Habrá un descongelamiento de las tarifas del transporte de pasajeros durante el primer trimestre del año que viene, pero el Gobierno nacional aún no definió cuánto será el porcentaje. Sólo dio algunas pistas. Por ejemplo, que los futuros aumentos estén atados a la inflación y a la evolución de los salarios. 

“Desde marzo de 2019 que no hay ajustes tarifarios en el área metropolitana, hay un retroceso importante en ese sentido. Claro que se da en el marco de que hay miles y miles de personas en el área metropolitana que han perdido el empleo, que no tuvieron aumento salarial, por lo tanto tenemos que lograr una combinación muy ajustada entre cuánto se aumenta para sostener el sistema y cuánto es el impacto sobre el salario de los trabajadores”, afirmó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, al revelar que se analiza la actualización tarifaria.

Si bien la discusión de fondo se centraliza en torno de los servicios que se prestan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el reajuste no tardará en federalizarse y en afectar la política de subsidios. De acuerdo con un  análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el paquete de subsidios corrientes es de $182.173 millones que significa el 0,5% del Producto Bruto Interno con un aumento para los colectivos y una caída para los trenes, cita el portal Infobae.com. 

Esta cifra en términos reales significa un incremento de 1,3% con respecto a los fondos destinados durante este 2020. Si se divide en AMBA e interior, los colectivos que transitan por el distrito de la Ciudad y el Conurbano recibirán $99.000 millones que significa una suba de 3,3% año versus año, mientras que el resto de las provincias lograron “arrancarle” $7.000 millones al Gobierno y subieron de $13.000 a $ 20.000 millones.

Sostener los actuales valores del servicio de transporte dependerá también, en gran medida, de los aportes que pudieran efectuar las provincias para sostener el esquema de subsidios. En el caso tucumano, esa ha sido una de las grandes discusiones de este año, caracterizado no sólo por la pandemia, sino por los prolongados contratiempos en el sistema que derivó en paros de choferes y paralización del servicio.

La cuestión tarifaria desvela al Gobierno, en víspera de un proceso electoral, el primero desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Nación. El secretario de Energía, Darío Martínez, anticipó el mes pasado el descongelamiento de las tarifas del servicio de electricidad a partir de fines de este mes. ”El incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder consumir energía, porque eso sino nos generaría recesión en otras actividades”, dijo en aquella oportunidad.

De acuerdo con los analistas del mercado energético, aplicar un reajuste tarifario entre marzo y mayo del año que viene implicará un impacto justo en los meses previos a la convocatoria electoral para renovar parcialmente la composición del Congreso. Los aumentos son "piantavotos", reconocen en el Ejecutivo provincial, que espera algunas definiciones sobre el esquema de la tarifa social, con lo que se amortiguaría el impacto de las subas.

Días pasados, trascendió que otros servicios también sufrirían incrementos. En este aspecto, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), Gustavo López, tuvo que salir a decir que ese organismo no autorizó "subas (de hasta un 20%) en las tarifas de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil o fija a partir del 1 de enero de 2021.