La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos), recibió un revés en el juicio por la causa "Vialidad", en la que está imputada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a extraer fondos estatales mediante el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el viernes todas las recusaciones que habían sido planteadas hacia dos de sus integrantes, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini; y hacia los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Todas las recusaciones habían sido formalizadas tras una audiencia en la que las defensas de varios de los imputados -entre ellos, la de Cristina Kirchner- expusieron los motivos por los cuales creían que la objetividad de los magistrados estaba en tela de juicio.

Por un equipo de fútbol

Las principales recusaciones habían sido las planteadas contra el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, por haber compartido un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que, además, disputó encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri, según los defensores.

"Creo que estamos ante una situación realmente muy grave que debe ser analizada en su conjunto. Todo esto ha herido de muerte la credibilidad de este juicio", sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de las recusaciones presentadas este viernes por la defensa de la Vicepresidenta contra el juez Jorge Gorini, a quien se reprocha haber visitado la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron rechazadas in límine por los tres jueces del TOF 2: Giménez Uriburu, Andrés Basso y el propio Gorini.

Este viernes por la mañana, en la audiencia del juicio, Gorini había explicado los motivos por los que, en dos oportunidades, concurrió a la Casa de Gobierno para mantener una reuniones con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El magistrado sostuvo que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos "en pijama" del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención: Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la tragedia del tren de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme, y dijo que solicitó la reunión con Bullrich para garantizar que se evitaran situaciones como aquella.

La segunda reunión invocada en la recusación en su contra -y publicada el viernes por medios periodísticos porteños- fue por un tema de su seguridad personal, explicó el magistrado.

Las razones del rechazo

En el caso de las recusaciones interpuestas contra el presidente del TOF 2, Giménez Uriburu y los fiscales Luciani y Mola, el rechazo se produjo tras el debate en la audiencia y el fallo está firmado únicamente por los jueces Gorini y Basso.

"Luego de haberse analizado los limitantes normativos relativos a la recusación intentada -su evidente extemporaneidad y la inaplicabilidad del supuesto reclamado en virtud de la regla del artículo 56 del Código Procesal Penal de la Nación-, resta señalar que, tras sustanciarse las recusaciones planteadas, tampoco encontramos configurado el grado de amistad al que alude la norma cuando dispone el apartamiento de jueces y magistrados en función de su vínculo con los interesados en el proceso", sostuvieron Gorini y Basso.

Consideraron que, "en efecto, tanto el doctor Luciani como el doctor Giménez Uriburu han dado cuenta de los pormenores de la relación que los une, explicando los espacios en los que han coincidido en el pasado y también los límites que enmarcan su vínculo".

"En base a la información que aportaron en la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha y en el escrito presentado, respectivamente, nos encontramos ante la evidencia de que la 'íntima amistad' por la que las defensas pretenden su recusación, no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión", concluyeron en el fallo.

Claves de la causa "Vialidad"

Junto con Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas "K"; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del Gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.

La UIF solo pidió condena para los funcionarios de Vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones, ya que informaron que las obras en la provincia estaban terminadas, cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.

Tras la feria judicial, el juicio se reinició con las exposiciones de Luciani y de Morla. Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, se perpetró una "colosal defraudación" a las arcas del Estado nacional mediante el direccionamiento de obras públicas en favor de las empresas de Báez, durante la década de gobierno kirchnerista. Además, muchos de los proyectos, según la hipótesis de los investigadores, fueron abandonados sin ser finalizados. 

Luciani aseguró que Lázaro Báez fue un empresario “creado” para hacerse de los negocios y estafar al Estado. “De un día para el otro se convirtió en empresario de construcción. De un día para el otro pasó de ser empleado de banco a ser empresario de la construcción (...). De un día para el otro, el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz”, expuso. Dijo que esto fue posible porque estaban detrás “los principales responsables de la organización” y una “estructura estatal corrupta lo avalaba”.