Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela. También el ex militar supervisor militar del D2, Jorge Lazarte, y el ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), Roberto Albornoz. Sobre Albornoz pesan cuatro condenas a perpetua. Lazarte, en tanto, fue condenado el año pasado a 10 años de prisión.
los presos políticos en tucumán.- Lilian Reynaga afirmó que serían alrededor de 500 los ex presos políticos de la provincia. Celebró la vigencia de la Ley 26.913, que dispone las pensiones para quienes estuvieron detenidos. Reynaga recordó que en el 80% de los casos de Tucumán, los damnificados no pudieron rehacer sus vidas y permanecían desocupados e incluso, en la indigencia. “Fue una gestión de la asociación nacional. Logramos espacios de contención y de acompañamiento para sobrellevar nuestra gran mochila”, consideró.
AUDIENCIAS.- El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, informó que la próxima audiencia será el martes, a las 16.
EL ROL DE LA JUSTICIA.- La querellante Julia Vitar- junto a Inés Lugones patrocina a la familia de Jorge Kofman- destacó que se avanzará en el “reconocimiento judicial” de un centro al que la Justicia aún no se había abocado. “Creemos también que surgirán muchos elementos de prueba contra el ex juez Manlio Martínez”, consignó. Martínez cumple prisión domiciliaria desde julio pasado a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad en el que será juzgado (segunda parte de la causa “Romero Niklison).
“proceso histórico”.- “Varios elementos convierten a este juicio en un proceso histórico”, ponderó Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes. “La fecha de los hechos da cuenta de la organización del aparato represivo del estado ya desde el año 1974, lo que termina de configurarse acabadamente con el llamado ‘Operativo Independencia’”, ejemplificó. La organización es querellante en la causa. El abogado Pablo Gargiulo lleva adelante la representación.
“Se cometieron aberraciones. Estábamos ‘blanqueados’, es decir a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero no significa que no hayamos pasado los mismos padecimientos que en otros centros”, recordó Lilian Reynaga, presidenta de la Asociación de ex presos políticos de Tucumán. Ella permaneció detenida entre 1975 y 1981 y destacó que este es el primer proceso oral en el que se abordan exclusivamente casos de detenidos políticos.
Si bien se juzgarán las muertes en la cárcel de Juan Carlos Suter y José Torrente y la desaparición de cinco detenidos, gran parte de los afectados sobrevivió y podrá declarar. “Tenemos la suerte de estar vivos. Podemos reconstruir esa historia tan tenebrosa que fue parte del engranaje de centros clandestinos. La situación ha sido tremenda, sobre todo, para quienes no estaban ‘blanqueados’”, lamentó Reynaga.
Lo ocurrido en el pabellón N°6, llamado también “de la muerte”, pudo saberse gracias a los testimonios y a los libros de ingreso de la penitenciaría que no fueron destruidos, según detalló Pablo Camuña, fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Nueve de las víctimas de la causa son mujeres. Camuña subrayó que se abordarán crímenes de índole sexual, al igual que como ocurrió en “Arsenales II-Jefatrura II”. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, testimonios dan cuenta de que en el penal se habrían cometido delitos que van desde la desnudez forzada hasta violaciones sistemáticas y que, como consecuencia, se habrían producido embarazos y nacimientos en cautiverio. También se consigna en el documento que hubo madres que fueron secuestradas y encerradas junto a sus niños.
¿Cómo era el “pabellón de la muerte”? Reynaga recordó que, tras el Golpe, las malas condiciones de detención recrudecieron. En los expedientes, al respecto se detalla que en las celdas de la unidad las ventanas estaban selladas y que era común que fueran privados de mantas y colchones. Las torturas y los maltratos eran padecimientos diarios: eran sometidos a golpes, ataques con perros y quemaduras. La atención médica era escasa, de acuerdo con los testigos. La salud de los prisioneros era pésima, teniendo en cuenta que habrían sido llevados al lugar tras ser secuestradas y torturadas en otros sitios como la Jefatura de Policía o la “Escuelita” de Famaillá. Una vez que pasaban por Villa Urquiza, en tanto, era común que fueran trasladadas a cárceles de otras provincias, donde permanecían durante años, o bien, desaparecían.
los imputados.- Entre los acusados están los ex guardiacárceles: Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Montenegro, Santo González, José Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela. También el ex militar supervisor militar del D2, Jorge Lazarte, y el ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), Roberto Albornoz. Sobre Albornoz pesan cuatro condenas a perpetua. Lazarte, en tanto, fue condenado el año pasado a 10 años de prisión.
los presos políticos en tucumán.- Lilian Reynaga afirmó que serían alrededor de 500 los ex presos políticos de la provincia. Celebró la vigencia de la Ley 26.913, que dispone las pensiones para quienes estuvieron detenidos. Reynaga recordó que en el 80% de los casos de Tucumán, los damnificados no pudieron rehacer sus vidas y permanecían desocupados e incluso, en la indigencia. “Fue una gestión de la asociación nacional. Logramos espacios de contención y de acompañamiento para sobrellevar nuestra gran mochila”, consideró.
AUDIENCIAS.- El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, informó que la próxima audiencia será el martes, a las 16.
EL ROL DE LA JUSTICIA.- La querellante Julia Vitar- junto a Inés Lugones patrocina a la familia de Jorge Kofman- destacó que se avanzará en el “reconocimiento judicial” de un centro al que la Justicia aún no se había abocado. “Creemos también que surgirán muchos elementos de prueba contra el ex juez Manlio Martínez”, consignó. Martínez cumple prisión domiciliaria desde julio pasado a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad en el que será juzgado (segunda parte de la causa “Romero Niklison).
“proceso histórico”.- “Varios elementos convierten a este juicio en un proceso histórico”, ponderó Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes. “La fecha de los hechos da cuenta de la organización del aparato represivo del estado ya desde el año 1974, lo que termina de configurarse acabadamente con el llamado ‘Operativo Independencia’”, ejemplificó. La organización es querellante en la causa. El abogado Pablo Gargiulo lleva adelante la representación.
Lo más popular
