La Legislatura se apresta a debatir hoy en el recinto un proyecto del Gobierno para eximir del pago de Ingresos Brutos, durante cinco años, a una droguería que se compromete a invertir unos $ 400 millones en una nueva planta. A priori, toda inversión que desembarque en la provincia debe ser celebrada, y el Estado debe brindarle las herramientas que faciliten su arribo, porque implica la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos (contratistas, por ejemplo). Sin embargo, el anuncio del tratamiento en sesión de la iniciativa reaviva una vieja discusión en Tucumán: la necesidad de contar con una ley de fomento a la inversión y promoción industrial.

La polémica no es nueva. Por el contrario, este debate signó los últimos años del primer mandato de José Alperovich. Entre 2006 y 2007, el actual senador mantuvo un duro enfrentamiento con su vice, que estrenó la posibilidad constitucional de impulsar proyectos de ley con un digesto de fomento a la inversión. Luego de idas y vueltas, postergaciones y cuestionamientos cruzados, el proyecto fue aprobado en el recinto, vetado parcialmente y nunca reglamentado. Desde entonces, la discusión se reedita cada vez que el Estado impulsa normas para eximir de impuestos a determinadas empresas o actividades puntuales.

Sucedió durante el alperovichismo con los beneficios aprobados para la radicación de hoteles, de call centers y ya durante el primer mandato de Juan Manzur con las eximiciones otorgadas a la firma Arcor, específicamente para su planta en Lules. Aunque referentes opositores y empresarios locales admiten que resultan medidas beneficiosas para la economía tucumana, sí reclaman que no haya un tratamiento igualitario ni un esquema tributario provincial que garantice equidad y seguridad jurídica.

A fines de 2016, la polémica se instaló con fuerza en la Legislatura, con la aprobación del proyecto que liberó del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública a Arcor por 10 años, a partir de la puesta en marcha y sólo sobre la nueva línea de productos saludables (barras de cereal con frutos secos, turrones sin colesterol y caramelos sin azúcar) en la planta de Lules. El compromiso de la empresa fue invertir 15 millones de dólares hasta 2020.

En ese momento, una de las voces más críticas en el recinto fue la de la peronista Stella Maris Córdoba. “Esto no es una política de Estado, es de una enorme discrecionalidad”, se había quejado. Silvio Bellomío, ex legislador, también reclamó en reiteradas ocasiones por normas que brinden seguridad jurídica y, en particular, igualdad de oportunidades. “No se pueden seguir otorgando beneficios nominales, sino que se debería ir por la actividad en general. Se debe legislar sin nombre propio. En función a parámetros objetivos, y cuando ellos se cumplen aplicar automáticamente el beneficio”, consideró. Este planteo es uno de los reclamos troncales de la Federación Económica de Tucumán, que exige de manera recurrente a los gobiernos reglas claras de juego y seguridad fiscal y jurídica en el tiempo. Sin dudas, los incentivos a los capitales privados son importantes y representan una herramienta viable para mejorar las condiciones socioeconómicas de una sociedad. Sin embargo, no menos trascendente es la seguridad jurídica. Así, quienes decidan invertir en Tucumán sabrán que, en el futuro, el Gobierno no les modificará las reglas de juego.