No fue sencillo esclarecer el caso del crimen de Adrián Mansilla, el joven asesinado en agosto de 2003. La presión fue la gran protagonista. La sintieron los investigadores; el testigo que contó todo para que se supiera qué había pasado con el joven; la familia de la víctima que luchaba para que el caso no quedara impune y los parientes del principal acusado que intentaban demostrar a toda costa que ellos no harían nada para que se supiera la verdad. En medio de tanto ruido, a 16 años del hecho, varios protagonistas reconocieron algunos puntos oscuros del caso.
1- Retiro forzado y un pedido especial
El comisario Marcial Escobar, un antiguo y respetado investigador de la Policía, con su equipo formado por gente con experiencia y jóvenes que luego ocuparían importantes cargos en la fuerza, fue el que dirigió la investigación que llegó a buen puerto. En cualquier parte del mundo ese equipo hubiera sido premiado y reconocido por haber sorteado todos los obstáculos de poder y presiones de todo tipo con el que se cruzaron. Pero en Tucumán todo puede pasar. Ni bien asumió José Jorge Alperovich como gobernador de la provincia, el investigador fue pasado a retiro, al igual que sus colaboradores cercanos. Otros terminaron siendo reubicados en destinos que nada tenían que ver con su especialización o llevados a puntos calientes para que directamente fracasaran en su gestión. Nunca se informó oficialmente cuáles habían sido los motivos de estas medidas.
“Llegar a la verdad me costó el retiro, no tengo dudas. No fue ilegal, pero sí extraño. Me contaron los años de cadete en la Escuela de Policía. Me jubilaron con 44 años, cuando estaba en los mejores momentos y con Luis Santana habíamos formado un gran equipo de trabajo que fue desarticulado injustamente y que tenía mucho para dar aún”, explicó Marcial.
El comisario dijo que, como titular de la Dirección General de Investigaciones, se puso a la cabeza de la investigación. “Era un caso grave, casi sin antecedentes en la provincia. Tuvimos muchas presiones como era de esperarse porque estaba involucrado el hermano de dos dirigentes políticos de peso a nivel provincial. Pese a todas las complicaciones y a una situación muy particular, salimos adelante y no sólo logramos esclarecer el caso, sino que además aportar las pruebas necesarias para que los acusados sean condenados”, comentó el comisario retirado.
¿Cuál fue la situación particular que se les presentó?, se le consultó. “Un día se presentó un importante político de Famaillá para ofrecernos un soborno. Pretendía que congeláramos la investigación, que no encontremos un culpable. Debo reconocer que ese dato no figura en el expediente, pero fue lo que pasó”, respondió Marciel.
El actual intendente de Famaillá José Orellana estalló cuando LA GACETA le consultó sobre esta situación. “Son afirmaciones totalmente falsas. En esos tiempos era legislador y cómo será que puse trabas que los que llegaron a juicio y todos terminaron condenados. Es más, no hay antecedentes de que se hayan dictado tantas prisiones perpetuas en un solo fallo. No puedo creer que sigan hablando de esto”, desmintió molesto.
2- Sobre el trabajo policial y las presiones políticas
“El trabajo que realizó la Policía en este caso fue impecable. Y tanto fue así que con todas las pruebas que recolectaron sirvieron para que todos los implicados recibieran una dura condena. Entonces, nadie puede asegurar que trabajaron mal o que el poder político influyó para que no se supiera la verdad”, explicó Manuel Pedernera, que en esos momentos se desempeñaba como ministro de Gobierno de la provincia.
El ex funcionario, que tenía a su cargo el control de la fuerza, dijo desconocer el posible intento de soborno que denunció Marcial. “Lo único que puedo decir es que siempre lo consideré como uno de los grandes investigadores que tenía la fuerza y que nunca entendí porque decidieron alejarlo del cargo. Sí quiero aclarar que eso no sucedió en la gestión de (Julio) Miranda”, destacó en una entrevista con LA GACETA.
3- Colaboración y el misterio del hallazgo dos cuerpos
Carlos Driollet, actual secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, sonrió cuando le tocó recordar su participación en el caso. En 2003, él era el jefe del Escuadrón de Gendarmería Nacional en nuestra provincia que, por pedido del ex ministro de Justicia Gustavo Véliz se sumó a la investigación. “Nunca competí con la Policía, sino que desde un primer momento les avisé que nuestra función era de colaborar. Una de las cosas que siempre me molestaron es la competencia inútil que existía entre fuerzas federales y provinciales y entre las diferentes fuerzas federales. No tenía sentido y, desde un primer momento me puse a las órdenes de la Justicia para sumarme al trabajo que venían desarrollando”, explicó.
Driollet reconoció que era un caso complicado que había conmocionado a los tucumanos por su gravedad y porque uno de los principales sospechosos era hermanos de dos importantes dirigentes políticos. “Nunca nos presionaron, porque justamente, a los únicos que debíamos responder es a los funcionarios provinciales. Por eso es común que se convoque a Gendarmes a investigar hechos tan graves”, reflexionó.
Uno de los aportes que realizó la fuerza nacional es buscar el cuerpo de Mansilla en el cementerio de Famaillá. No lo encontraron, pero sí hallaron otros dos cuerpos NN que tenían ingreso administrativos en la necrópolis municipal de esa ciudad cuyo intendente era Enrique Orellana. “Nunca supe de quiénes eran y cuáles fueron las causas de sus muertes. Comunicamos lo que habíamos encontrado y que sus ingresos no habían sido ingresados correctamente. Entregamos todo a la Justicia, pero nunca nos informaron los detalles de la investigación”, concluyó Driollet.
4- Nunca se profundizó la pista narco
La supuesta comercialización de drogas siempre sobrevoló el caso. En el expediente sólo aparecen menciones, ninguna denuncia o prueba formal. Las declaraciones de los allegados de las víctimas y de algunos testigos alimentaron las sospechas que siguen manteniéndose.
La Justicia ordinaria no tenía ni tiene competencia para investigar este tipo de ilícito. Sí debe, según las normas vigentes, enviar a la Justicia Federal un informe explicando que existe la sospecha de que podría tratarse de un caso de tráfico o comercialización de estupefacientes para que sean ellos los que decidan si deben o no iniciar una investigación. Pero nada de eso ocurrió y una posible vinculación narco nunca se investigó.
“Es cierto que se rumoreó que Mansilla no le había sustraído dinero a ‘Piki’, sino droga. Pero también se comentaba que la víctima podría haber estado relacionada sentimentalmente con el acusado, pero nunca se llegó a probarse ninguna de las dos versiones. No se olvide que esta era una causa que tenía un fuerte tinte político y podía pasar cualquier cosa”, agregó Marcial.
Sin embargo, el ex comisario sabe que Tucumán es Tucumán y todo puede pasar. “Después de varios años surgieron otros indicios de que la droga podría haber estado presente en este caso. Ahí no solo fueron versiones, hubo testimonios en contra de la familia de Orellana. Palabras que fueron confirmadas luego con operativos”, comentó en una entrevista con LA GACETA.
5- Millonario acuerdo que favoreció a los acusados
En este caso hubo un hito que marcó la causa para siempre. Fue un arreglo extrajudicial que fue fomentado, en principio por la esposa de “Piki” para que la familia Mansilla retirara la demanda civil que habían iniciado en contra de los Orellana. Le reclamaban que le pagaran una indemnización de $ 500.000 (unos U$S 167.000 en la época que hoy serían más de $ 10,5 millones). Pero negociaron y terminaron recibiendo $ 150.000 (unos U$S 50.000 que serían unos $ 3 millones) por retirar la demanda y, como dieron ese paso, como indican las normas, debieron renunciar a la querella.
“Las negociaciones fueron realizadas por Nicolás Brito, defensor de ‘Picki’ y su esposa. Hubo varios contactos entre ambas partes hasta que se llegó un acuerdo. El convenio se lo firmó en mi estudio y fueron ellos dos los que llevaron la plata en una bolsa. En esos tiempos era muchísimo dinero. No puedo decir quién aportó el efectivo porque realmente no lo sé”, aseguró Posse.
En una nota publicada por LA GACETA en septiembre de 2006, a días de que se iniciara el juicio, Ángel Mansilla, padre de la víctima rompió el silencio y contó por qué tomaron esta decisión. “Con mi familia nos habíamos endeudado muchísimo. Le debíamos plata al abogado Posse y a toda la gente que nos prestó dinero para que siguiéramos la causa. Los miembros de la familia Orellana nos hablaron y llegamos a un arreglo extrajudicial por esa suma de dinero”, dijo el hombre que era vendedor ambulante y tenía su puesto de venta al frente del local de Todo por $ 2 de “Piki”.
José Orellana volvió a mostrarse enojado cuando se le consultó sobre detalles del arreglo extrajudicial. “Líder, no tuve nada que ver con este tema. Que más me hubiera gustado que ayudar a mi hermano. Cometió un error y jamás hice nada para que fuera beneficiado. Prueba de ello es que lo terminaron condenando a cadena perpetua. Todo lo que digan ahora no sirve. Están haciendo daño con mi cuero”, insistió.
Fuentes judiciales y allegados dijeron que la familia de los caudillos políticos había celebrado el acuerdo hasta el cansancio. Los Mansilla se habían transformado en el motor de la investigación y una seria amenaza para los imputados. Al quedar fuera de escena, los acusados respiraron aliviados porque pensaban que, en caso de recibir un fallo favorable, nadie se quejaría. Pero el tiempo les demostraría que estaban equivocados.
Próxima entrega: Una fallo ejemplar, pero…