El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, ratificó hoy en la Justicia Federal una denuncia mediante la cual informó al fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez sobre la posible comisión de delitos durante la gestión de su antecesor, Osvaldo Morelli, actual legislador del bloque oficialista Tucumán Crece.
La presunta maniobra detallada por Sánchez y por su secretario de Gobierno, Julio César Herrera, quien lo acompañó esta mañana, involucró el pago supuestamente irregular de unos $ 20 millones a la cooperativa de trabajo Miguel Lillo, en el marco del programa federal “Más Cerca”.
Según el resultado de una auditoría ordenada por Sánchez sobre los períodos 2014 y 2015, la firma en cuestión está integrada por empleados del municipio, quienes al parecer llevaron adelante los proyectos de obra con recursos del propio Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de Concepción.
La denuncia expresó que la cooperativa de trabajo Miguel Lillo contaba en su consejo administrativo con varios empleados del DEM. “Esas personas no pueden ser proveedoras del municipio, ni por sí ni por interpósita persona, de acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal, la ordenanza de Contabilidad (de Concepción) y la ley de Contabilidad de la Provincia”, detalló el escrito.