Según el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, hasta ahora no recibió “nota ni comunicación alguna del Consejo Federal ni de la Corte provincial” informándole sobre la tarea de los veedores enviados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Jiménez publicó una solicitada en la que expresa que se enteró por “trascendidos periodísticos” sobre las intenciones de revisar expedientes de algunas causas penales. “Venimos a formular esta presentación ante el Plenario del Consejo Federal para que en caso de requerir información de las dependencias del Ministerio Público se nos comunique mediante la remisión del acta respectiva en la que solicitamos se detallen conceptos, información, datos y aporte que pudiéramos facilitar para una eficiente colaboración”, señaló en la solicitada que está dirigida al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

En la última parte, el jefe de los fiscales, asegura que desde su ministerio están “dispuestos a colaborar en todo lo que el Consejo nos requiera y sin dudas una preocupación común es la de resguardar las disposiciones constitucionales”.

Idas y vueltas

El pedido de acceso a 33 expedientes para “tomar vistas y extraer fotocopias” fue hecho el 17 de noviembre a la Corte Suprema por Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos. Se planteaba analizar 19 causas penales y otros conflictos particulares de familia. La solicitud desencadenó inquietudes por la índole de algunas causas (contra el gobernador Juan Manzur (por supuesto enriquecimiento ilícito); contra el ministro público fiscal (caso Teves); contra los vocales del Tribunal de Cuentas; contra el intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga; y contra el ex fiscal de Instrucción Carlos Albaca, entre otros. Pero también hubo suspicacias por el hecho de que uno de los veedores es el abogado Juan Roberto Robles, dirigente radical y que patrocina a Roxana Teves en el caso penal en el que participan los hijos del ministro fiscal, que son abogados de la otra parte en el proceso. La otra veedora es Ana Colombres Garmendia, dirigente de Cambiemos y delegada de Derechos Humanos de la Nación.

El Colegio de Abogados objetó a los veedores -no así la veeduría- y tanto la Asociación de Magistrados como la Federación Argentina de Magistrados expresaron que la petición podía configurar una injerencia indebida en los asuntos judiciales, y bregaron por la transparencia en los recursos de fiscalización. También objetaron la solicitud los funcionarios de Derechos Humanos de 10 provincias gobernadas por el PJ y el mismo Gobierno de Tucumán.

Al final, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse, dijo que los enviados de la Nación debían dirigirse a los magistrados y solicitarles las causas. El 27 de diciembre la Corte recibió a Robles y a Colombres Garmendia y les dio un visto bueno, aunque parcial, ya que no les “prestó” el Cuerpo de Auditores, como habían solicitado. Posse distinguió los expedientes penales con juicio oral inminente o elevados a juicio, como “Lebbos”, “Brito”, “Yapura Astorga” y “Albaca”, de los restantes. “La situación de los primeros es pública. Los otros casos se tramitan en fiscalías de Instrucción y, por ende, el acceso debe ser solicitado al ministro público fiscal”. El titular de la Corte dijo que los abogados de la Nación “tienen herramientas para solicitar los procesos, pero hay que evaluar si corresponde en cada caso”.

Juan Roberto Robles dijo a LA GACETA que “más que veedores somos representantes de la preocupación del Ministerio de Justicia de la Nación que ve que ciertos estamentos de la justicia penal funcionan mal. En esta provincia todas las causas penales en las que aparecen funcionarios del Poder Ejecutivo o personas vinculadas a la obra pública están paralizadas”. “Le exigimos a Jiménez que ponga todas las causas a disposición nuestra o de la Corte Suprema para que podamos consultarlas sin dilaciones”, añadió.

En cuanto a la falta de comunicación a la que alude el ministro fiscal, el letrado consideró que la reunión que mantuvieron con los miembros de la Corte es una notificación más que válida.