La decisión del Poder Ejecutivo de otorgar ventajas tributarias a los call centers por decreto configura una falta de respeto hacia la Legislatura, y un beneficio indebido que coloca al sector de los call centers en una situación de privilegio respecto de los demás contribuyentes de Ingresos Brutos y Salud Pública. Ambas conclusiones extrajo la legisladora opositora Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) durante el período de manifestaciones generales de la sesión extraordinaria del jueves, que fue la primera de 2017. Córdoba manifestó que había exigido al gobernador Juan Manzur la derogación del decreto y lo desafió a mandar los antecedentes de la medida para que sea el Poder Legislativo quien decida si corresponde o no concederla.
“Resulta que el 28 de diciembre, mientras nosotros sesionábamos, el gobernador concedía ventajas fiscales a los call centers. Pero también resulta que días antes nosotros extendimos cuatro años más el subsidio del 25% de los sueldos de los trabajadores de estas empresas. ¿Por qué nos mandaron el proyecto del subsidio y no el de los impuestos?”, interrogó. La legisladora aseguró que la medida favorecía a empresas multinacionales poderosas: “es un decreto inconstitucional y nulo, que estoy dispuesta a judicializar porque no puedo mirar a la cara a los pequeños empresarios y decirles que paguen impuestos mientras este beneficio injusto está vigente”. Córdoba expresó que las ayudas se remontaban a 2008 y que siempre habían sido otorgadas en enero: “estoy cansada de escuchar rumores. Pido a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a los miembros de la Legislatura que digan si son dueños de call centers. No es que no puedan serlo, es que no pueden darse a sí mismos estas ventajas escandalosas”.
Contra las suspicacias
Claudio Viña (Fuerza Republicana) recordó que fue el único legislador que había votado en contra de la extensión del subsidio para el pago del personal. “Coincido con Córdoba: Manzur debe dar marcha atrás con el decreto. El Estado se ha convertido en socio de los call centers, pero sólo para contribuir a soportar los egresos (gastos), no para las ganancias”, expresó Viña.
La defensa de Manzur en el recinto corrió por cuenta de Marcelo Ditinis (FpV). “No soy ni abogado ni contador, pero sé que la ley faculta al Poder Ejecutivo a bajar las alícuotas impositivas. En todo caso, hay que cambiar la ley (que concede la facultad mencionada)”, opinó. Respecto de las suspicacias y rumores asociados a los propietarios de los call centers, el legislador oficialista afirmó que había que sacarse las dudas. “No sigamos alimentándolas”, exigió.