Ciccone: Di Lello pide que Boudou declare como acusado

BUENOS AIRES.- El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer, a dos años del inicio de la causa, que el vicepresidente, Amado Boudou; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras nueve personas, entre ellas el empresario Alejandro Vandenbroele, declaren como acusados por el “rescate” de la ex empresa Ciccone Calcográfica, que imprimía billetes para la Casa de Moneda.

El requerimiento del fiscal imputa a Boudou y a Echegaray el delito de “negociaciones incompatibles” con la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, según el Código Penal.

La indagatorias incluyó a Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de Echegaray en la AFIP; a José María Núñez Carmona, amigo de Boudou, y a Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone y quien vivía en un piso en Puerto Madero, cuya propiedad se atribuye al vicepresidente. También figuran los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanusse y Sergio Gustavo Martínez, como “partícipes en diferente grado de la maniobra”.

La solicitud de Di Lello fue presentada al juez federal Ariel Lijo, quien instruye la causa y hasta ahora sólo había realizado audiencias de declaraciones testimoniales, que tenía previsto finalizar en abril próximo con la comparecencia de Echegaray.

El fiscal acusó a Boudou por su vínculo con Vandenbroele y por su actuación en el levantamiento de la quiebra en una nota enviada a la AFIP. Di Lello sostuvo “la existencia de una relación de amistad o de simple conocimiento mutuo entre Boudou y Vandenbroele”, la que el vicepresidente siempre negó, como un elemento más “que demostraría que el funcionario público se interesó en el trámite del levantamiento de la quiebra”. Como prueba señaló que en el departamento allanado de Puerto Madero se encontraron servicios pagados por Vandenbroele.

También dijo que Boudou, como ministro de Economía, contestó un oficio de la AFIP para que vele por los intereses de la empresa y los puestos de trabajo, ante una consulta del organismo recaudador sobre un plan de pagos para Ciccone.

Para el fiscal, Boudou contestó ese oficio “sin que se observen las pruebas legales o políticas de los fundamentos esgrimidos”. “Durante la tramitación de esta causa se pudo establecer que la AFIP, desde 2007 hasta la fecha, ha solicitado unos 500 pedidos de quiebra y/o intimaciones judiciales de pago bajo apercibimiento de solicitud de quiebra, y en ningún proceso se solicitó la intervención del Ministerio de Economía ni éste ha emitido opinión; esto sólo aconteció en el caso de Ciccone SA”, sostuvo.

Connivencia

Di Lello agregó que “el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas con la AFIP, “se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios”. Y que “se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando la AFIP, dos meses antes había pedido la quiebra”.

“Se logró determinar que paralelamente a las vicisitudes del expediente, se realizaban reuniones” entre Ciccone, Reinwick, Amato, Núñez Carmona, Vandenbroele y Boudou. “en las que se resolvía cómo los capitales privados interesados se quedarían con la empresa dedicada a la fabricación de billetes”.

Además, Di Lello requirió la testimonial del presidente del Banco Macro, Jorge Brito. Todos esos testimonios, consignó, son para “ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA. aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone”. (DyN)

Solá exigió la renuncia y Pinedo el juicio político

BUENOS AIRES.- Desde la oposición salieron ayer con fuerza a reclamar, por lo menos, la apertura del juicio político contra Amado Boudou, luego del pedido del fiscal de la causa Ciccone para que indagado por su vinculación con la investigación judicial. Elisa Carrió opinó que “todos le soltaron la mano a Boudou, porque no es un compañero, es de la Unión del Centro Democrático. Así que podría haber una negociación”, pronosticó, y lanzó: “empieza una interna en el PJ para ver quién sucede al vicepresidente”. Felipe Solá reclamó la “renuncia” del jefe del Senado; mientras que Margarita Stolbizer aseguró que el vicepresidente “ha tenido protección política” del “matrimonio Kirchner”. En el medio, también se metió la elección de las autoridades del Senado, prevista para el 26 de febrero. En medios digitales se mencionó la posibilidad de que Gerardo Zamora reemplace a Beatriz Rojkés de Alperovich, en la presidencia subrogante. (DyN)

“No posee fueros porque es miembro del Ejecutivo”

BUENOS AIRES.- El constitucionalista Gregorio Badeni estimó que el vicepresidente, Amado Boudou, no posee “los fueros de los legisladores porque es miembro del Poder Ejecutivo”, pero aclaró que “el juez no puede obligarlo a declarar por la fuerza pública”, excepto que sea “removido por juicio político o renuncia”. “Boudou debería asistir a la indagatoria”, opinó, y dijo que “de no asistir, el juez no puede obligarlo, porque le impediría desempeñar sus funciones constitucionales como vicepresidente”. El especialista aseguró que Boudou podría exponer por escrito y advirtió que cualquiera sea la actitud elegida, “la causa penal puede seguir adelante”. El eventual juicio político a un vicepresidente de la Nación “debe ser iniciado por la Cámara de Diputados con los dos tercios de sus miembros”, dijo. Para el constitucionalista, el vicepresidente de la Nación no tiene “los fueros de los legisladores” “es miembro del Poder Ejecutivo”. (DyN)