Los beneficios de la onda expansiva

"Los quiero en cana a todos". No fue una simple frase. No se trataba de una mera directiva. Quienes presenciaron la reunión dicen que las personas a quienes estaba dirigido el mensaje bajaron la cabeza. No porque su interlocutor estuviera enojado. Lo que denotada era preocupación. A él, al que todo le gusta tener todo bajo control, se le había desmadrado la realidad. A él, acostumbrado a marcar la agenda de la provincia, se le había cruzado en el camino un problema que no sabía cómo enfrentar. "Los quiero presos a todos. No quiero que ni uno de los tipos que vende droga en Tucumán camine tranquilamente por la calle, ¿está claro?", preguntó José Jorge Alperovich. El subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario Fabián Salvatore, bajaron la cabeza y, casi al unísono, dijeron lo único que podían decir: "sí, señor".
No es la primera vez que Alperovich reacciona de este modo cuando la inseguridad se mete de lleno en la actualidad provincial. La reforma del Código Procesal dio pie a la frase "hay unos 400 delincuentes que la Policía ya tiene identificados y, si son detenidos, habrá más seguridad". La Policía respondió a sus deseos: apresó decenas de asaltantes... e hizo que colapsara el sistema penitenciario: ya no hay dónde alojar detenidos, ni en las cárceles ni en las comisarías.
El jefe de Policía, Hugo Sánchez, reconoció que es mucho más fácil investigar un robo que la venta de droga. "Seguir a narcotraficantes puede llevar meses", afirmó. También, aunque no abiertamente, se quejó de la inacción de fuerzas federales, Gendarmería Nacional o la Policía Federal, en un tema tan delicado como el combate contra el narcotráfico. "La Digedrop es la dependencia que más procedimientos hizo en Tucumán en materia de droga", aseguró.
Funcionarios, legisladores y hasta jueces federales de Tucumán dicen que siempre hubo tráfico y consumo de droga en la provincia y que esta no es una problemática nueva. Pero las estadísticas demuestran que durante enero se batieron récords de procedimientos, y que estos derivaron en allanamientos y en detenidos. Bastó que el escándalo de los vendedores de droga de la Costanera explotara públicamente: todos, desde la Policía hasta la Justicia Federal, más expeditiva que en otras ocasiones, se dieron cuenta de que la onda expansiva podía alcanzarlos y se pusieron a hacer lo que debían hacer: investigar, probar y detener. Pero, como advertía una alta fuente judicial, esto recién comienza.
El sábado se desmanteló una red de distribuidores de droga. Tal vez la más conocida de Tucumán. Villa 9 de Julio era sindicada por vecinos e investigadores como uno de los puntos donde se hacían las ventas más importantes de la provincia. En la última década se encontraron tres cocinas de estiramiento de cocaína en la capital. Sánchez admitió que hay en marcha al menos 11 investigaciones similares a las que derivaron en los allanamientos de Villa 9 de Julio. Los traficantes están nerviosos. Las amenazas contra vecinos y la pedrea contra periodistas de LA GACETA así lo demuestran. Hoy están en el ojo de la tormenta. Se están cuidando, pero no por eso dejan de vender; sólo trasladan la droga a otros puntos intentando que no los sorprendan. De todas formas, ningún dealer tiene en su poder grandes cantidades de cocaína o de marihuana. Apenas reciben un cargamento lo distribuyen en distintos quioscos. Por eso cuando se concretan allanamientos jamás se secuestran más de dos o tres kilos de droga, en general ya fraccionada. Lo del sábado es un ejemplo: se hicieron operativos en seis casas, en todas se encontró droga, pero el peso total no llegaba a 1,5 kilo.
Sánchez también tiene razón cuando dice que es imposible erradicar toda la droga de la provincia. No lo logró ningún país del mundo. Pero sí se puede controlar y sacar de circulación los vendedores. En Tucumán hay 8.000 policías, 500 gendarmes y unos 300 policías federales. ¿Y las tareas de Inteligencia? Es cierto que no todos están dedicados a la investigación del narcotráfico, pero las denuncias de los vecinos, el boca a boca y el rumor siempre pueden dar lugar a un operativo exitoso. Los mismos lectores hacen referencia en LA GACETA.com a puntos exactos dónde se vende droga. Resulta que en la seccional 10a, ubicada a cuatro cuadras de la casa de los Toro, donde se hicieron los operativos el sábado, dicen que nadie sabía lo que estaba pasando. En la comisaría de Banda del Río Salí o en la de Güemes o en el destacamento Soldado Tucumán o en la seccional 11a, todas las que tienen jurisdicción en la zona de la Costanera, afirman que nadie manejaba información de que los vendedores de "paco" trabajan en plena calle, esclavizando incluso a los consumidores. ¿Y qué pasa en el interior? ¿No se vende droga en Famaillá, en Monteros, en Concepción, en Trancas, en San Pablo, en Aguilares, por sólo nombrar algunas ciudades? Complicado investigar esto para la Digedrop, teniendo en cuenta que, además de la sede de la capital, cuenta únicamente con una delegación en Concepción, en la cual trabajan siete policías.
Las palabras de Alperovich pueden tener un efecto beneficioso. La actual estructura de la Digedrop no permite hacer realidad su deseo de "meter presos a todos". Además de nuevos vehículos, reactivos y computadoras, se necesita personal y capacitación. Hasta hoy, el Estado no encaró la lucha contra los dealers como una política de Estado, ni tampoco el tratamiento de los adictos ni la asistencia social a sus familias. Ahora los jueces federales empezaron a tener en cuenta, sin perder de vista los derechos constitucionales, que una investigación de un año puede derivar en un fiasco. Las filtraciones están al orden del día (¿acaso Daniel "Ordóñez" Tévez no estaba esperando a la Policía junto con su abogado cuando allanaron su casa a mediados de mes por el robo de un celular?) y los mismos magistrados saben que son muy pocas personas en las que pueden confiar. Los vecinos son hoy los protagonistas. Con sus denuncias obligaron a las fuerzas de seguridad y a la Justicia a dar respuestas. La lucha no es contra delincuentes menores. Se trata de traficantes de muerte. Si al combate se suman todos "los buenos", "los malos" retrocederán. Aunque la batalla no terminará nunca.