“La situación del Poder Judicial en Tucumán es grave. A 27 días de haber denunciado un magistrado (Enrique Pedicone) que un vocal de la Corte (Daniel Leiva) lo presionó, en nombre del gobernador (Juan Manzur) y del presidente de la Legislatura (Osvaldo Jaldo), para que morigere la intensidad de una causa que involucra a un legislador (Ricardo Bussi), aún no hay posiciones concretas del alto tribunal”, diagnosticó el letrado Carlos Casal, quien repara en que la Corte nada dijo, “a pesar de haberse viralizando audios de una conversación entre ambos (jueces)”.
“El vocal denunciado sigue en funciones. Y no demuestra, ya sea por prudencia, por ética o por respeto a la libertad con que debe administrarse justicia, sobre todo en causas que lo involucran, voluntad para autoexcluírse de sus funciones”, manifestó, a título personal, el vicepresidente del Colegio de Abogados.
Casal plantea que, sin ser equiparables en sus ámbitos, el episodio protagonizado por el ahora ex diputado salteño Juan Emilio Ameri es, simbólicamente, una situación que contrasta con la actual situación de la Corte y de Leiva. “Sin ser cuestiones similares, el bochornoso episodio de la sesión vitual del Congreso de la Nación, donde un parlamentario fue descubierto en actitud inapropiada con su pareja, nos muestra la gravedad de las conductas reñidas con el decoro y con las obligaciones de los funcionarios. Sin titubear, las autoridades de Diputados lo suspendieron de inmediato”, planteó. Ameri, al día siguiente, renunció a su banca.
“En Tucumán ante una situación institucionalmente mas gráve, ya que si los audios fueran ciertos se estaría ante una posible falta de independencia que destruye la esencia del Poder Judicial, no se reacciona. El silencio ensordecedor de la Corte sobre el tema es escandaloso”, cuestionó el profesional.
El dirigente de los abogados remarcó que “la prudencia dicta el necesario distanciamiento o apartamiento del funcionario acusado. El Colegio de Abogados sugiró que los involucrados tomasen licencia: el juez ya la solicitó; pero el vocal, como si nada, sigue administrando justicia, y hasta firma acordadas relacionadas al caso -cuestionó-. Es momento de exigir de nuestros representantes, y de quienes definen el curso del servicio de justicia, que actúen en función del mandato social que la ciudadanía les confirió, y no amparados a intereses partidarios, personales o sectoriales”.