El país votó por Raúl Alfonsín y sepultó la idea de la amnistía a los militares procesistas que había defendido el peronista Italo Luder. Una ola de reclamos por la revisión del pasado se expandió por la nación y sacudió a Tucumán.

El líder radical empezó a cumplir su promesa electoral el 16 de diciembre de 1983 83, anunciando la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Persomas (Conadep).

Jurídicamente adquirió vigencia con la publicación del decreto n° 15 en el Boletín Oficial del 19 de ese mes. La cuestión de los derechos humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional, señaló entonces el Gobierno alfonsinista. Reconocía a la sociedad un interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en que desaparecioeron miles de personas. 

El primer paso
fernando Riera, que venció en la elección del 30 de octubre, se acomodó al cambio de humor político y se desembarazó del legado de Luder. Tucumán había sido el escenario del Operativo Independencia, con su secuela de desapariciones y detenciones por razones políticas.

Los principales dirigentes de organismos de derechos humanos entrevistaron a Riera, a los pocos días de la aparición de la Conadep. Este drama lo conozco de cerca y haré todo los esfuerzos necesarios para que se esclarezca,les respondió a sus interlocutores, El 28 de diciembre, el Gobierno adelantó que giraría a la Legislatura un proyecto de ley, por el cual propiciaba la formación de una Comisión Bicameral que se encargaría de investigar y recibir pruebas referentes a las decisiones de jueces en torno de los derechos humanos. 

Se conoció el 10 de enero de 1984 que el texto había entrado al Senado. El proyecto precisó que la bicameral recibirá denuncias y pruebas violatorias de los derechos humanos y remitirlos a la Justicia, si de ellos están relacionados con la presunta comisión de delitos. 

Se la facultaba, además, a averiguar el destino o el paradero de la persona desaparecida, y a ubicar a los niños que fueron sustraidos de la tutela de sus padres. Se consignó que en algunos aspectos coincidía con la de la Nación. Sanjuán - ejecutor de una profunda reestructuración policial- planteó que la Justicia del Crimen (juzgados de instrucción y las cámaras respectivas), tuvo los casos concretos de de rechos humanos. Sanjuán gozaba de la confianza de Riera. 

Idas y vueltas
El Senado le dio media sanción el 18 de enero de 1984. El peronista Armando Baunaly criticó a algunos generales que vistieron indignamente el uniforme, mientras que Carlos Meschwitz (UCR) apuntó a los jefes militares que violaron tanto el espíritu de la religión como el de la Constitución.

El ex diputado nacional Antonio Guerrero (PJ), en un acto público, aseveró que a las Fuerzas Armadas se les ordenó aniquilar la subversión, pero no alzarse contra los derechos humanos.  Al llegar la ley a Diputados el 3 de febrero, los radicales adujeron que había superposiciones con la Conadep. Seríamos la República de Tucumán, ironizó Carlos Muiño. La Bicameral no se colocará al margen de la ley, previno Miguel Nazur (PJ), se incorporaron modificaciones a la ley, que pasó en revisión al Senado, que lo sancionó el 10 de febrero. 

La Bicameral se conformó con los diputados Alejandro Sangenis (PJ), Nazur y Arturo Sassi (UCR), y los senadores Baunaly y Meschwitz.

Crudas revelaciones
Por radio y televisión, se trasmitió la sesión que Diputados celebró el 21 de mayo de 1985. Sassi y Sangenis trabajaron arduamente. Un estricto sistema de seguridad y un clima de tensión enmarcaron el debate. El informe elaborado por la Bicameral historió, analizó y censuró la acción represiva. Crudos relatos de los denunciantes y los nombres de sus presintos responsables se expusieron en público.

Los casos de los periodistas Maurice Jeger (LA GACETA) y Eduardo Ramos (Noticias) fueron mencionados especialmente.

Un total de 430 expedientes se confeccionaron con los datos aportados por quienes testimoniaron ante los legisladores. El mayor caudal de denuncias se focalizó sobre Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Acdel Vilas y Antonio Arrechea, en la esfera militar, y Roberto Albornoz (en la Policía). Sassi pidió que los excesos en la represión se tipificaran como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Con menos presión, el Senado aprobó el informe del grupo intercameral, durante la sesión del 27de mayo

No se juzga ni se condena a nadie, sino que se hace una evaluación de los hechos, explicó el peronista Baunaly. A su vez, Meschwitz remarcó las limitaciones que enfrentó la comisión en su labor. En el recinto se destacó la colaboración de Alicia Noli, Liliana Vitar, Ricardo Salguero, Enrique Romero y José Vitar, entre iotros. Copia del irelevamiento fue enviado a la Conadep.