Habían transcurrido alrededor de dos horas desde el inicio de la audiencia cuando el Tribunal hizo entrar a Fernando Vázquez Carranza. El ex director de Criminalística de la provincia contó ante los jueces que un hombre se había presentado el martes en el colegio de su hija con la intención de retirarla y que la menor se había negado a irse con el desconocido. Frente a la nueva acusación por posible intimidación al testigo del juicio por el homicidio de Paulina Lebbos y posterior encubrimiento, los integrantes de la Sala III expresaron su molestia, en particular, Dante Ibáñez. Por ello, coincidieron en un mensaje público: pidieron frenar las intimidaciones.

Ibáñez, tras las declaraciones del especialista en Criminología, realizó una exhortación indirecta a quienes podrían estar “amedrentando” a testigos. “Va dirigida a la sociedad tucumana en general: por favor, no sé, no nos consta, no tengo ni idea de quiénes serán las personas que se están dedicando a amedrentar a los testigos o perjudicar a los imputados. Pero a quienes fueran, los exhorto, les pido, les imploro que, por favor, detengan esa actitud”, enfatizó en medio de la sala de los tribunales de barrio Sur.

En una nueva jornada de debate, Vázquez Carranza concretó una segunda acusación ante la Sala III. El miércoles, el ex funcionario había informado que recibió durante el fin de semana mensajes vía WhatsApp por parte del, hasta ese momento, abogado Enrique Andrada Barone, defensor del ex jefe de Policía Hugo Sánchez, uno de los imputados.

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Esas comunicaciones fueron consideradas intimidatorias y detallaron declaraciones del comisario principal, Daniel Alejandro Díaz, quien había testificado antes y había sido arrestado varios días. Según la decisión del tribunal, Díaz, quien prestaba servicios como jefe de la Dirección Criminalística Norte al momento del hallazgo del cuerpo de la víctima, el 11 de marzo de 2006, había respondido de manera evasiva o parcial a preguntas de las partes.

A pesar de las situaciones, el juez Ibáñez remarcó que “el juicio va a continuar”. “Este Tribunal va a hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance, y más. Entonces, el hecho de que se dediquen a amedrentar a testigos no va a variar en nada el desarrollo de este proceso, porque el tribunal está dispuesto a tomar todas las medidas que hagan falta para asegurar la continuidad del proceso. Que quede bien en claro que con esto no me dirijo a los imputados, sino a la sociedad en general. Porque en definitiva no sé si ese amedrentamiento beneficia o perjudica (a los acusados). La verdad, más perjudica que otra cosa”, manifestó. “A quien lo esté haciendo, si cree que le hace un favor a sus antiguos jefes, amigos o allegados, creo que en realidad están generando un grave perjuicio”, añadió. Los otros miembros de la Sala III, Carlos Caramuti (presidente) y Rafael Macoritto, adhirieron al mensaje de Ibáñez.

El representante de la querella, Emilio Mrad, hizo hincapié, sin embargo, en que las amenazas “fueron dirigidas al entonces director general de la Policía Científica y que se encuentran acreditadas por el ex abogado del imputado Sánchez”.

Vázquez Carranza rechazó ayer el ofrecimiento de ser incluido en el Programa de Protección de Testigos.