Un abogado penalista y una sindicalista judicial elevaron una denuncia formal en contra de autoridades de los tres poderes de la Provincia que participaron de un asado y, según la presentación, violaron la cuarentena obligatoria.
El planteo está dirigido -según el orden de aparición en el texto original- en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; del gobernador, Juan Manzur; del vicegobernador, Osvaldo Jaldo; de la diputada nacional por el justicialismo Gladys del Valle Medina y el esposo de ella, el intendente de Banda del Río Salí Darío Monteros; de los jefes municipales de Las Talitas, Carlos Manuel Najar, de Tafí Viejo, Mariano Javier Noguera, de Alderetes, Aldo Salomón; de los ministros Miguel Acevedo (Interior), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) y Rossana Chahla (Salud Pública); y del vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse.
La denuncia lleva las firmas de Gustavo Morales, abogado, y de Nélida Alejandra Martínez Romero, empleada judicial y dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En su escrito, consignaron la columna publicada este sábado en LA GACETA "Fraude al Octavo Mandamiento", en la sección "Fuera de Contexto", que redacta el secretario de Redacción Federico Türpe.
Los denunciantes remarcaron el hecho de que las autoridades de los tres poderes del Estado hayan participado de una reunión en la casa de Monteros y Medina, en Banda del Río Salí, en medio de la cuarentena por el coronavirus.
"Violaron de ese modo lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia penal", indicaron Morales y Martínez en el escrito oficial.
Destacaron que "la doctrina nacional califica el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal (al que hace referencia el decreto 297/20) como de peligro abstracto; es un delito doloso, y el autor debe conocer el deber impuesto por las medidas, la situación de riesgo de pandemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto".
Los denunciantes aportaron una fotocopia del texto firmado por el columnista de LA GACETA, solicitaron que se libre oficio al Registro Inmobiliario de la Provincia "a fin de que informe sobre los inmuebles registrados a nombre" de Monteros y Medina en Banda del Río Salí, e hicieron reserva de ofrecer nuevas pruebas, entre otras medidas.
Desde el Colegio de Abogados
Marcelo Billone, presidente del colegio de Abogados de la Capital, criticó al vocal Leiva por su participación en un asado con el gobernador Manzur y con el vicegobernador Jaldo, y otros oficialistas durante la cuarentena. "El asado supone una franca violación al artículo 205 del Código Penal. Es indudable que las restricciones a las libertades impuestas por el Presidente de la Nación deben ser cumplidas por todos y que los funcionarios debieran predicar con el ejemplo", dijo Billone.