La presión fiscal y los costos fijos agobian a las pymes

Las pequeñas y medianas empresas (PyME) demostraron que, frente a la crisis, pueden adaptarse más rápidamente que las grandes compañías. Son, por definición, flexibles y hasta generadoras permanentes de mano de obra. Sin embargo, frente a la recuperación de la economía posdevaluación, el sector está reclamando soluciones para alcanzar una mayor competitividad y, por sobre todo, para sobrevivir.
En el nuevo escenario económico del país, las PyME piden al Estado que baje la presión impositiva, con la aplicación de políticas diferenciales. Pero, además, que no contribuya al aumento de los costos financieros para ejercer la actividad, como en el caso de los aumentos salariales o del reajuste en las tarifas de los servicios. "Nuestros empresarios PyME buscan proteger los exiguos márgenes, financiándose con mora en los pagos de impuestos y a proveedores o con el subempleo. En una palabra, postergando decisiones en una alarmante actitud de negación de la realidad", dice el consultor Alberto Ziperovich, al referirse a los inconvenientes que padece el sector para desarrollarse en un escenario de elevados costos fijos. Según el especialista, no puede achacarse al sector todos los males de la economía informal. "No hay duda que son las principales generadoras de mano de obra, pero no revisten ninguna responsabilidad en la situación de desfinanciamiento y de descapitalización que arrastran desde fines del siglo pasado", aclara Ziperovich.
De acuerdo con el último censo nacional económico, efectuado en 2005, en Tucumán hay 38.000 pequeñas unidades económicas que, por su nivel de facturación y por el plantel de personal que poseen, pueden ser consideradas como PyME. Según sostiene el titular de Apyme Tucumán, Eduardo Temkin, el Estado debe promover políticas activas para el sostenimiento de la actividad, no sólo a través de regímenes impositivos especiales, sino también por mecanismos de financiamiento a tasas razonables.
Una de las alternativas propuestas por Apyme en la discusión salarial es que el Estado promueva medidas que tiendan a mejorar la capacidad adquisitiva del sueldo. Por ejemplo -señala Temkin-, podría bajar la alícuota del IVA para alimentos de la canasta familiar. "Acciones en este sentido pueden mejorar el poder adquisitivo y bajar la presión para pedir aumentos de salarios", acota.
De acuerdo con la experiencia recogida en foros nacionales e internacionales, el director ejecutivo de la Fundación Ideapyme, Alejandro Maglione, sostiene que muchos países del mundo tienen políticas eficientes para el sector PyME sobre la base de dos aditamentos fundamentales:
Acciones que emergen de un organismo estatal que, por lo general, suele tener nivel de Ministerio.
La asociación de pequeñas empresas en organizaciones intermedias serias que mantienen una relación dinámica y productiva con el organismo del Estado que se ocupa de ellas.
Según Maglione, "hoy el llamado de la era de la globalización habla más de transformación, profesionalización, mejores planes de negocio, integración eficiente en la cadena de valor de las grandes empresas, acceso al crédito a tasas razonables, que de capacitación exclusivamente en las PyME".
Frente a este escenario, los empresarios del sector consideran que el Estado debe contribuir con decisiones que permitan el desarrollo de la actividad, con el fin de darle valor agregado a la producción y, por ende, afianzar la economía regional. Sólo de esa manera se puede contribuir a la equidad social, en un marco económico de sana competitividad y con generación plena de empleo, cuestiones estas que aún están pendientes en Tucumán.