El 31 de julio, Carlos Ramón Albaca dejó para siempre el sillón de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación. Si bien ahora goza de una jubilación especial por aquella magistratura -que le confiere el beneficio del 82% móvil-, su retiro del Poder Judicial lo dejó sin “blindaje” para los procesos penales ordinarios. Así, la causa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por la polémica labor de Albaca en el caso “Lebbos” avanzará sin necesidad de una investigación jurisdiccional, trámite previsto para quienes ocupan un cargo con “amparos” constitucionales.

Por eso, ya como un ciudadano común, el ex fiscal de Instrucción afronta un panorama menos favorable desde lo procesal. Ayer, el ministro fiscal de la CSJT, Edmundo Jiménez, firmó la resolución N° 32/2014, que designa “en carácter de subrogante permanente” a la fiscala de Cámara Penal de la III Nominación, Juana Prieto de Sólimo, para que se encargue de determinar si Albaca cometió delitos durante sus seis años de actuación en “Lebbos”.

En 2006

En marzo de 2006, el cuerpo de Paulina Lebbos, una estudiante universitaria, fue hallado a la vera de la ruta 341, en Tapia. El crimen de la hija del entonces secretario de la Juventud del PE, Alberto Lebbos, tuvo fuertes repercusiones políticas.

A mediados de ese año, tras el escandaloso apartamiento del caso del fiscal Alejandro Noguera (el entonces fiscal de Instrucción, hoy de Cámara, fue fotografiado saliendo de la casa del gobernador, José Alperovich), el expediente llegó a manos de Albaca.

Hasta 2013, cuando abandonó la pesquisa del homicidio (hoy la lleva el fiscal Diego López Ávila), el ex magistrado no había imputado sospechosos.

Según un sumario que finalizó este año, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Albaca habría perjudicado con su labor el avance de la causa “Lebbos”.

Ese informe fue girado al fuero penal, luego de una acordada dividida emitida por el alto tribunal provincial.

Hasta el 31 de julio pasado, cuando el ex fiscal se jubiló, este proceso estaba prácticamente paralizado. Con la resolución de ayer, Jiménez podría haberle dado un impulso, aunque la medida no significa que necesariamente se produzcan novedades en el corto plazo.

El jefe de los fiscales y ex funcionario alperovichista, en diálogo con LA GACETA, recordó que la Fiscalía de Instrucción de la III Nominación, donde recayó la causa solicitada por la Corte contra Albaca, está acéfala por la jubilación de Teresita Marnero. “(Es un despacho) que está siendo subrogado, lo cual puede afectar la investigación”, remarcó.

En principio, cuando la CSJT giró la denuncia contra Albaca, todos los fiscales de Instrucción y Correccionales se inhibieron de intervenir (algunos indicaron amistad manifiesta o que ya habían participado en alguna instancia del proceso. Por eso, Jiménez designó ayer a la fiscala de Cámara Prieto de Sólimo “a los fines de impulsar el trámite del proceso, evitando dilaciones innecesarias que lo paralicen y conservar los principios de actuación del Ministerio Público Fiscal”.

Fue una mañana agitada en las oficinas del Ministerio Público Fiscal y Pupilar de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el edificio de la sede penal de Tribunales, ubicada en avenida Sarmiento al 400, se concretó ayer una reunión entre Edmundo Jiménez y los titulares de ocho de las 10 Fiscalías de Instrucción del Centro Judicial Capital. En el encuentro, el ministro fiscal impartió directivas a los investigadores para que “realicen las acciones necesarias para ser notificados por la Policía ante la existencia de hechos de quema de cañaverales o cualquier otro atentado contra la salud pública de la Provincia”. Jiménez, en diálogo con LA GACETA, consideró que la medida tendrá un impacto positivo. “El efecto que buscamos es que no se contamine. No sólo es para disuadir: no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, esto (por la quema) es algo que ya no debe realizarse. Vamos a llegar hasta el fondo”, remarcó el ex funcionario alperovichista.

Jiménez recibió, pasado el mediodía, a los fiscales Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Washington Navarro Dávila, Adriana Reinoso Cuello, Arnoldo Suasnábar, Adriana Giannoni y Guillermo Herrera (sólo estuvo ausente María de las Mercedes Carrizo). “Además de los temas que surgen a diario, se ha instruido a los fiscales respecto a una resolución de este Ministerio Público (la N° 33/2014) para que asuman la competencia en los casos de quema de cañaverales”, relató el ministro fiscal tras el encuentro. Explicó que, si bien la competencia en delitos ambientales corresponde al fuero federal, existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un dictamen de la Procuradoría General de la Nación que atribuyen a los fiscales provinciales la potestad de actuar “cuando los efectos se producen dentro de la misma provincia”. “Vamos a pedir a todas las dependencias policiales que nos informen inmediatamente cuando ocurra un incendio o quema de cañaverales, para que procedamos a realizar el sumario correspondiente y buscar los responsables”, señaló Jiménez.

Añadió que se realizó en la reunión de ayer, además, un balance sobre el impacto del protocolo de actuación policial, aplicado desde el mes pasado. “El fiscal Guillermo Herrera, que estuvo de turno, informó en la reunión que ha recibido en tiempo las notificaciones sobre los detenidos y las comunicaciones por denuncias, y que cada requerimiento a la Policía fue respondido adecuadamente”, explicó.