El Gobierno avanza en la reactivación de un proyecto de libertad domiciliaria para presos mayores de 70 años que se encuentren en situación de “vulnerabilidad social”. Incluye también a aquellos reclusos que tengan problemas de salud, así como también a las detenidas que sean madres con hijos recién nacidos y niños. Apunta a reducir el hacinamiento y ya hubo críticas, según informó Bigbangnews.com.
El programa incluye la implementación de pulseras electrónicas para los presos, pero además se desarrollará un plan de asistencia psicosocial en sus casas. Antes de cada definición particular, se evaluará si las viviendas se encuentran aptas técnicamente para que el recluso cumpla allí su condena: principalmente si cuenta con línea telefónica y señal de telefonía móvil, para poder chequear al detenido.
Sin embargo, la medida impulsada por el ministerio de Justicia ya cosechó las primeras críticas. La titular de la ONG Usina de Justicia, la filósofa Diana Cohen Agrest, rechazó la iniciativa, y la consideró peligrosa porque “viola la seguridad de la ciudadanía y también se viola lo que se debe por Justicia”.