19 Septiembre 2012
BUENOS AIRES.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó a la Argentina que ponga fin a los desalojos de las comunidades indígenas hasta que no se defina el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras en disputa.
"Suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas", solicita el informe que presentó el Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
En su investigación sobre la situación en la Argentina, Anaya afirmó que "la grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas".
El Relator Especial de la ONU presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el informe que elaboró en 2011 con 170 testimonios que registró durante su visita a Buenos Aires y otras 10 provincias.
La delegación de la Argentina respondió que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos de esas tierras han sido suspendidos hasta el 23 de noviembre de 2013, pero admitió que "luego de verificar la ausencia de los requisitos exigidos, han ordenado desocupaciones".
El Defensor del Pueblo de Argentina manifestó que "sigue recibiendo denuncias", y que "integrantes de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao de Neuquén, del pueblo Qom de Formosa, del pueblo Omaguaca de Jujuy y del Wichí de Salta, han efectuado reclamos" por incumplimiento de la mencionada ley.
Amenazas y agresiones
Rodrigo Gómez Tortosa, de la ONG argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), comentó que esa ley "tiene un escaso nivel de ejecución", y denunció que el dirigente indígena de la comunidad Qom Félix Díaz "sufrió amenazas y agresiones", en el marco de un conflicto que mantiene por la usurpación de tierras con autoridades de Formosa.
El informe que elaboró Anaya sostiene que los problemas de los indígenas en la Argentina derivan "de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades", que "no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación".
Según datos oficiales, los indígenas en la Argentina son 600.329, el 1,7% de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cifran en dos millones, para constituir unos 30 pueblos autóctonos, asentados preferentemente en provincias del norte y sur de la República Argentina. (DyN-AFP-NA)
Casos
En 2010, hubo dos muertos y cuatro heridos en un desalojo en Formosa. Aborígenes Tobas cortaban la ruta 86 en reclamo de tierras.
En Colalao, Riarte (provincia de Tucumán límite con Salta), el 4 de julio fueron desalojados los miembros de la comunidad Indio Colalao.
En 2009, en Quilmes, Tucumán, 40 familias fueron desplazadas y sus hogares destruidos por 120 policías armados y en brigadas a caballo.
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