El Gobierno nacional prácticamente cerró ayer la negociación con los empresarios de alimentos y limpieza de consumo masivo y espera tener para las próximas horas confeccionada la nueva lista de precios congelados hasta fin de año, que incluirá como máximo unos 1.650 productos, aunque el número final podría diferir.

Cabe recordar que el lunes y las primeras horas de ayer, hasta cerca del mediodía, la Secretaría de Comercio Interior y las compañías principales del sector de alimentos y de limpieza, que conforman la mayor parte de la canasta de consumo masivo, intercambiaron un ida y vuelta para “depurar” el catálogo preliminar que había difundido en las últimas horas el Poder Ejecutivo.

Concluido el plazo de negociación de las “12 horas de prórroga”, en la Secretaria a cargo de Roberto Feletti afirmaron que la intención era llegar a un acuerdo que no implique establecer el congelamiento a través de un decreto, como ocurrió con los Precios Máximos y que en las próximas horas los técnicos de la Secretaría elaborarán el listado definitivo con las devoluciones que hicieron las empresas para cada caso.

Sin embargo, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) advirtió, a través de un duro comunicado, que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

Negociación

Al conocer el comunicado, la Secretaría convocó a una reunión de urgencia con las autoridades de la Copal encabezadas por su titular, Daniel Funes de Rioja, y representantes de los supermercados para tratar de encaminar la negociación.

La misiva de los empresarios precisaba que “los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector”. “Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, sostuvo la Copal.

Y agrega: “los datos del Indec evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) la que tracciona en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, un 2,9%”.

“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, afirmó Funes de Rioja. Y resaltó que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”. “Estamos abiertos al diálogo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompañar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios”.

En tanto, en Comercio Interior afirmaron que las observaciones y propuestas desde la Copal se incorporarán. “Hasta el mediodía se recibieron y van a ser consolidadas en un listado. Apostamos a que haya acuerdo. La situación es que en la primera quincena de octubre se vio una aceleración de precios irracional. Nosotros queremos dialogar pero todo ese trabajo no se puede hacer con aumentos de productos de consumo masivo que están fuera de cualquier tipo de sensatez”, afirmaron fuentes oficiales.

El temor de las compañías es que el Gobierno determine la medida a través del Boletín Oficial, como lo fue la resolución 100 que estableció la creación del programa Precios Máximos al inicio de la pandemia, y que implicó un eje de tensión permanente entre las empresas y las autoridades durante casi un año para eliminar ese congelamiento.