Un comprador que pagó U$S 63.000 por una propiedad en Quilmes exigió la devolución del dinero tras notar diferencias entre el contrato y la situación real del inmueble. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido al desestimar su argumento de que el lugar aún estaba ocupado, lo que provocó que el interesado perdiera todo el monto de la seña luego de llevar el conflicto al plano judicial, donde el fallo resultó a favor del vendedor.
Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la bandaVicente Antonio Zitti denunció al propietario de un complejo comercial en Quilmes después de advertir que las condiciones de entrega del predio, donde funcionaban varios locales y oficinas ocupados por inquilinos, eran, según manifestó, diferentes de lo que se establecía en el documento firmado. No obstante, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 de Quilmes rechazó la demanda al establecer que el interesado ya conocía el estado de ocupación del edificio y que no había acreditado incumplimientos de la parte vendedora que justificaran abandonar el negocio.
El comprador denunció ante la Justicia la situación del inmueble señado
El conflicto llegó a los tribunales luego de que Zitti desistiera de la compraventa y exigiera el reintegro de la reserva. El precio pactado fue de U$S 630.000 con una primera entrega de U$S 30.000. Luego, las partes convinieron en un segundo contrato ampliar esa seña a un total de U$S 63.000. El documento identificaba varios locales y oficinas habitados por personas con distintas situaciones contractuales, y establecía que el dueño debía avanzar con las gestiones para liberar la propiedad.
La operación comenzó en junio de 2023 y Zitti completó los pagos previstos. Si bien el vendedor se había comprometido a realizar trámites para lograr la desocupación del predio, el acuerdo también contemplaba la posibilidad de escriturar antes de que todos los inquilinos se retiraran, con la condición de que el comprador pasara a cobrar los alquileres. Además, se había estipulado retener U$S 50.000 del valor total hasta que el inmueble estuviera completamente vacío.
La demanda millonaria tras desistir de la compra
En ese contexto, durante las negociaciones, Zitti sostuvo que encontró diferencias entre la información que había recibido y la situación efectiva de los locales. También cuestionó aspectos vinculados con los planos, los servicios, las deudas y los trámites municipales. Frente a estas supuestas irregularidades, intimó al propietario mediante una carta documento enviada en noviembre de 2023, en la que exigió el cumplimiento de las obligaciones acordadas. El dueño rechazó estos planteos y convocó al interesado a escriturar en dos fechas distintas, aunque la firma nunca llegó a concretarse.
El 27 de noviembre de ese mismo año, la abogada de Zitti comunicó mediante un correo electrónico que su cliente había tomado la decisión de no continuar con la compraventa y que no se presentaría en la escribanía. Ante esta respuesta, el vendedor dio por finalizada la operación y sostuvo que le correspondía quedarse con la reserva, tal como lo fijaba el contrato para los casos de desistimiento. Como réplica, Zitti inició una demanda judicial no solo para recuperar los U$S 63.000, sino también para reclamar $84.500.000 en concepto de daños y perjuicios, incluyendo daño moral, pérdida de chance y lucro cesante.
Los fundamentos de la Justicia para rechazar el reclamo
En una sentencia firmada el 17 de noviembre de 2026, el juez Fernando Ernesto Rodríguez concluyó que el comprador conocía de antemano la existencia de los ocupantes y que había aceptado la opción de escriturar antes de que estas personas abandonaran definitivamente el lugar. El magistrado explicó que el convenio contemplaba dos obligaciones distintas: por un lado, avanzar con las gestiones de desalojo y, por otro, permitir que la venta se concretara mientras todavía hubiera locatarios en el inmueble.
Asimismo, el juez consideró que no se había logrado demostrar que el estado real de la propiedad fuera sustancialmente distinto al informado por el propietario, ni que existieran incumplimientos graves que impidieran avanzar con la escritura.
Para el juzgado, el correo electrónico enviado el 27 de noviembre de 2023 por la defensa del demandante resultó una prueba determinante, ya que dejaba constancia de su decisión unilateral de abandonar el negocio. Dado que el contrato estipulaba expresamente que el cliente perdería la seña entregada si desistía por cuenta propia —mientras que el vendedor debía devolver el doble si cancelaba—, la Justicia de primera instancia rechazó la demanda, dejó los U$S 63.000 en poder del dueño y le impuso las costas del proceso judicial a Zitti.