BRASILIA. - El gobierno de derecha del presidente, Jair Bolsonaro, tratará de clasificar las invasiones de áreas de cultivo por parte de los movimientos de trabajadores sin tierra como algo similar al terrorismo y aplicar multas más severas, dijo ayer un funcionario del ministerio de Agricultura.
El primer incidente de invasión de tierras bajo la presidencia de Bolsonaro ocurrió en el estado norteño de Pará. El sectario de asuntos de tierras en el ministerio, Nabhan Garcia, expresó que el desafío del Gobierno está en demostrarle al Congreso que esto es algo muy cercano al terrorismo. Por ello Garcia considera necesaria la aplicación severa de la ley acompañada de mayor autonomía policial para responder a los ataques.
Los agricultores formaron una base de apoyo clave para la victoria presidencial de Bolsonaro y una lista de políticas amigables hacia ellos está en el centro de su agenda.
Garcia fundó el grupo de extrema derecha UDR que se opone a las invasiones de tierras. Su recién creada secretaría consolida poderes antes dispares sobre la reforma agraria rural y la demarcación de territorios indígenas bajo el ministerio de Agricultura.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) que está detrás de muchas de estas invasiones fue un importante partidario del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
El MST trata de tomar control de las propiedades en nombre de la justicia social y económica para distribuir de manera más equitativa la riqueza rural, pero los agricultores argumentan que esto se opone a las leyes de propiedad del país.
Grupos de observadores dicen que la Policía, a menudo bajo el dominio de poderosos terratenientes locales, a veces arremete contra los activistas sin tierra. Mientras hacía campaña en Pará el año pasado, Bolsonaro defendió fuertemente a la Policía, diciendo que dispararon y mataron a 19 activistas en un sangriento episodio en 1996 porque temían por sus vidas.
También ayer, Garcia ofreció el apoyo del Gobierno a inversionistas extranjeros interesados en comprar tierras en Brasil, una práctica prohibida que requeriría la legalización del Congreso. (Reuters)