06 Noviembre 2011
"El aumento se viene, al menos en gas y electricidad", dijo Daniel Scioli el martes 12 de agosto de 2003, en San Miguel de Tucumán. Luego de ese anuncio fallido del entonces vicepresidente, Néstor Kirchner ordenó quitarle toda influencia, hasta dejarlo sin más resortes de poder que su despacho en el Senado. Vale la pena recordar lo que arguyó Scioli aquel día para descontar el aumento de tarifas: "la suba del gas y la electricidad va a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía".
A la crisis de 2001 le siguió un congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Es que con la caída de Fernando de la Rúa y la llegada de Eduardo Duhalde al poder, junto con una maxi-devaluación se produjo otro efecto: la salida del sector financiero (bancos y fondos privados de jubilaciones) y de firmas de servicios públicos privatizadas del núcleo de empresas políticamente influyentes. Esas compañías gozaron de trato benévolo por parte del Estado en la convertibilidad.
La crisis de 2001 "puso en el freezer" a las empresas de servicios públicos privatizadas y Kirchner ejecutó una estrategia que evitó un impacto de las tarifas en los bolsillos de millones de hogares. Aquellas primeras decisiones políticas -que contradijeron los anuncios apresurados de Scioli en 2003- se dieron en un contexto de alto desempleo, altos niveles de pobreza y de indigencia.
En ese escenario empezaron a destinarse ayudas que financian parte del gasto de cada familia en servicios públicos. Desde entonces, dirigentes políticos, ex funcionarios y técnicos vinculados a empresas privatizadas vienen anunciando una gran crisis en el sector energético, que nunca terminó de estallar. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional realizó obras para ampliar la infraestructura energética.
La cuestión de los subsidios comienza a ser analizada por la Nación por otro tema: su creciente incidencia en el gasto público. Estudios privados indican que hoy la ayuda ronda los $ 70.000 millones por año: 20 veces más que en 2005. El anuncio de un primer recorte de $ 600 millones a algunos sectores y el inicio de un análisis por áreas para determinar la viabilidad o no de los subsidios es una medida que sigue la línea kirchnerista, en la que parecen primar los tiempos y formatos de decisiones políticas más que las técnicas.
Tampoco parece guardar relación este esquema de revisión de subsidios con la mecánica de los llamados sinceramientos de tarifas, que se daban en el marco de los planes de ajuste iniciados en los 60. Aquellas subas de tarifas bruscas con congelamiento salarial tenían como fin un inmediato quite de circulación de moneda y una reducción del consumo, para de enfriar los niveles de actividad económica.
La coyuntura actual es distinta: más que un frenazo de la economía para reducir las presiones salariales y los niveles de inflación, lo que el Gobierno busca es mantener niveles adecuados de crecimiento económico, que eviten impactos negativos de la crisis financiera internacional.
Resulta difícil vaticinar cuáles serán las decisiones de la comisión creada para revisar el actual esquema de subsidios, aunque cuesta pensar que el kirchnerismo vaya a aplicar un plan de acción que enoje a la mayoría de los votantes que ratificaron la continuidad de la actual gestión y la marcha de la economía.
A la crisis de 2001 le siguió un congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Es que con la caída de Fernando de la Rúa y la llegada de Eduardo Duhalde al poder, junto con una maxi-devaluación se produjo otro efecto: la salida del sector financiero (bancos y fondos privados de jubilaciones) y de firmas de servicios públicos privatizadas del núcleo de empresas políticamente influyentes. Esas compañías gozaron de trato benévolo por parte del Estado en la convertibilidad.
La crisis de 2001 "puso en el freezer" a las empresas de servicios públicos privatizadas y Kirchner ejecutó una estrategia que evitó un impacto de las tarifas en los bolsillos de millones de hogares. Aquellas primeras decisiones políticas -que contradijeron los anuncios apresurados de Scioli en 2003- se dieron en un contexto de alto desempleo, altos niveles de pobreza y de indigencia.
En ese escenario empezaron a destinarse ayudas que financian parte del gasto de cada familia en servicios públicos. Desde entonces, dirigentes políticos, ex funcionarios y técnicos vinculados a empresas privatizadas vienen anunciando una gran crisis en el sector energético, que nunca terminó de estallar. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional realizó obras para ampliar la infraestructura energética.
La cuestión de los subsidios comienza a ser analizada por la Nación por otro tema: su creciente incidencia en el gasto público. Estudios privados indican que hoy la ayuda ronda los $ 70.000 millones por año: 20 veces más que en 2005. El anuncio de un primer recorte de $ 600 millones a algunos sectores y el inicio de un análisis por áreas para determinar la viabilidad o no de los subsidios es una medida que sigue la línea kirchnerista, en la que parecen primar los tiempos y formatos de decisiones políticas más que las técnicas.
Tampoco parece guardar relación este esquema de revisión de subsidios con la mecánica de los llamados sinceramientos de tarifas, que se daban en el marco de los planes de ajuste iniciados en los 60. Aquellas subas de tarifas bruscas con congelamiento salarial tenían como fin un inmediato quite de circulación de moneda y una reducción del consumo, para de enfriar los niveles de actividad económica.
La coyuntura actual es distinta: más que un frenazo de la economía para reducir las presiones salariales y los niveles de inflación, lo que el Gobierno busca es mantener niveles adecuados de crecimiento económico, que eviten impactos negativos de la crisis financiera internacional.
Resulta difícil vaticinar cuáles serán las decisiones de la comisión creada para revisar el actual esquema de subsidios, aunque cuesta pensar que el kirchnerismo vaya a aplicar un plan de acción que enoje a la mayoría de los votantes que ratificaron la continuidad de la actual gestión y la marcha de la economía.
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