Ahí están los colectiveros de paro, con 48 días de inacción acumulados en lo que va del año; con un terrible bloqueo del microcentro llevado a cabo el miércoles que enervó a la ciudadanía; con denuncias en la Justicia y con concesionarios y funcionarios reclamando que varias empresas van a quebrar. Pero el mundo sigue rodando al ritmo quieto y a la vez angustiante de la pandemia. Como si el demonio Belfegor -al que tan bien retrata Manuel Mujica Lainez en “El viaje de los siete demonios”- se hubiera propuesto adormecer al planeta entero. La falta de movimiento de los colectivos parece no importar demasiado y, al contrario, coincide con la necesidad del Gobierno de evitar la circulación para tratar de atenuar el impacto del coronavirus, ese otro demonio que, cual Lucifer, sacude al mundo. O la gente está asustada o está amortiguada por la emergencia sanitaria. Como sea, no se rebasa el vaso de la ira (otro demonio) frente a este drama que abarca a unos 4.000 trabajadores (entre choferes y empleados), 14 empresas y 6 millones de viajes por mes en San Miguel de Tucumán. Hoy, por las restricciones, son 1,5 millón de viajes mensuales de trabajadores esenciales. Un montón de gente.
Se les fue la mano
En lo inmediato, todos están a la espera. Los choferes pidieron disculpas -”a la ciudadanía, a los usuarios”, aclaró el dirigente César González- por el bloqueo del microcentro, luego de que Francisco Barreiro, de Emergencias Sanitarias, reclamara que se había impedido el traslado de personas con problemas de salud y que hubo que recurrir a las motos del sistema 107 para auxiliar a enfermos. “No dimos abasto”, dijo Barreiro. Los choferes reconocieron que se les había ido la mano con una medida extrema, después de siete meses de reclamar ante empresarios y gobierno que parecen adormecidos por Belfegor. Hoy están a la espera de que lleguen los $ 152 millones que debe mandar la Nación por el subsidio correspondiente a septiembre, que lleva un mes de atraso. La Provincia acaba de adelantar lo que le corresponde en subsidios de octubre, con lo que se terminó de pagar los sueldos de agosto. Eso no ha sido suficiente para que se pueda levantar el paro.
Están a la espera los empresarios, que ya reclaman en vacío que por lo menos se normalice la remisión de subsidios. También, “que se generen políticas de Estado para sostener el transporte en el interior, que está en una situación de colapso”, dice Jorge Berretta, vicepresidente de Aetat, la asociación de empresarios de transporte.
Están a la espera los funcionarios. Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la Provincia, dice que nadie de la Nación le explica por qué se demoran los subsidios federales. “Ellos reconocen que adeudan el subsidio de septiembre pero no dicen por qué. Ahora estamos próximos a la firma de un convenio para las ayudas de octubre a diciembre”, explica. ¿Cuándo se firma ese convenio? “Pronto, no se sabe”. ¿Por cuántos fondos? “Tampoco se sabe”. ¿Cuándo llegaría el subsidio adeudado? “Tal vez la próxima semana”. “Yo soy más pesimista que el más optimista de los empresarios”, añade Nieva, que anteayer estuvo con funcionarios de Transporte de la Nación discutiendo el armado de ese nuevo acuerdo.
Saeta en el agua
Acaso una explicación de la demora de los subsidios se vincula con la caótica remisión de fondos al interior en medio de la salvaje crisis económica y el parate del Estado y de la sociedad. Otras áreas padecen el atraso de dineros federales. “No tengo idea de por qué la demora. Ninguna provincia de Argentina, sacando AMBA, tiene conocimiento de la fecha exacta de depósito del monto ni de la próxima fecha”, agrega Nieva. Cuenta que el sistema Saeta de Salta, en el que los tucumanos tienen puestas sus esperanzas para el futuro del transporte de pasajeros, está atravesando una crisis desde hace meses, por el atraso de los envíos federales, que son compensados medianamente por el Estado salteño. No han llegado a paros, pero “Saeta está haciendo agua”, dijo Enrique Romero, subsecretario operativo de Tránsito de San Miguel de Tucumán. Es decir, a los tucumanos se les cae una expectativa a futuro si creen que sólo cambiando el sistema van a resolver las cosas. Ya lo había dicho Maxi Villagra, de la línea 19: el Gobierno de Tucumán va a tener que asumir que costará plata el sistema de transporte de pasajeros. También lo dijo Romero, al hacer un cálculo en LA GACETA de ayer de cuánto sería el costo operativo de aplicar el plan Saeta en Tucumán, con el actual esquema de subsidios nacionales, que se reparten de manera absolutamente distorsionada. De cada 10 pesos en fondos nacionales, 9 van para el AMBA y 1 para el resto de las provincias, remarcó. Lo mismo dice Nieva, que advierte que se debe replantear con urgencia la discusión presupuestaria para el reparto de fondos.
¿Hasta cuándo habrá que esperar? Aunque Nieva dice que “necesitamos que los trabajadores esenciales puedan subir a los colectivos”, todo indica que mientras dure la pandemia no variará demasiado esta situación, convertida en un cul-de-sac (callejón sin salida) al decir de los franceses, una situación que no lleva a ninguna parte.
Las empresas, que antes del coronavirus arrastraban una crisis terminal, a pesar de que llevan siete meses de ingresos prácticamente nulos (no hay casi venta de pasajes, por la reducción de la circulación) y de que sufren aumento de costos, no pueden entrar en concurso de acreedores porque gracias a los subsidios, aunque lleguen tarde, no caen en cesación total de pago de salarios. Tampoco las va a ejecutar por ahora la AFIP por atraso o cesación de pago de impuestos, ni iría contra ellas la obra social de UTA por falta de pago de aportes, porque de hacerlo eso significaría congelar el ingreso de los subsidios y con eso se afectaría los salarios.
Servicio zombi
Además, es muy improbable que la Municipalidad capitalina lleve a cabo la advertencia del secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza, de decretar la caducidad de las firmas, porque no hay ningún oferente a hacerse cargo de un servicio devenido zombi, una especie de muerto vivo. Hace 10 años, cuando la cooperativa de la línea 19 entró en cesación de pagos, con acuerdo con la Municipalidad y con los empleados, se trasladó la empresa a otro concesionario. ¿Quién se haría cargo ahora de concesiones caídas? Todas las líneas que operan a nivel provincial están con permisos precarios o con concesiones vencidas desde antes de la pandemia. Y en la Capital las líneas 3, 8, 11 y 18 están caducadas y con permiso precario. Tampoco les cabe la alternativa de cerrar el negocio (lock out patronal) aunque estén quebradas. O sea, la situación de colapso de la que habla Berretta es en realidad un interminable purgatorio. Un cul-de-sac.
El sindicalista González reclama una mesa de trabajo entre funcionarios nacionales y provinciales para que no cierren empresas. Pero las reuniones que se han hecho este año fueron por temas puntuales, no por el problema completo. En mayo, cuando iban unos 17 días de paro, se sancionó una ley para obligar a que los subsidios nacionales y provinciales estén destinados al pago de sueldos. Cuatro meses después, con casi 50 días de paro, no sólo no se puede aplicar esa ley, sino que ni siquiera debaten legisladores y funcionarios cómo buscar salidas al problema. El Belfegor de la pandemia los ha puesto en un sueño sin fin.