Por Juan José Domínguez
09 Enero 2012
Tucumán está al borde de la tragedia. Cada fin de semana, miles de jóvenes están expuestos a situaciones de violencia y al acecho de los delincuentes. Y aunque en el Gobierno supongan que es al revés, factores de notable incidencia son la ley 7.750, que obliga a bares y boliches a cerrar a las 4, y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), el costado represor más visible del gobierno de José Alperovich.
La ley 4AM y el triste protagonismo del IPLA surgieron por decisión unilateral del gobierno, en 2006, tras el homicidio de Paulina Lebbos, que sigue impune.
En la última Navidad un after en El Corte finalizó con un tiro al aire. En un video que circuló por internet se observa a grupos de chicos y chicas peleándose a las trompadas a plena luz del día, visiblemente afectados por el consumo de alcohol -y quizás de drogas-, y después ve con claridad el disparo, efectuado por un patovica con el presunto objetivo de disuadir una escaramuza. Podría haber pasado cualquier cosa. Los afters son un monstruo que creó el gobierno de Alperovich.
Al poner en vigencia este grotesco tope horario, los establecimientos que cierran son los más seguros, entre tanta desprotección: los boliches. Esta ley, además de perjudicar comercialmente a las PyME de la nocturnidad, no logra que los tucumanos vuelvan a sus casas a esa hora. Conceptualmente, además, el IPLA es una dependencia estatal creada para desalentar los excesos causados por el consumo desmedido de alcohol, aunque en los últimos años se convirtió en el órgano de aplicación de las leyes 4AM y antitabaco (7.575). Sí se produjo un avance en el cumplimiento de la restricción a fumar en lugares cerrados, pero nada hace suponer que los hábitos hayan cambiado respecto del límite horario. Los bares y los boliches cierran a las 4 de la mañana, cuando el servicio público de colectivos no funciona: si a la salida del boliche alguien quisiera irse a su casa a descansar, tendrá que esperar por lo menos una hora, en la calle, a la intemperie o al trance de no ser víctima de ladrones y abusadores, hasta que vuelvan a andar los ómnibus. La opción es ir en taxi, hacer dedo o caminar. ¿La seguridad? Bien, gracias.
La meta del IPLA es luchar contra el alcoholismo, pero no parece poner tanto énfasis en el control del expendio a menores de edad, como sí de arruinarles la diversión segura a miles de personas.
Personal del IPLA labra actas en las que, según organizadores de fiestas privadas, se miente haciendo constar que se venden bebidas alcohólicas y entradas. Es decir, inventan infracciones. La meta, suponen, es sólo recaudatoria. Otra ya famosa del IPLA, dicen, es labrar actas por violación de la ley antitabaco. Es fácil: ponen en el papel que se fumaba en un lugar cerrado. No importa si era cierto o no. A quejarse a Magoya.
Desde que rige la trasnochada ley de las 4AM se han contado casos de irregularidades en la tramitación de actas por parte del IPLA, con demandas judiciales; han estado presos inspectores del IPLA acusados de golpear personas; se han producido enfrentamientos que terminaron con personas heridas en los hospitales; y se han multiplicado las denuncias por coimas. "Si la familia no es capaz de controlar a los hijos, entonces tiene que intervenir el Estado", apuntó la interventora del organismo, Clara Esther Tapia, en una evidencia de la mirada oficial: poner orden, y nada más. ¿No sería mejor atacar los excesos con un trabajo menos torpe y clarificar el modo de tramitar los permisos, en vez de cortar la luz en un canchón y desamparar personas?
El Gobierno no toma nota de los reclamos y no replantea su política de nocturnidad. Organismos inservibles como el IPLA y leyes absurdas como la de las 4AM no conducen a ningún lado. ¿Habrá que lamentar una desgracia para que las cosas cambien?
La ley 4AM y el triste protagonismo del IPLA surgieron por decisión unilateral del gobierno, en 2006, tras el homicidio de Paulina Lebbos, que sigue impune.
En la última Navidad un after en El Corte finalizó con un tiro al aire. En un video que circuló por internet se observa a grupos de chicos y chicas peleándose a las trompadas a plena luz del día, visiblemente afectados por el consumo de alcohol -y quizás de drogas-, y después ve con claridad el disparo, efectuado por un patovica con el presunto objetivo de disuadir una escaramuza. Podría haber pasado cualquier cosa. Los afters son un monstruo que creó el gobierno de Alperovich.
Al poner en vigencia este grotesco tope horario, los establecimientos que cierran son los más seguros, entre tanta desprotección: los boliches. Esta ley, además de perjudicar comercialmente a las PyME de la nocturnidad, no logra que los tucumanos vuelvan a sus casas a esa hora. Conceptualmente, además, el IPLA es una dependencia estatal creada para desalentar los excesos causados por el consumo desmedido de alcohol, aunque en los últimos años se convirtió en el órgano de aplicación de las leyes 4AM y antitabaco (7.575). Sí se produjo un avance en el cumplimiento de la restricción a fumar en lugares cerrados, pero nada hace suponer que los hábitos hayan cambiado respecto del límite horario. Los bares y los boliches cierran a las 4 de la mañana, cuando el servicio público de colectivos no funciona: si a la salida del boliche alguien quisiera irse a su casa a descansar, tendrá que esperar por lo menos una hora, en la calle, a la intemperie o al trance de no ser víctima de ladrones y abusadores, hasta que vuelvan a andar los ómnibus. La opción es ir en taxi, hacer dedo o caminar. ¿La seguridad? Bien, gracias.
La meta del IPLA es luchar contra el alcoholismo, pero no parece poner tanto énfasis en el control del expendio a menores de edad, como sí de arruinarles la diversión segura a miles de personas.
Personal del IPLA labra actas en las que, según organizadores de fiestas privadas, se miente haciendo constar que se venden bebidas alcohólicas y entradas. Es decir, inventan infracciones. La meta, suponen, es sólo recaudatoria. Otra ya famosa del IPLA, dicen, es labrar actas por violación de la ley antitabaco. Es fácil: ponen en el papel que se fumaba en un lugar cerrado. No importa si era cierto o no. A quejarse a Magoya.
Desde que rige la trasnochada ley de las 4AM se han contado casos de irregularidades en la tramitación de actas por parte del IPLA, con demandas judiciales; han estado presos inspectores del IPLA acusados de golpear personas; se han producido enfrentamientos que terminaron con personas heridas en los hospitales; y se han multiplicado las denuncias por coimas. "Si la familia no es capaz de controlar a los hijos, entonces tiene que intervenir el Estado", apuntó la interventora del organismo, Clara Esther Tapia, en una evidencia de la mirada oficial: poner orden, y nada más. ¿No sería mejor atacar los excesos con un trabajo menos torpe y clarificar el modo de tramitar los permisos, en vez de cortar la luz en un canchón y desamparar personas?
El Gobierno no toma nota de los reclamos y no replantea su política de nocturnidad. Organismos inservibles como el IPLA y leyes absurdas como la de las 4AM no conducen a ningún lado. ¿Habrá que lamentar una desgracia para que las cosas cambien?
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