El Gobierno de Javier Milei retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto de Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.

“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión, de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), además de representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.

A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y realizar la sesión el 25, los diputados aclararon que durante el encuentro “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

El Gobierno convocará a una sesión para el miércoles 18 de la semana que viene, antes del tratamiento del Presupuesto. Además del proyecto de Malvinas, se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires, destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.

Las diferencias por el proyecto de Malvinas y los reclamos de los aliados

Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión sin resolver en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminarlo por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos. Sin embargo, los libertarios aclararon que no los eliminarán de raíz, cosignó el portal Infobae. 

Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.

Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Si no se introducen cambios, el Título VII podría ser rechazado en el recinto, ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno.

Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, la amortización acelerada en Ganancias y el 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. La medida tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.