Una testigo denunció que había recibido amenazas por teléfono

Como todo lo relacionado con Mario “Malevo” Ferreyra, la citación de la Justicia Federal para que declarara como imputado -por violaciones a los derechos humanos- estuvo precedida por una serie de peripecias, incluida una denuncia en Buenos Aires de que el ex policía, supuestamente, había amenazado a una testigo por teléfono.
El 11 del corriente, Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, dispuso la comparecencia de Ferreyra por la desaparición de un militante de izquierda, hecho ocurrido en Ranchillos en setiembre de 1976. El juez subrogante recurrió al artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, que autoriza la detención del imputado, con la sola finalidad de que sea llevado en presencia del magistrado.
Bejas optó por esta variante, porque estaba en conocimiento de que en un juzgado de Morón, provincia de Buenos Aires, una mujer denunció que había recibido amenazas telefónicas y creyó haber identificado la voz del “Malevo”.
El testimonio de la mujer, que se encuentra comprendida dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, sería importante en relación con las personas que estuvieron detenidas clandestinamente en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga durante la dictadura militar. Precisamente, allí se lo vio al militante por cuyo secuestro había sido citado Ferreyra.

Idas y vueltas
Bejas había librado la orden para que personal de Gendarmería Nacional se presentara en los domicilios que había denunciados sobre Ferreyra. No obstante, el jueves 13 los gendarmes informaron que no lo habían encontrado y que en ellos vivían otras personas. Por esta razón, el juez federal amplió la disposición para que fuera cumplida (la detención) en el lugar en el que pudiera ser encontrado.
Hace tres días, plenamente consciente de que la Justicia lo requería, Ferreyra se comunicó con medios de prensa y amenazó a Alicia Noli, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, a la abogada Laura Figueroa, y criticó al propio Bejas. La secretaria de Derechos Humanos del Juzgado, Virginia Duffy, labró un acta y, como consecuencia, Bejas declaró en rebeldía al imputado y notificó la decisión al Ministerio de Justicia de la Nación, para que las fuerzas federales procedieran a capturarlo donde lo hallaran.