Urge terminar con las 1.022 casas vandalizadas

La Legislatura va a tratar este jueves una norma para que se pueda iniciar la reconstrucción de 1.022 viviendas sociales que se concluyeron hace más de cinco años en Manantial Sur, nunca se entregaron por falta de infraestructura y fueron vandalizadas durante la cuarentena. El Poder Ejecutivo solicita una modificación a la ley 9.472, aprobada en diciembre, en relación a la actualización de los montos que recibieron las empresas contratistas que paralizaron las obras en su momento

Las viviendas de Manantial Sur son una dolorosa rémora del Estado. Se trata de un enorme barrio que comenzó hace casi 10 años, que quedó trunco por una serie de complicaciones que agravaron la situación hasta llegar al tremendo resultado de las 1.022 casas vandalizadas. Las demoras fueron causadas por una larga controversia entre constructoras y la Sociedad Aguas del Tucumán para la construcción de infraestructura, por las desavenencias con respecto a la actualización de precios y luego, durante la pandemia, por la falta de custodias –entre las empresas y la Policía- para vigilar las viviendas.

El largo conflicto llevó al pedido de la Cámara Tucumana de la Construcción para que se rescindiera los contratos y se pudiera adherir a un programa nacional para reiniciar las obras. De eso se trató la norma que se aprobó en diciembre. En la propuesta de ahora, se solicitan aclaraciones y ampliaciones rescindir los convenios suscriptos en 2019, donde se establecía que los desembolsos que fueron percibidos por las empresas aquel año serán considerados como pago a cuenta, a valor actualizado. Ahora se especifica que “tanto por la situación sanitaria por la pandemia covid-19 como por la ruptura de la ecuación económica financiera que la paralización produjo, no correspondería la actualización de las sumas oportunamente percibidas, siendo necesario que esta ley establezca que los mismos serán a valor histórico”.

Fuentes gubernamentales indicaron que se realizó un relevamiento, casa por casa, sobre los costos que tendrá recuperar y equipar nuevamente las viviendas desarrolladas a través del IPV. “Hay un preacuerdo con las empresas sobre la valorización de las viviendas. Se cotiza cuánto dinero falta para concluir cada casa, se resta lo adelantado y ahí se entregan los fondos”.

Se trata de un nuevo replanteo ante un problema complejo, puesto que la actualización de 2019 había implicado una reasignación de fondos ($ 246 millones) para rehacer casas que ya se habían construido, y ahora habrá una erogación de entre $ 350 millones y $ 400 millones. Es decir que el Estado está gastando enormes cantidades de dinero de más por un barrio que debió ser entregado hace años y, por la actualización que hay que hacer de una norma aprobada en diciembre, es evidente que no se ha encontrado la forma de resolver el problema con rapidez y eficiencia.

Cabría esperar que se logre articular una norma que realmente permita avanzar hacia el fin de esta larga complicación, que daña a los adjudicatarios y a la comunidad toda, que es la que termina pagando por estas desavenencias. Asimismo, sería importante que se delimite claramente las responsabilidades en la falta de cumplimiento y de cuidados, y que se revise sustancialmente los protocolos de trabajo que han permitido que la burocracia, y, en muchos casos, las acciones negligentes o mal implementadas, han llevado a esta situación incomprensible.