La Constitución de Tucumán y la Ley Orgánica del Poder Judicial separan de manera tajante las actividades políticas y tribunalicias.
El orden jurídico obliga a elegir una opción o, mejor dicho, veda el desarrollo de ambos quehaceres al mismo tiempo. Ello no impidió que en las últimas elecciones un funcionario del Ministerio Público de la Defensa, Roberto López (primera foto), se presentara como candidato a comisionado comunal de La Trinidad acoplado a la fórmula reelecta Juan Manzur-Osvaldo Jaldo y ganara los comicios.
El prosecretario explicó que había usado sus días de vacaciones (licencia compensatoria) durante la campaña y que su plan “A” era pedir un permiso sin goce de sueldo por cuatro años para ser comisionado. Pero al día siguiente presentó la dimisión al ministro público de la Defensa y vocal de la Junta Electoral, Washington Navarro Dávila.
Las renuncias -ya sea a la agrupación o a un cargo- han acompañado los saltos de la Justicia a la política y de la política a la Justicia. A finales de enero, el ex fiscal de Estado Daniel Leiva (segunda foto) anunció que iba a formalizar su alejamiento del PJ para asumir como vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El mismo camino seguirá, siete meses más tarde, su sucesora en la Fiscalía de Estado y próxima par en el alto tribunal, Eleonora Rodríguez Campos (se informa por separado). El camino inverso emprendió Alfredo Dato (tercera foto) en 2007: el entonces presidente de la Corte renunció a ese cuerpo para incorporarse como candidato a diputado por Tucumán del Frente para la Victoria.