La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confirmó el llamado de atención que había aplicado a Guillermo Herrera, titular de la Fiscalía de la X Nominación de esta capital, y a la secretaria María del Carmen Reuter. En una resolución del 17 de octubre pasado, los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse rechazaron los recursos de reconsideración que habían deducido los funcionarios sancionados.

“Del contenido de las presentaciones recursivas incoadas no se desprende ningún argumento nuevo con idoneidad suficiente que justifique modificar lo resuelto oportunamente”, dijeron los jueces en la Acordada 1.076/14, que no informa por qué Antonio Estofán, el quinto vocal, se abstuvo de rubricar la resolución -tampoco había firmado la Acordada 665/14, que dispuso la sanción-. La Corte manifestó que de las constancias del expediente surgía con claridad que Herrera y Reuter habían incumplido la ley al concretar la restitución de un inmueble en enero, en una causa que no había sido declarada asunto de feria.

La Corte inició las actuaciones administrativas a instancias de Juan Roberto Robles, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical. El 30 de enero, Robles había pedido que la Justicia investigue la actuación de Herrera en la causa “Mercado, Cristian Gustavo y otros s/Usurpación de propiedad”. Según la denuncia, el funcionario constitucional había llevado adelante durante la última feria estival la restitución provisoria dispuesta por orden judicial pese a que aquella decisión estaba apelada y a que la causa estaba afectada al receso.

Herrera, por su parte, rechazó la denuncia de Robles, y explicó que había entrado de turno el 16 de enero y que en ese momento ingresó el incidente de restitución sin el expediente principal: 12 días después, procedió a cumplir la medida. La determinación del fiscal benefició a la empresa Pro Caña SRL, que reclamaba la devolución de un predio de 20 hectáreas usurpado desde marzo de 2013, según informó este diario al momento de cubrir la acción de desalojo. El llamado de atención se suma a la auditoría de seguimiento que la Corte practicó este año en la Fiscalía X como consecuencia del control interno de 2013 que había expuesto un alto nivel de mora e irregularidades. Entre las anomalías detectadas en el despacho de Herrera, los auditores subrayaron la remisión de causas a las dependencias policiales a los fines de ser ‘archivadas’ allí, incluso cuando algunas de ellas tenían como imputados a miembros de la institución policial.