La premura en abordar determinados proyectos depende en Tucumán de la cara del cliente. O al menos eso parece.

El lunes a las 8.15 de la mañana ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que lleva las firmas del gobernador, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Eduardo Garvich. Dos días después obtuvo dictamen de comisión y muy posiblemente hoy sea aprobado por la Legislatura. Se trata de una iniciativa que prevé eximir durante cinco años del pago de Impuestos sobre los Ingresos Brutos a la firma Suizo Argentina S.A.

A cambio de ese beneficio por ley, la droguería se compromete a invertir unos $ 400 millones para construir una planta de “distribución, almacenamiento y comercialización de medicamentos y perfumería”. También a generar unos 100 puestos laborales y a terminar la inversión en 12 meses en los predios que ya posee en el Parque Industrial Tucumán. Hasta aquí, a primera vista el proyecto resulta interesante para la provincia.

Sin embargo, las curiosidades saltan a la vista. La primera tiene que ver con la inexistencia de un plan sistemático del Gobierno provincial, a través de una ley, por ejemplo de fomento, para apoyar o incentivar este tipo de inversiones. Más bien parece una norma a medida, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión no es tan importante ni tampoco el emprendimiento: no se trata de una nueva fábrica que abrirá en Tucumán, sino de una suerte de depósito de grandes dimensiones con tecnología de punta y de logística. Otro dato: según algunos cálculos privados en dos años recuperará la inversión de $ 400 millones y los tres restantes “ganará” cientos de millones en ahorros por Ingresos Brutos.

La aclaración sobre el tamaño del emprendimiento va a que muchos industriales y medianos empresarios vernáculos pusieron el grito en el cielo (más bien en el silencio del cobarde anonimato) ante la noticia. Por caso, ejemplificaron que emprendimientos de empresas locales por montos mucho más elevados se hicieron sin que consiguieran ninguna ayuda estatal. En la lista suman complejos de oficinas, fábricas de alimentos y hasta inversiones de cientos de millones en ingenios azucareros, en los que el Gobierno local no otorgó “ni la luz ni el agua”, según grafica un empresario para explicar que en decenas de obras millonarias ellos mismos debieron poner la infraestructura que debería haber facilitado el Estado.

Otra particularidad. La familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, comenzó a ganar licitaciones del Estado nacional de manera más asidua apenas cambió el signo de Gobierno. Durante el macrismo resultó más bien relegada, pero ya en noviembre consiguió un contrato por $ 202.2 millones, lo que representó un 49.6% de lo ofertado. Un mes después, se hizo de otro contrato por $10.8 millones por un servicio anual que incluye el almacenamiento, la conservación y la preparación de los pedidos, así como el traslado diario desde y hasta el Banco de Drogas Especiales. En esa licitación su oferta era la más elevada de entre las presentadas por sus competidores.

Se calcula que hay unas 450 droguerías en el país, pero cuatro concentran el 70% del mercado. Al ranking lo lidera Droguería del Sud, ligada al laboratorio Roemmers, y la cuarta es la Suizo Argentina (la tercera es Barracas, propiedad de los mismos Kovalivker). En 2019 facturaron casi $ 230.000 millones en conjunto. Es un negocio muy rentable. Para la necesitada droguería que recibirá el beneficio impositivo, el año pasado la facturación fue de $ 22.800 millones.

Otro antecedente de la droguería de la familia Kovalivker: en San Luis abrió -en 2013- un centro de distribución con condiciones similares a la de Tucumán y en 2015 se declaró con complicaciones financieras y cerró una planta en Pehuajó.

Ahondando aún más, el de los laboratorios es el sector en el que mejor se mueve el gobernador y ex ministro de Salud de la Nación. De hecho, el fundador de la Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker, visitó Tucumán en su condición de escritor para presentar el último de sus libros de una trilogía erótica.

El sector también habría sido un gran aportante para las campañas de gobernador de Manzur ’y de presidente de Alberto Fernández. De hecho, el mandatario provincial ya recibió muchas veces (incluso en enclaves estratégicos de previas electorales) la visita del “gurú” de la industria farmacéutica argentina, Hugo Sigman.

El propietario del poderoso Grupo Insud tendría estrechos vínculos con Manzur de su época de ex ministro de Salud de la Nación, cuando durante la crisis de la Gripe A (2009) el Gobierno le entregó un contrato de provisión de vacunas por 10 años, que luego amplió el macrismo, para quien el empresario realizó aportes millonarios para la campaña de 2015. Se dice que Sigman fue quien ayudó a Manzur a fortalecer la candidatura de Fernández y a allanar su camino al triunfo, tejiendo diálogos con otros poderosos empresarios.

Por eso el apuro en eximir de impuestos al emprendimiento de la droguería llama la atención. ¿Se habrá estudiado en profundidad su pertinencia? ¿Por qué no hay una ley de fomento para otros emprendimientos, de capitales tucumanos, que terminan huyendo a otras provincias? ¿Se están devolviendo favores?

Seguramente, los legisladores ya tendrán bien estudiado el proyecto cuando hoy se trate en el recinto.