La diputada nacional Lidia Ascárate (UCR-Juntos por el Cambio) expresó su "indignación" por el caso de Noelia Soledad Sosa, la joven que se quitó la vida en Trancas luego de que no le tomaran una denuncia por violencia de género, y por cuyo caso fue removida la cúpula policial de la comisaría de ese pueblo.

“Tucumán parece no haber aprendido nada de lo que ocurrió con Paola Tacacho”, dijo aseguró la dirigente radical, en referencia a la joven salteña que en 2020 fue asesinada en la vía pública tras denunciar más de 13 veces a su agresor. En este sentido, la legisladora nacional sostuvo que “Noelia fue víctima del mismo sistema que acabó con la vida de miles de mujeres en la provincia”.

A su vez, Ascárate acusó a las autoridades por no cumplir con los protocolos “Una vez más, Tucumán es noticia por la tragedia. Quienes deberían haber intervenido para salvar la vida de Noelia, no cumplieron con ninguno de los protocolos establecidos en caso de violencia de género”, indicó.

En este sentido, la diputada presentó un pedido de informe dirigido especialmente al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, para que brinde remita la documentación respecto al cumplimiento de los protocolos.

“Manzur no puede hacerse el distraído con este tema. Exigimos una respuesta y un compromiso serio de su parte con todas las víctimas. Con las que ya no están, y con las que todavía están sufriendo a escondidas y en silencio. Tenemos la obligación de darles una respuesta y remover a la cúpula policial no es una respuesta”, sostuvo.

Agregó que "una de las principales razones por la que falla la Policía en estos casos es por la falta de perspectiva de género y capacitación de todo el personal policial para este tipo de situaciones de violencia".

"Cuando se realiza una denuncia no se cumplen los protocolos existentes, ni existe un acompañamiento psicológico. No se garantiza la integridad física de la víctima, ni tampoco se asigna a quien hará el seguimiento de los casos de violencia” expresó.

Ascárate sostuvo que a pesar de los esfuerzos institucionales y los importantes cambios culturales, "todavía persisten inequidades en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas". “El Estado nacional y el provincial tienen la responsabilidad de asistir, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres, como así también de brindar herramientas y recursos preventivos, judiciales, sociales, educativos y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia que impiden la igualdad entre varones y mujeres”, señaló.