A pesar de lo expresamente dispuesto en la Constitución provincial reformada en 2006, el gobernador, José Alperovich, relativizó la posibilidad de implementar el voto electrónico en Tucumán por cuestiones económicas. El alto costo que tendría este nuevo mecanismo de sufragar se ha convertido en la excusa para diferir, sin fecha a la vista, la renovación en el modo de sufragar de los tucumanos.
"El voto electrónico es factible, y en el futuro habrá que implementarlo, pero viendo primero los costos", puntualizó el mandatario al ser consultado por las experiencias realizadas la semana pasada en Pinamar y en Mendoza, que tienen el antecedente de la concretada en 2003 en Ushuaia (ver "Un objetivo..."). Sin embargo, LA GACETA pudo confirmar que ni en Casa de Gobierno ni en la Legislatura hay estudios que permitan proyectar el monto que se debería erogar.
Con los dichos de Alperovich, toma protagonismo determinante la cuestión financiera sobre una decisión eminentemente política. La historia reciente de Tucumán marca idas y vueltas respecto de este asunto, del cual se habla ya antes de la modificación de la Carta Magna. Actualmente, sólo existe en la Legislatura un proyecto de Olijela del Valle Rivas, que insiste con esta idea. La peronista calculó que el sistema reduciría en un tercio los gastos actuales del proceso electoral (ver "La Constitución...").
Aún con la discusión centrada en lo económico, el abanico en debate es muy amplio. Antes de determinar el costo de esta propuesta hay que definir qué clase de intervención electrónica se aplicará en los comicios, ya que la oferta va desde la emisión del sufragio en una terminal de computadora o mediante tarjetas magnéticas (Registración Electrónica Directa), eliminando total o parcialmente el soporte en papel, al simple registro o conteo de las papeletas tradicionales con un código de barras o con el sistema de boleta única marcada o perforada, denominado Lectura Optica del Voto (ver "La elección...").
El experto Alejandro Prince, en su libro Consideraciones, aportes y experiencias para el voto electrónico en la Argentina, reconoció que la definición del costo es un tema controvertido y difícil de estandarizar, y que los proveedores hacen oscilar los precios según las alternativas que se implementan.
En la elección de Pinamar intervino la cooperativa Telpin, fundada por Enrique Susini en 1962 y que brinda telefonía, internet y televisión por cable en la zona. En su trabajo de 2005, Prince señaló que esa empresa presupuestaba entonces el costo de una votación electrónica entre 1,5 y 2 dólares por elector, lo que abarca la compra de las computadoras o terminales, el software, y el centro de control y transmisión de datos.
"A este monto se le debe restar el hecho de que la PC le queda al Estado tras los comicios, para ser utilizada en las escuelas o en los organismos públicos. Es posible amortizarlas y reducir el costo real a mucho menos de U$S 1 por votante, sin sumar lo que significa dotar de recursos informáticos modernos a alumnos o a empleados", planteó.
El presidente de la consultora de análisis de mercado Prince&Cooke advirtió que las cifras difieren según las experiencias. "En Brasil, en 2000, cada urna electrónica costó US$ 550, lo que determinó una inversión cercana a los U$S 100 millones, a un promedio de U$S 1 por votante. Deben agregarse otros gastos, con lo cual se pasó a una cifra cercana a los U$S 5 por elector", explicó. En Estados Unidos, el promedio llegó a U$S 10 por votante en ese año, con una gran dispersión según cada distrito.
Cálculo local
A partir de las proyecciones de Prince, el costo por elector de una votación electrónica en Tucumán podría rondar los U$S 2, en la primera y más costosa inversión (luego queda en poder del Estado la maquinaria, el software, el aprendizaje de los empleados e incluso 3.070 computadoras, una por cada mesa). Ello implicaría una erogación de $ 7,8 millones, al valor actual del dólar. Para atender la última elección provincial, en 2007, se dispusieron $ 3,5 millones.
Así, el monto sería el doble de lo que el Estado gastó en todo concepto en esa contienda habitual de papel, con urnas de cartón, boletas, sobres y varios gastos extra que ahora se podrían suprimir, como el subsidio a la impresión de un voto por elector y por partido. También se ahorraría en el pago al Correo Argentino por el despliegue y el repliegue de las urnas y los telegramas; pero otras erogaciones no se modificarán, como la seguridad, la retribución a las autoridades electorales y las horas extras.
De implementar este mecanismo, las expresiones políticas también reducirían su inversión en impresos (los partidos más importantes suelen disponer de cuatro boletas por votante).
En términos de seguridad y transparencia, se anula todo riesgo de impugnación del voto, voto cadena, robo de papeletas en el cuarto oscuro, y fraude en el escrutinio tradicional (hay que implementar fuertes controles informáticos para evitar otra clase de manipulación).
"El voto electrónico es factible, y en el futuro habrá que implementarlo, pero viendo primero los costos", puntualizó el mandatario al ser consultado por las experiencias realizadas la semana pasada en Pinamar y en Mendoza, que tienen el antecedente de la concretada en 2003 en Ushuaia (ver "Un objetivo..."). Sin embargo, LA GACETA pudo confirmar que ni en Casa de Gobierno ni en la Legislatura hay estudios que permitan proyectar el monto que se debería erogar.
Con los dichos de Alperovich, toma protagonismo determinante la cuestión financiera sobre una decisión eminentemente política. La historia reciente de Tucumán marca idas y vueltas respecto de este asunto, del cual se habla ya antes de la modificación de la Carta Magna. Actualmente, sólo existe en la Legislatura un proyecto de Olijela del Valle Rivas, que insiste con esta idea. La peronista calculó que el sistema reduciría en un tercio los gastos actuales del proceso electoral (ver "La Constitución...").
Aún con la discusión centrada en lo económico, el abanico en debate es muy amplio. Antes de determinar el costo de esta propuesta hay que definir qué clase de intervención electrónica se aplicará en los comicios, ya que la oferta va desde la emisión del sufragio en una terminal de computadora o mediante tarjetas magnéticas (Registración Electrónica Directa), eliminando total o parcialmente el soporte en papel, al simple registro o conteo de las papeletas tradicionales con un código de barras o con el sistema de boleta única marcada o perforada, denominado Lectura Optica del Voto (ver "La elección...").
El experto Alejandro Prince, en su libro Consideraciones, aportes y experiencias para el voto electrónico en la Argentina, reconoció que la definición del costo es un tema controvertido y difícil de estandarizar, y que los proveedores hacen oscilar los precios según las alternativas que se implementan.
En la elección de Pinamar intervino la cooperativa Telpin, fundada por Enrique Susini en 1962 y que brinda telefonía, internet y televisión por cable en la zona. En su trabajo de 2005, Prince señaló que esa empresa presupuestaba entonces el costo de una votación electrónica entre 1,5 y 2 dólares por elector, lo que abarca la compra de las computadoras o terminales, el software, y el centro de control y transmisión de datos.
"A este monto se le debe restar el hecho de que la PC le queda al Estado tras los comicios, para ser utilizada en las escuelas o en los organismos públicos. Es posible amortizarlas y reducir el costo real a mucho menos de U$S 1 por votante, sin sumar lo que significa dotar de recursos informáticos modernos a alumnos o a empleados", planteó.
El presidente de la consultora de análisis de mercado Prince&Cooke advirtió que las cifras difieren según las experiencias. "En Brasil, en 2000, cada urna electrónica costó US$ 550, lo que determinó una inversión cercana a los U$S 100 millones, a un promedio de U$S 1 por votante. Deben agregarse otros gastos, con lo cual se pasó a una cifra cercana a los U$S 5 por elector", explicó. En Estados Unidos, el promedio llegó a U$S 10 por votante en ese año, con una gran dispersión según cada distrito.
Cálculo local
A partir de las proyecciones de Prince, el costo por elector de una votación electrónica en Tucumán podría rondar los U$S 2, en la primera y más costosa inversión (luego queda en poder del Estado la maquinaria, el software, el aprendizaje de los empleados e incluso 3.070 computadoras, una por cada mesa). Ello implicaría una erogación de $ 7,8 millones, al valor actual del dólar. Para atender la última elección provincial, en 2007, se dispusieron $ 3,5 millones.
Así, el monto sería el doble de lo que el Estado gastó en todo concepto en esa contienda habitual de papel, con urnas de cartón, boletas, sobres y varios gastos extra que ahora se podrían suprimir, como el subsidio a la impresión de un voto por elector y por partido. También se ahorraría en el pago al Correo Argentino por el despliegue y el repliegue de las urnas y los telegramas; pero otras erogaciones no se modificarán, como la seguridad, la retribución a las autoridades electorales y las horas extras.
De implementar este mecanismo, las expresiones políticas también reducirían su inversión en impresos (los partidos más importantes suelen disponer de cuatro boletas por votante).
En términos de seguridad y transparencia, se anula todo riesgo de impugnación del voto, voto cadena, robo de papeletas en el cuarto oscuro, y fraude en el escrutinio tradicional (hay que implementar fuertes controles informáticos para evitar otra clase de manipulación).