MARIÚPOL, Ucrania.- El último grupo de fuerzas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal de Mariúpol se ha rendido, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

La caída de la acería marca el fin de un asedio de semanas a la última resistencia en la ciudad bombardeada casi desde el principio de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero.

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“El territorio de la planta metalúrgica de Azovstal (...) ha sido completamente liberado”, dijo el ministerio ruso en un comunicado.

El grupo que se rindió está formado por las últimas 531 personas que quedaban en el lugar.

En los búnkeres y túneles de la planta bombardeada miles de personas soportaron durante semanas el asedio más destructivo de la guerra.

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Ucrania ordenó el lunes el abandono de la guarnición. Horas antes del anuncio ruso, el presidente Volodímir Zelenski dijo que los militares ucranianos habían comunicado a quienes todavía resistían en el lugar que podían salir y salvar sus vidas, y que lo más probable es que todos salieran en los próximos días.

“Las instalaciones subterráneas de la empresa quedaron bajo el control total de las fuerzas armadas rusas”, según el comunicado de Moscú, que añadió que un total de 2.439 personas se rindieron en los últimos días.

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Entre ellos había heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a Novoazovsk, que se encuentra en la zona controlada por la autoproclamada República Popular de Donetsk.

Prisioneros de guerra

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maljar, habló de la evacuación de los soldados de la planta siderúrgica y aseguró que volverían a casa mediante un procedimiento de intercambio de prisioneros. Zelenski también expresó su esperanza de salvar la vida de los soldados. “Ucrania necesita héroes ucranianos vivos”, subrayó.

Hasta ayer, no había una respuesta de parte de Rusia sobre una posible negociación para un intercambio, y hay preocupación en organismos internacionales acerca del tratamiento que recibirán los prisioneros.

El presidente de la Duma Estatal rusa, Viacheslav Volodin, llegó a considerar que los prisioneros, a los que llama “criminales nazis”, no deberían ser devueltos a Ucrania. El 26 de mayo, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa decidirá si clasifica al Regimiento Azov como “organización terrorista” y, por tanto, si lo prohibe en Rusia. La solicitud de la Fiscalía General de Rusia se debatirá a puerta cerrada.

El presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma y miembro de la delegación rusa en las conversaciones con Kiev, Leonid Sluzki, propuso el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte que está en vigor en Rusia desde 1996, específicamente para juzgar a los soldados del regimiento Azov. “Hay que demostrar al mundo entero que los nacionalistas ucranianos sólo merecen la pena de muerte”, reclamó.

Si Rusia sigue adelante con esa amenaza, estaría incurriendo en una clara violación del derecho internacional, según expertos en derecho de guerra, como el ex militar alemán y ex general de la OTAN Egon Ramms.

“Los soldados que han sido evacuados de Mariúpol, incluidos los heridos, son prisioneros de guerra, de acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949. Si escucho que hay diputados de la Duma que de repente amenazan con la pena de muerte, entonces es evidente que esos diputados rusos no han interpretado correctamente la base legal o están empezando a cometer de nuevo un crimen de guerra”, dijo Ramms, citado por la cadena alemana Deutsche Welle.

Los Convenios de Ginebra relativos al trato que se debe dar a los prisioneros de guerra fueron adoptados en agosto de 1949.

El artículo 13 dice: “Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la potencia que sustenta la detención, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder.”

Los prisioneros de guerra no pueden ser castigados por su participación como soldados en el conflicto, pero sí por crímenes de guerra. Por ello, tienen derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio justo. (Reuters, Especial)