En la Cámara Baja no habrá “trámite express” para el proyecto de Reforma Judicial que se apuró en aprobar el Senado en la madrugada de ayer, apenas una semana después de darle dictamen al proyecto que remitió la Casa Rosada.

La agencia estatal Télam informó que “Diputados comenzará a analizar la semana próxima en comisión” el despacho con media sanción. Y deslizó que “fuentes parlamentarias estimaron que la iniciativa tendrá un largo debate en la Cámara Baja, donde está previsto que expongan casi medio centenar de agrupaciones y asociaciones vinculadas con la justicia”. Es decir, todo cuanto no aconteció en la Cámara Alta.

Si bien la apertura al debate de la propuesta es saludable, no deja de ocultar que el oficialismo no tiene los números en Diputados para convertir en ley la iniciativa. Para mayores confirmaciones, el títular de ese cuerpo, Sergio Massa, manifestó a C5N tener “mucha confianza” en que habrá “un diálogo razonable” y dijo que espera que parte de la oposición “entienda que tenemos que meter mano (en el Poder Judicial) para darle una respuesta a la sociedad”. Léase, los números, hoy, no están. Y hasta tanto no estén, lo aprobado por la Cámara Alta no irá al recinto.


Festival de cargos

Los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal (mejor conocidos como Comodoro Py), que investigan las causas por corrupción, contrabando y narcotráfico, son fusionados con los 11 juzgados del fuero Nacional en lo Penal Económico. Pero de además de unirlos indeferenciadamente en un nuevo fuero en lo Penal Federal, duplican su número, con lo cual ascienden a 46. Los 23 nuevos juzgados serán ocupados por magistrados subrogantes hasta tanto se designe a los titulares.

Ese es uno de los dos grandes capítulos de la Reforma Judicial, que avalaron ayer 40 senadores, contra la oposición de 26. El otro sufrió una sensible modificación durante el debate. Se trata de la creación de nuevos juzgados en el interior. La cifra de los nuevos cargos es un festival.

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado expuso la evolución desmesurada de esas cifras. “El presidente Alberto Fernández creaba con su proyecto de reforma judicial 279 cargos. El oficialismo lo modificó y pasaron a ser 908, tras la negociación para conseguir los votos que necesitan en Diputados. Y minutos antes de la votación de hoy llegaron a más de 1.000 cargos”, denunció la opositora.

El diario La Nación dio cuenta de que, tras 15 minutos de negociación, el oficialismo terminó estableciendo que se crearán, en total, 1.387 cargos para los nuevos jueces, camaristas, fiscales, secretarios y empleados. Lo cual insumirá unos $ 12.000 millones. Esa cifra equivale al presupuesto de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para este año: asciende a $ 11.924 millones, para administrar una ciudad con 700.000 habitantes.

La novedad de la sesión fue la marcha atrás que debió dar el kirchnerismo con su propuesta de judicializar la opinión periodística sobre los asuntos de la Justicia. En el artículo 72, el senador Oscar Parrilli había introducido una cláusula según la cual los jueces debían “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”. Esto fue considerado una amenaza a la libertad de expresión por instituciones periodísticas como Adepa y la SIP.

“Le sacamos la palabra mediático que tanto susto les daba”, ironizó Parrilli durante la sesión. El objetivo era tirar el anzuelo para que salgan todos los grupos mediáticos y muchos políticos que son voceros de ellos”, afirmó, mientras daba marcha atrás...