Por Álvaro José Aurane
15 Marzo 2014
La sumisión
La adicción por la obsecuencia que el alperovichismo sufre en todos sus estratos ha activado un arma de destrucción social masiva en la última, y otra vez lamentable, sesión de la Legislatura. La adhesión de Tucumán a la Ley Nacional de Estupefacientes es la más peligrosa política adoptada por el oficialismo durante su década de corrosión institucional. Ha comenzado la cuenta regresiva para la transferencia a la Justicia provincial de la competencia en causas de drogas de menor escala. Es decir, narcomenudeo. O sea, la persecución de dealers. Y tras establecer que ahora dependerá también del Estado local el combate del narcotráfico, ni uno solo de los tres poderes del Estado ha insinuado, siquiera, cómo librará esa lucha. A pesar de que perder esa batalla no representa el mero fracaso de una política estatal, sino la sumisión de toda una sociedad en un infierno de violencia. En todas las manifestaciones posibles de la violencia. En todos los sentidos conocidos del infierno.
La imprevisión
La iniciativa del Poder Ejecutivo, avalada por la Legislatura, consta de una carilla de fundamentos y de otra con los siete artículos. Y en su alarmante brevedad, no deja alternativas: del funcionamiento de los Tribunales tucumanos dependerá que funcione la lucha contra los vendedores de drogas. Para no caer en futurismos, la comparación en tiempo real se torna inevitable. Santa Fe (3,2 millones de habitantes, según el Censo 2010), provincia que se ha hecho cargo de la competencia en delitos por narcomenudeo, cuenta con un Ministerio Público de la Acusación, cuya estructura fue fijada por ley en 2009. Esa norma creó, “para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y actuar en juicio”, 46 cargos de fiscales más 98 cargos de fiscales adjuntos. ¿Cuántos cargos de fiscales ha creado el Gobierno alperovichista, ahora que hay nuevos delitos de los cuales hacerse cargo? Cero. ¿Con cuántos fiscales de instrucción penal dispone Tucumán, entonces, para atender todos los crímenes en la población de 1,5 millón de personas? Con 10, correspondientes a la estructura de la última reforma del Ministerio Público Fiscal, que data de los tiempos del orteguismo.
El desborde
El fuero penal tucumano, para el cual los estadistas del alperovichismo destinan más trabajo pero no más refuerzos, está desbordado. Y no sólo porque lo digan el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia: según fuentes encumbradas, por allí pasan unas 65.000 causas anuales. La mayoría no prospera (el fuero penal se usa hasta para cobrar cheques rechazados, mediante denuncias que sólo buscan intimidar al moroso), pero cada expediente iniciado demanda tiempo, personal y recursos hasta para ser archivado. Aún si se aplicara para esta área el estándar de que sólo entre el 8% y el 10% de esos expedientes se elevan a juicio, se estaría hablando igualmente de una friolera de entre 6.000 y 6.500 causas.
La rehabilitación
A este abarrotamiento se sumarán, por decisión alperovichista, otro medio millar de causas, que no son cualesquiera causas. El razonamiento en la Justicia tucumana es que la experiencia en materia federal indica que los dealers apresados con cantidades de droga que superan lo admisible para mero consumo personal, se declaran consumidores. Cosa que, en efecto, son: la mayoría venden sustancias ilegales también para poder conseguir sus propias dosis. Les cabe, entonces, la probation. Y la condena es que se rehabiliten. ¿Con cuántos centros de rehabilitación cuenta el Estado tucumano para atender a esos 500 involucrados anuales, según el promedio federal? Con cero. ¿Cuántos dispuso crear el alperovichismo, ahora que la Provincia se hace cargo de la competencia en delitos de menor escala por drogas? En total, cero.
La derrota
La complejidad de las redes del narcotráfico está ganando la partida. Lo reconoció la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada durante el kirchnerismo, cuando declaró la inconstitucionalidad de la norma que penalizaba la tenencia de drogas ilegales para mero consumo. El superior tribunal argentino se hizo cargo (y por su intermedio, hizo cargo al Estado nacional) del fracaso del actual sistema de penalización para el combate del tráfico de estupefacientes. El alperovichismo, sin embargo, reivindica y eleva a rango de política estatal este sistema que los jueces supremos, así como el ciudadano que se alarma con el recrudecimiento de la narcocriminalidad, han declarado fracasado. El alegato parlamentario de que ahora, persiguiendo el menudeo, van a colaborar en la lucha contra las drogas (porque eso y sólo eso es todo lo que pudieron predicar en la sesión), es peligrosamente patético: los iluminados voceros del oficialismo declaran que van a pelearle al narcotráfico cerrando kioscos.
El antipoder
El narcotráfico ha probado su capacidad para constituirse en un poder contra el poder del Estado. Sobre todo en la América Latina de la cual la Argentina es parte. Tampoco les resultó difícil a los cárteles mafiosos: se abrieron paso con recursos ilimitados en sociedades empobrecidas gobernadas por administraciones corruptas. Por caso, esta semana se conoció que en Rosario (sólo a esa ciudad santafesina el Ministerio Público de la Acusación destinó 24 fiscales más 55 fiscales adjuntos), la banda de Los Monos construía una bóveda refrigerada para la conservación de billetes: tienen tantos, que no alcanzan a utilizarlos y se les pudren. ¿Cuáles son los especialistas que el Gobierno tucumano desplegará en la lucha contra el narcotráfico? Hasta aquí, la Policía provincial. La que se inmortalizó en la memoria del horror de los tucumanos cuando, en diciembre pasado, nada hizo para evitar que bandas motorizadas de delincuentes asolarán la provincia, saqueando y matando, porque estaban de paro en reclamo de mejor paga. La que hizo historia hace apenas 90 días, en el que acaso sea el capítulo más negro de estos 30 años de democracia tucumana, cuando a cambio de ganar más dinero no le importó el imperio del crimen en las calles.
La postración
¿Por qué hace esto la Legislatura? Porque lo ordena José Alperovich. Él hasta anticipó que la comisión interpoderes que estudiará cómo aplicar la nueva competencia judicial no iba a tener tres miembros (como decía el proyecto original que el mandatario mostró a las autoridades judiciales) sino siete, como se cambió en el recinto, dando primacía a la Cámara (tres miembros) por sobre la Justicia y el Ejecutivo (dos para cada uno).
El incumplimiento
¿Por qué hace esto el gobernador? Los opositores dicen que porque está desesperado por obtener recursos: los créditos presupuestarios para fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios y prestación de justicia, previstos en la ley a la cual Tucumán se adhirió. Pero ni Buenos Aires ni Córdoba ni Salta, según los jueces de esas latitudes le confiesan a los magistrados tucumanos, han visto un peso federal a cambio de hacer lo que acaba de hacer Tucumán. Alperovich lo sabe: la ley aprobada el jueves dice que, “hasta tanto se efectivicen las transferencias” de los fondos nacionales, la Provincia “efectuará las adecuaciones presupuestarias” de sus propios recursos. ¿Entonces?
El “amén”
Según fuentes legislativas, por un lado, y tribunalicias, por otro, Alperovich ha dicho que la Nación le pidió que adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes y que la provincia se haga cargo de la competencia judicial en materia de narcomenudeo. Léase, se lo exige el kirchnerismo. Y como el Gobierno tucumano ha probado que primero está lo que quiere la Casa Rosada, garante de los fondos para el ejercicio del populismo clientelar subtropical, y sólo después lo que necesiten los tucumanos, aquí dijeron “amén”. Entonces sí se entiende que el Estado tucumano obre de manera inexplicable. La norma federal que establece el combate del narcotráfico en la Argentina determina que el bien jurídico que se protege es la salud pública. O sea, 10 kilos de drogas ilegales transitando por cualquier ruta, calle o vereda son lesivas para la salud pública de todos los argentinos, porque no se sabe a dónde irá. De allí que los delitos vinculados con sustancias ilegales sean necesaria y dogmáticamente federales. De allí que el combate contra estos ilícitos debe estar unificado, como argumentó la jurista y catedrática Ángela Ledesma cuando los debates previos a Ley Nacional de Estupefacientes. De allí que sea una peligrosa insensatez que se desdoble esa lucha, cuya inconveniencia advirtió el jefe de los fiscales federales en Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
La sinrazón
Este no es un Estado ajeno el desatino, todo por el contrario, pero nunca antes un desvarío había adquirido semejante peligrosidad. La Nación sólo quiere sacarse de encima el fracaso (uno más) en su lucha contra el narcotráfico, que es lo que también quiere un sector de la Justicia Federal. Y el alperovichismo lo acepta sin contar con los recursos estructurales, humanos ni económicos para hacerlo. Tanto es así que, según fuentes muy arraigadas en el oficialismo, el primer borrador de la iniciativa sancionada hace 48 horas ponía plazo para el 1 de agosto próximo: para esa fecha ni siquiera el CAM habría terminado con los primeros concursos para cubrir los nuevos cargos judiciales que aún ni siquiera se crearon. Entonces, cambiaron la fecha de aplicación de la ley para marzo de 2015, pero Alperovich puede prorrogarla para cuando él ya no esté.
La definición
O sea, la Casa Rosada federaliza a la provincias un problema que es de la Nación, pero no federaliza los recursos para que esas provincias puedan dar soluciones. Y los gobernadores que son sus mejores discípulos lo aceptan y le heredan el problema a las futuras administraciones. Peor aún: a las generaciones por venir. Después no se quejen cuando la definición más sintética del kirchnerismo sea la de “menemismo más derechos humanos”.
El agravante
Lo que le están transfiriendo a los tucumanos no son escuelas ni hospitales, sino la obligación de combatir, parcialmente y sin financiación, una batalla que los forjadores de la “Década Ganada” sólo han sabido perder.
La adicción por la obsecuencia que el alperovichismo sufre en todos sus estratos ha activado un arma de destrucción social masiva en la última, y otra vez lamentable, sesión de la Legislatura. La adhesión de Tucumán a la Ley Nacional de Estupefacientes es la más peligrosa política adoptada por el oficialismo durante su década de corrosión institucional. Ha comenzado la cuenta regresiva para la transferencia a la Justicia provincial de la competencia en causas de drogas de menor escala. Es decir, narcomenudeo. O sea, la persecución de dealers. Y tras establecer que ahora dependerá también del Estado local el combate del narcotráfico, ni uno solo de los tres poderes del Estado ha insinuado, siquiera, cómo librará esa lucha. A pesar de que perder esa batalla no representa el mero fracaso de una política estatal, sino la sumisión de toda una sociedad en un infierno de violencia. En todas las manifestaciones posibles de la violencia. En todos los sentidos conocidos del infierno.
La imprevisión
La iniciativa del Poder Ejecutivo, avalada por la Legislatura, consta de una carilla de fundamentos y de otra con los siete artículos. Y en su alarmante brevedad, no deja alternativas: del funcionamiento de los Tribunales tucumanos dependerá que funcione la lucha contra los vendedores de drogas. Para no caer en futurismos, la comparación en tiempo real se torna inevitable. Santa Fe (3,2 millones de habitantes, según el Censo 2010), provincia que se ha hecho cargo de la competencia en delitos por narcomenudeo, cuenta con un Ministerio Público de la Acusación, cuya estructura fue fijada por ley en 2009. Esa norma creó, “para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y actuar en juicio”, 46 cargos de fiscales más 98 cargos de fiscales adjuntos. ¿Cuántos cargos de fiscales ha creado el Gobierno alperovichista, ahora que hay nuevos delitos de los cuales hacerse cargo? Cero. ¿Con cuántos fiscales de instrucción penal dispone Tucumán, entonces, para atender todos los crímenes en la población de 1,5 millón de personas? Con 10, correspondientes a la estructura de la última reforma del Ministerio Público Fiscal, que data de los tiempos del orteguismo.
El desborde
El fuero penal tucumano, para el cual los estadistas del alperovichismo destinan más trabajo pero no más refuerzos, está desbordado. Y no sólo porque lo digan el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia: según fuentes encumbradas, por allí pasan unas 65.000 causas anuales. La mayoría no prospera (el fuero penal se usa hasta para cobrar cheques rechazados, mediante denuncias que sólo buscan intimidar al moroso), pero cada expediente iniciado demanda tiempo, personal y recursos hasta para ser archivado. Aún si se aplicara para esta área el estándar de que sólo entre el 8% y el 10% de esos expedientes se elevan a juicio, se estaría hablando igualmente de una friolera de entre 6.000 y 6.500 causas.
La rehabilitación
A este abarrotamiento se sumarán, por decisión alperovichista, otro medio millar de causas, que no son cualesquiera causas. El razonamiento en la Justicia tucumana es que la experiencia en materia federal indica que los dealers apresados con cantidades de droga que superan lo admisible para mero consumo personal, se declaran consumidores. Cosa que, en efecto, son: la mayoría venden sustancias ilegales también para poder conseguir sus propias dosis. Les cabe, entonces, la probation. Y la condena es que se rehabiliten. ¿Con cuántos centros de rehabilitación cuenta el Estado tucumano para atender a esos 500 involucrados anuales, según el promedio federal? Con cero. ¿Cuántos dispuso crear el alperovichismo, ahora que la Provincia se hace cargo de la competencia en delitos de menor escala por drogas? En total, cero.
La derrota
La complejidad de las redes del narcotráfico está ganando la partida. Lo reconoció la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada durante el kirchnerismo, cuando declaró la inconstitucionalidad de la norma que penalizaba la tenencia de drogas ilegales para mero consumo. El superior tribunal argentino se hizo cargo (y por su intermedio, hizo cargo al Estado nacional) del fracaso del actual sistema de penalización para el combate del tráfico de estupefacientes. El alperovichismo, sin embargo, reivindica y eleva a rango de política estatal este sistema que los jueces supremos, así como el ciudadano que se alarma con el recrudecimiento de la narcocriminalidad, han declarado fracasado. El alegato parlamentario de que ahora, persiguiendo el menudeo, van a colaborar en la lucha contra las drogas (porque eso y sólo eso es todo lo que pudieron predicar en la sesión), es peligrosamente patético: los iluminados voceros del oficialismo declaran que van a pelearle al narcotráfico cerrando kioscos.
El antipoder
El narcotráfico ha probado su capacidad para constituirse en un poder contra el poder del Estado. Sobre todo en la América Latina de la cual la Argentina es parte. Tampoco les resultó difícil a los cárteles mafiosos: se abrieron paso con recursos ilimitados en sociedades empobrecidas gobernadas por administraciones corruptas. Por caso, esta semana se conoció que en Rosario (sólo a esa ciudad santafesina el Ministerio Público de la Acusación destinó 24 fiscales más 55 fiscales adjuntos), la banda de Los Monos construía una bóveda refrigerada para la conservación de billetes: tienen tantos, que no alcanzan a utilizarlos y se les pudren. ¿Cuáles son los especialistas que el Gobierno tucumano desplegará en la lucha contra el narcotráfico? Hasta aquí, la Policía provincial. La que se inmortalizó en la memoria del horror de los tucumanos cuando, en diciembre pasado, nada hizo para evitar que bandas motorizadas de delincuentes asolarán la provincia, saqueando y matando, porque estaban de paro en reclamo de mejor paga. La que hizo historia hace apenas 90 días, en el que acaso sea el capítulo más negro de estos 30 años de democracia tucumana, cuando a cambio de ganar más dinero no le importó el imperio del crimen en las calles.
La postración
¿Por qué hace esto la Legislatura? Porque lo ordena José Alperovich. Él hasta anticipó que la comisión interpoderes que estudiará cómo aplicar la nueva competencia judicial no iba a tener tres miembros (como decía el proyecto original que el mandatario mostró a las autoridades judiciales) sino siete, como se cambió en el recinto, dando primacía a la Cámara (tres miembros) por sobre la Justicia y el Ejecutivo (dos para cada uno).
El incumplimiento
¿Por qué hace esto el gobernador? Los opositores dicen que porque está desesperado por obtener recursos: los créditos presupuestarios para fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios y prestación de justicia, previstos en la ley a la cual Tucumán se adhirió. Pero ni Buenos Aires ni Córdoba ni Salta, según los jueces de esas latitudes le confiesan a los magistrados tucumanos, han visto un peso federal a cambio de hacer lo que acaba de hacer Tucumán. Alperovich lo sabe: la ley aprobada el jueves dice que, “hasta tanto se efectivicen las transferencias” de los fondos nacionales, la Provincia “efectuará las adecuaciones presupuestarias” de sus propios recursos. ¿Entonces?
El “amén”
Según fuentes legislativas, por un lado, y tribunalicias, por otro, Alperovich ha dicho que la Nación le pidió que adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes y que la provincia se haga cargo de la competencia judicial en materia de narcomenudeo. Léase, se lo exige el kirchnerismo. Y como el Gobierno tucumano ha probado que primero está lo que quiere la Casa Rosada, garante de los fondos para el ejercicio del populismo clientelar subtropical, y sólo después lo que necesiten los tucumanos, aquí dijeron “amén”. Entonces sí se entiende que el Estado tucumano obre de manera inexplicable. La norma federal que establece el combate del narcotráfico en la Argentina determina que el bien jurídico que se protege es la salud pública. O sea, 10 kilos de drogas ilegales transitando por cualquier ruta, calle o vereda son lesivas para la salud pública de todos los argentinos, porque no se sabe a dónde irá. De allí que los delitos vinculados con sustancias ilegales sean necesaria y dogmáticamente federales. De allí que el combate contra estos ilícitos debe estar unificado, como argumentó la jurista y catedrática Ángela Ledesma cuando los debates previos a Ley Nacional de Estupefacientes. De allí que sea una peligrosa insensatez que se desdoble esa lucha, cuya inconveniencia advirtió el jefe de los fiscales federales en Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
La sinrazón
Este no es un Estado ajeno el desatino, todo por el contrario, pero nunca antes un desvarío había adquirido semejante peligrosidad. La Nación sólo quiere sacarse de encima el fracaso (uno más) en su lucha contra el narcotráfico, que es lo que también quiere un sector de la Justicia Federal. Y el alperovichismo lo acepta sin contar con los recursos estructurales, humanos ni económicos para hacerlo. Tanto es así que, según fuentes muy arraigadas en el oficialismo, el primer borrador de la iniciativa sancionada hace 48 horas ponía plazo para el 1 de agosto próximo: para esa fecha ni siquiera el CAM habría terminado con los primeros concursos para cubrir los nuevos cargos judiciales que aún ni siquiera se crearon. Entonces, cambiaron la fecha de aplicación de la ley para marzo de 2015, pero Alperovich puede prorrogarla para cuando él ya no esté.
La definición
O sea, la Casa Rosada federaliza a la provincias un problema que es de la Nación, pero no federaliza los recursos para que esas provincias puedan dar soluciones. Y los gobernadores que son sus mejores discípulos lo aceptan y le heredan el problema a las futuras administraciones. Peor aún: a las generaciones por venir. Después no se quejen cuando la definición más sintética del kirchnerismo sea la de “menemismo más derechos humanos”.
El agravante
Lo que le están transfiriendo a los tucumanos no son escuelas ni hospitales, sino la obligación de combatir, parcialmente y sin financiación, una batalla que los forjadores de la “Década Ganada” sólo han sabido perder.
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