Justo cuando la Fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado para darle su apoyo y sostener que "un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita".

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"No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner" con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, señaló la central sindical, y agregó que "el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex presidenta y de todo el peronismo".

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La CGT rechazó en el texto "la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional".

"Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento", afirmó la central sindical.

Además, el Consejo Directivo Nacional aseguró que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito".

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"El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación", completó.

En tanto, la Corriente Federal de Trabajadores repudió el "nefasto accionar judicial de los fiscales que en medio de un show mediático y sin prueba alguna intentan justificar una absurda condena contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner".

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"Asimismo, respaldamos el pedido de la Vicepresidenta de la Nación para ejercer efectivamente su derecho a defensa en juicio y hacemos un llamado al pueblo todo para mantenernos en alerta e impedir el avasallamiento democrático por parte del partido judicial, cuyo deleznable objetivo no es otro más que proscribir a quien es la mayor referente en defensa de los intereses de la Nación y del pueblo argentino", añadió.

El fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado. En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos $ 5300 millones.

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Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.