Para conocer si la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado contamina el medio ambiente habrá que esperar hasta agosto. En rigor, una vez que las muestras de agua, de suelo y de sedimentos tomadas en el predio sean retiradas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, una ingeniera química dispondrá de 30 días corridos para elevar el informe a la Justicia.
El último paso que se debía cumplir para que se avanzara con la causa se concretó durante la semana que pasó. Finalmente, y luego de haber sido intimado por la Cámara en lo Civil y Comercial Común, el Gobierno depositó los $ 11.900 que faltaban para costear el procesamiento de las muestras tomadas en el predio en el que seis municipios depositan sus desechos.
Las pericias fueron concretadas a fines del año pasado. Los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila deben resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, pero la medida fue rechazada en julio de 2008 por el extinto juez Juan José Aráoz.
La ingeniera química María Luisa Genta recogió las pruebas y las giró al laboratorio de la Estación Experimental para su análisis. En su momento, la cámara dispuso que el costo fuera afrontado en partes iguales por la federación y por el Estado provincial, como parte demandada. La federación ambientalista hizo efectivo el depósito el lunes 21 de diciembre. El Ejecutivo fue notificado de que debía asumir el pago el 18 de mayo, y lo efectivizó un mes y medio más tarde.
Antes del inicio de la feria judicial, la perito deberá retirar los estudios, tras lo cual contará con 30 días para elevar su dictamen a la Cámara en lo Civil y Comercial Común. Complementariamente, la sala tendrá que resolver un planteo de recusación en contra de Ibañez, impulsado por la federación ambientalista.