Defiende a los magistrados que el Gobierno de José Alperovich nombró discrecionalmente tras suprimir el Consejo Asesor de la Magistratura que funcionó entre 1992 y 2003. "Las designaciones de jueces y funcionarios constitucionales efectuadas por el Poder Ejecutivo consecuentes con el Decreto 24/1 -regula el regreso a los nombramientos de magistrados ajustados pura y exclusivamente a la discreción del gobernador- fueron realizadas, como todas las anteriores y posteriores, dentro del marco legal y constitucional imperante al momento en que tuvieron lugar, sin que esto pueda por sí implicar un menoscabo de la jerarquía (de los nombrados)", afirma la Asociación de Magistrados de Tucumán en un comunicado firmado por Liliana Vitar (presidenta) y Hernán Molina (secretario).
Con esta consideración, que coincide con la que sobre el mismo tema hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Estofán, la entidad rechazó la nota "A imagen y semejanza de Edmundo Jiménez" publicada por LA GACETA en la edición del 26 de febrero pasado. "Las expresiones 'emergencia institucional' y 'deterioro institucional' en la Justicia penal provocan un efecto desestabilizante, pudiendo causar preocupación en la sociedad, conceptos que no concuerdan con la labor que a diario desarrollan magistrados y funcionarios constitucionales en la resolución de innumerables conflictos, en el que las partes tienen expeditas la utilización de las vías procesales y constitucionales que garantizan un Estado democrático", postula la Asociación, que repudia el uso de términos peyorativos que suponen un agravio a la dignidad de la magistratura.