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La interventora del Ipvdu se desliga de las presuntas anomalías de la gestión anterior

Noemí Ferrioli secundaba al ex titular de la repartición, Gustavo Durán, pero afirmó que no participaba de los procesos de adjudicación La funcionaria aseguró que solamente tenía a su cargo “la parte legal”. Dos ex empleados de la entidad permanecen detenidos.
20 Ago 2018

“Yo era subinterventora pero yo tenía la parte legal. No era la que ponía la firma, no era la que ponía la cara”. Así lo afirma la actual titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Noemí Ferrioli, cuando intenta tomar distancia de las presuntas irregularidades en la repartición durante los últimos años.

Es que, tras una investigación de este diario, la fiscala Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio para analizar una serie de supuestos ilícitos en el instituto, los cuales habrían ocurrido durante la gestión del ex interventor Gustavo Durán.

Por casi 10 años -entre 2008 y 2017-, Ferrioli fue la subinterventora: quedaba a cargo de la repartición cuando Durán estaba ausente.

Sin embargo, sostiene que su función consistía en manejar una serie de trámites legales e insiste en que no estaba involucrada en la adjudicación de viviendas ni en la de obras. Estas son dos de las tareas que habrían sido realizadas de manera irregular, según denuncias públicas y judiciales de ciudadanos, empresarios de la construcción y legisladores. “No participé en vivienda ni en esto (contratación de empresas). No participé”, dijo a este diario.

La investigación

El 12 de julio de 2017, “Panorama Tucumano” -el programa de televisión de este diario- transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. Entre otras cosas, se analizó el rol de Miguel Jiménez Augier (ex coordinador de Políticas Habitacionales) y el de Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales) en la repartición. Actualmente, ambos están detenidos por supuesto enriquecimiento ilícito.

Jiménez Augier fue despedido del Ipvdu cuando se divulgó el hecho de que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad.

Frente a las publicaciones sobre el patrimonio del ex coordinador, el gobernador Juan Manzur lo desvinculó en octubre del año pasado.

Además, el ex funcionario había asegurado a este diario que no intervenía en la adjudicación de vivienda sociales. Pero Ferrioli contó, hace semanas, que Jiménez Augier estaba a cargo de todo lo relacionado con el tema. “Él le mandaba al Área Social. Mandaba, entiendo, con nombre y apellido de la gente según la evaluación que él hacía. Todas las resoluciones de vivienda, llámese adjudicación, cancelaciones, rescisiones de vivienda, las revisaba él”, explicó la interventora.

Barrionuevo, por su parte, había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de la constructora Marán, una empresa que fue beneficiada con contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones.

Pero el año pasado se probó que los hermanos Nieva son sobrinos políticos del coordinador y, esta semana, “Panorama Tucumano” entrevistó a un albañil según el cual Barrionuevo era el verdadero dueño de la empresa y sus titulares eran meros testaferros. “Él se encargaba de toda la logística; él dirigía todo”, aseguró Alberto Flores, quien trabajó seis años para Marán. Fue despedido en diciembre de 2017 y hoy mantiene una disputa legal para cobrar la indemnización que, según afirma, le corresponde.

Un sumario

En diálogo con LA GACETA, Ferrioli insistió en lo que declaró Durán el año pasado: que hasta las publicaciones de “Panorama Tucumano” sólo había rumores sobre el vínculo de Barrionuevo con Marán.

Aclaró que la decisión de investigar correspondía al interventor y recordó que se le abrió un sumario administrativo al coordinador el día después del informe periodístico. “Sobre rumores no puedo decir que se investigue. Durán siempre dijo que eran habladurías”, manifestó Ferrioli.

Aún con Jiménez Augier y Barrionuevo detenidos, la causa judicial sigue acumulando material. Tras brindar su testimonio en “Panorama Tucumano”, Flores fue citado ante la Justicia, donde ratificó sus declaraciones y volvió a señalar a Barrionuevo como el verdadero dueño de Marán. En ese contexto, esta semana vence el plazo que tiene Giannoni para requerir la prisión preventiva de los dos imputados por enriquecimiento ilícito.