En medio de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, que se extendió desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada del jueves, el proyecto sobre endeudamiento familiar quedó sin tratamiento por falta de consenso entre el oficialismo y la oposición. Pese a que la iniciativa estaba prevista para el tramo final de la jornada parlamentaria, las diferencias entre los bloques derivaron en una votación ajustada para devolver el expediente a comisión, por lo que los legisladores no llegaron a debatir su contenido.
El pedido fue presentado por la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y se impuso por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. Entre los representantes tucumanos, acompañaron la moción los libertarios Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, además del radical Mariano Campero. En contra votaron Gladys Medina y Elia Fernández, del bloque Independencia, y los peronistas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros. Javier Noguera estuvo ausente.
Endeudamiento familiar: qué proponen el oficialismo y la oposición para las personas endeudadasLa falta de acuerdo dejó en suspenso dos alternativas que buscaban dar respuesta a las dificultades de las familias para afrontar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y obligaciones contraídas mediante billeteras virtuales. Mientras el oficialismo proponía reforzar la información disponible para los consumidores sin intervenir directamente en las condiciones del mercado, otros bloques planteaban un régimen de emergencia y refinanciación de deudas.
El proyecto de LLA
La propuesta de La Libertad Avanza descartaba establecer topes a las tasas de interés, refinanciaciones obligatorias o descuentos de intereses. En línea con la postura del presidente Javier Milei, quien definió el incremento del endeudamiento como “un problema entre privados”, el proyecto apuntaba a que los usuarios conocieran las condiciones de los créditos antes de contratarlos.
La iniciativa obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el costo total de la operación. El objetivo era que los consumidores pudieran conocer con precisión cuánto terminarían pagando por el dinero recibido.
Endeudamiento: 3,4 millones de personas ya son consideradas “irrecuperables”También establecía requisitos para las operaciones por internet. Los créditos digitales debían contar con autenticación reforzada y una doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. A su vez, las empresas tendrían que permitir la corrección de errores u omisiones antes de cerrar la contratación. El silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrían considerarse una aceptación.
Refinanciar las deudas
La otra alternativa, impulsada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas, proponía declarar la emergencia por 180 días y crear un régimen de refinanciación para las obligaciones que no superaran el equivalente a dos canastas básicas totales del Indec.
El esquema contemplaba una tasa de interés equivalente a la Tamar, utilizada para los plazos fijos mayoristas, más un 25% sobre el costo financiero total. Los deudores que ingresaran al régimen podrían pagar en hasta 12 cuotas, sin penalidades por cancelación anticipada. Además, cada cuota tendría un límite del 30% de los ingresos del deudor.
El preocupante nivel de endeudamiento socialLa propuesta también incluía la eliminación de los intereses punitorios para quienes ya se encontraran en mora. De esa manera, buscaba aliviar la carga financiera de los hogares con dificultades para cumplir sus obligaciones, a través de condiciones específicas para reorganizar los pagos.
Cuándo será el debate
La decisión de devolver el proyecto a comisión no implica su rechazo definitivo, sino que posterga la discusión hasta una nueva instancia parlamentaria. Allí, los bloques podrán retomar el análisis de las alternativas y buscar acuerdos sobre el alcance de las medidas.
El resultado de la votación evidenció las diferencias entre quienes consideran que la solución debe centrarse en la transparencia de las operaciones crediticias y quienes proponen mecanismos de intervención para facilitar el pago de las deudas. Por ahora, la Cámara baja no definió cuál de esos caminos podría convertirse en ley ni estableció una fecha para volver a tratar el tema en el recinto.