El Colegio de Abogados de Tucumán, a través de su Consejo Directivo, resolvió pronunciarse con relación al "conflicto entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el Ministerio Pupilar y de la Defensa", y manifestó su "gran preocupación, alarma y pesadumbre" por el intercambio de presentaciones entre las máximas autoridades de ambos órganos judiciales.

"Ya este Colegio en numerosas oportunidades se ha referido a diversas cuestiones que denotan el incuestionable deterioro institucional de la Provincia, al que el Poder Judicial no escapa, con el agravante e que siendo éste el último garante del funcionamiento acorde a derecho de las instituciones su virtual claudicación configura un supuesto de gravedad institucional de serias consecuencias", plantó el Colegio de Abogados, a través de una nota firmada por Marcelo Billone (presidente) y Carlos César Casal (vicepresidente).

Advirtieron que la organización letrada tiene la postura de la "defensa de la correcta administración de justicia", por lo que corresponde "denunciar la baja calidad institucional del accionar de los integrantes del Poder Judicial, en este caso la Corte y el Ministerio Pupilar y de la Defensa", quienes a criterio de los letrados están "envueltos en una rencilla inadmisible dentro del ámbito republicano en que se deben resolver las cuestiones administrativas suscitadas".

En ese sentido, la institución que preside Billone objetó el accionar del ministro de la Defensa, Washington Navarro Dávila, aunque también incluyó observaciones al desempeño del máximo tribunal, presidido por Claudia Sbdar, en el marco de esta polémica. 

"Es imperativo destacar que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Pupilar y de la Defensa integran el Poder Judicial con un rango indudablemente menor al de la Corte Suprema de Justicia, siendo ésta la única cabeza del Poder según lo establecen los artículos 110, 120 y 121 de la Constitución provincial y normativa concordante de la Ley Orgánica del Poder Judicial", detallaron.

"Vale este recordatorio -agregaron Billone y Casal- puesto cualquier avance de algún órgano inferior a la Corte que implique desconocer las atribuciones del supremo tribunal resulta inconstitucional, al igual que cualquier ley en la que se pretenda fundar tal accionar".

A continuación, cuestionaron a Navarro Dávila por las formas expresadas en sus escritos ante Sbdar.

"En la situación específica que se trata, todos los planteos que ha efectuado el ministerio Pupilar y de la Defensa ante la Corte tienen la innegable naturaleza de ser cuestiones de superintendencia que se encuentran bajo la exclusiva órbita de la Corte por mandato taxativo del artículo 121 de la Constitución provincial, y por ello son inadmisibles los desbordes en que ha incurrido el titular de ese Ministerio mediante manifestaciones que carecen absolutamente de estilo y de decoro, rozando la forma inaceptable del improperio y la ofensa y la descalificación personal de la presidenta de la Corte", indicaron.

Y advirtieron que "la propia Corte, lejos de ejercer las facultades y obligaciones que le corresponden según lo dispone el artículo 13, en sus incisos 1 y 4, asumiendo con firmeza el gobierno y dirección del Poder Judicial, ha entrado en una suerte de letargo de graves e imprevisibles consecuencias".

"Exhortamos a la Corte y esperamos que ello no caiga en saco roto a que ejerza sus facultades de dirección y superintendencia, recuperando plenamente el rol que como cabeza del Poder Judicial le corresponde, encarrilando adecuada planteos improcedentes y aplicando los reglamentos y sanciones pertinentes para quienes, desde adentro del Poder Judicial, incurren en excesos inadmisibles y atentan gravemente contra el sistema republicano y la credibilidad de todo el sistema judicial provincial", indicaron.

Navarro Dávila y Sbdar protagonizaron un tenso intercambio de planteos formales en los últimos días por cuestiones administrativas, en los cuales deslizaron severas acusaciones por sus desempeños.